A más de 20 días de conocida la investigación periodística que reveló el escándalo de los falsos aportantes a las campañas electorales de Cambiemos, finalmente ayer la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, rompió el silencio hermético que venía manteniendo sobre el tema. No obstante, se limitó primero a descalificar la acusación (“es una denuncia del kirchnerismo”, dijo) y luego a evitar cualquier autocrítica. “Presentaremos todos los papeles”, prometió, sin dar explicación alguna sobre el escándalo. Sí aprovechó para intentar cambiar el eje de la discusión: propuso modificar el marco normativo que regula el financiamiento de la política.

“No hay nada que ocultar en estas denuncias que se hicieron sobre algunos aportantes –sostuvo Vidal, en una conferencia de prensa en General Villegas–. Lo que hemos hecho son dos cosas: primero, pedir una auditoría sobre esa rendición de fondos dentro del propio frente electoral y, segundo, presentarnos a la Justicia.” Esto último ya estaba obligada a hacerlo, dado que al momento son tres las causas penales que pesan sobre la gobernadora y titular de Cambiemos a nivel local, luego de que saliera a la luz el origen dudoso del financiamiento a la campaña para las elecciones legislativas del año pasado. Esos “algunos aportantes” a los que refirió Vidal son, en realidad, al menos 800 personas que, en su mayoría, se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica e integran las listas de beneficiarios de los programas sociales Ellas Hacen y Argentina Trabaja. 

Tras el informe de El Destape que reveló el caso, se abrieron tres investigaciones judiciales: la impulsada por el fiscal federal con competencia electoral Jorge Di Lello, que indaga posibles irregularidades en la recaudación de dinero para la campaña; otra que quedó a cargo del juez federal Sebastián Casanello; y una tercera que se abrió tras la denuncia presentada en los tribunales de La Plata por la senadora provincial Teresa García (Unidad Ciudadana), que señala directamente a Vidal, a su jefe de Gabinete, Federico Salvai, a María Fernanda Inza y a los intendentes Néstor Grindetti (Lanús) y Jorge Macri (Vicente López), en tanto autoridades partidarias.

Ayer Vidal no sólo intentó deslegitimar las denuncias, sino que fue más allá y buscó correr el eje: “Lo más importante es que la ley de financiamiento de partidos políticos tiene lagunas y deficiencias”, aseveró. Mientras cerca del 90 por ciento de los aportes a la última campaña del oficialismo fueron en efectivo, la mandataria reclamó “una nueva ley que contemple que los aportes sean bancarizados, así no queda ninguna duda sobre quién aportó y quién no, sobre quién firmó un recibo y quien no”.

En paralelo, la lista de aportantes truchos continúa ampliándose y la inclusión en ella de ex candidatos a intendente, concejales y consejeros escolares del PRO que denunciaron no haber contribuido con dinero en las elecciones presidenciales agita las filas del oficialismo. 

“Estos muchachos que nos vendieron humo durante tanto tiempo han demostrado ser más de lo mismo o peor. Yo los voté en 2015 pero después me di cuenta de que me había equivocado. Nunca pensé que podían llegar a esto, porque venían a ‘moralizar’ la política”, señaló Fabián Balut, empresario y ex candidato a intendente en Bahía Blanca en 2003 con el partido Recrear. Balut aparece como donante por un monto de 10 mil pesos y aseguró que siente “indignación por haber sido usado de esta forma” y por que “hayan manipulado” su identidad. “Cuando participé en política, el senador Esteban Bullrich ya nos había robado el partido en 2008, se quedó con todos los afiliados de la provincia en ese momento”, afirmó, y adelantó que está evaluando hacer una presentación judicial. “Quiero incentivar a todos los que están en este lugar incómodo a que vayan a la Justicia para que salga a la luz qué pasó y cómo fue todo, para que las próximas elecciones sean mas transparentes”, dijo. Los dichos del empresario se suman así a la catarata de testimonios que se conocieron en los últimos días sobre las irregularidades en el financiamiento de las campañas electorales de Cambiemos.