La “denuncia” de la agrupación antiderechos Ramón Carrillo sobre dos interrupciones legales del embarazo (ILE) en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe tomó ayer una trascendencia pública inusitada. Se trató de dos prácticas incluidas en el Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la ILE, firmado por el Ministerio de Salud de la Nación en 2016, de acuerdo con lo prescripto por la Corte Suprema de Justicia en su fallo FAL de marzo de 2012. El eje del reclamo fue que los embarazos que superaban las 14 semanas, lo que tampoco es ilegal, debido a que la interrupción por causales no tiene plazos. Es decir que no habría noticias, pero la disputa sobre los derechos de las mujeres está en un momento álgido. “No se entiende cuál es la noticia, sacando la utilización con intención negativa”, expresó Oraldo Llanos, director de Políticas de Género del Ministerio de Salud de la provincia. En la provincia se realizan unas 1500 interrupciones legales del embarazo por año, y –-destacó Llanos— desde hace una década vienen disminuyendo las internaciones por aborto, como así también su duración, un indicador de cuadros de menor complejidad.

Las dos ILE que se realizaron en el Iturraspe debieron hacerse con profesionales de otros centros de salud. “Se trató de dos situaciones complicadas, en el segundo trimestre, de las que no daremos ningún detalle en resguardo de la privacidad de las usuarias del sistema de salud, en las que estaban en juego la vida de las mujeres”, expresó Llanos.

El funcionario provincial lo enmarcó con claridad: “Hubo dos pedidos de ILE en el Iturraspe, eran situaciones que habían que apoyar fuertemente en todos los niveles. Una de las personas todavía está internada, sus situaciones requerían un abordaje inmediato y en red, porque eran complejas. En cambio, la otra persona pudo acceder a la interrupción, la acompañamos ahí, y al otro día ya estuvo en su casa”.

Si bien Llanos no dio detalles, la otra mujer estaba internada en el Cullen. Se trataba de dos embarazos en el segundo trimestre. El trabajo en red, para Llanos, fue determinante. “Cuando se dilata el abordaje o se obstruye el acceso a alguna persona, no sé si los sectores que se oponen a estos derechos tienen claro que la gente puede morir”, explicó Llanos sobre la urgencia de las situaciones atendidas.

Por eso, el equipo del otro hospital de Santa Fe, el Cullen, fue el que recibió a la mujer que debió continuar internada. “Era una situación más compleja que la anterior, en ese sentido, protegiendo a la persona y a la institución, se trabajó en red como se hace todos los días con todos los servicios, como traumatología o cardiología”, agregó Llanos. El funcionario subrayó que las dos usuarias del sistema de salud “están bien, agradecidas de que pudimos acompañarlas y resolver la situación”.

Para Llanos, lo más importante es “que las personas accedieron a sus derechos”. Ante la difusión realizada por la agrupación antiderechos Ramón Carrillo, Llanos destacó que “no entienden la libre elección en el marco de una garantía de derechos, que estas mujeres se están jugando la vida, no sólo el proyecto vital, en este tipo de decisiones. Son decisiones maduradas por la usuaria, acompañadas por el equipo de salud, todo como corresponde”.

Llanos subrayó que el artículo 86 del Código Penal “desde hace 100 años no pone límites de edad gestacional”. Pero sí desmintió que los embarazos hayan sido de 24 o 26 semanas, como trascendió. “Estaban de muchas menos semanas”, afirmó.

Sobre las interrupciones legales del embarazo que están documentadas en el Ministerio de Salud de la provincia, Llanos indicó que “tanto con internación como ambulatorias, hay alrededor de 1500 anuales, con una tendencia decreciente de situaciones de gravedad, eso está disminuyendo. Cuando el sistema de salud se hace cargo, hay menos internaciones y descienden los días de permanencia en los centros de salud. Eso es lo más importante, esta política de atención está dando resultado: cuanto más el estado se hace cargo, más se resuelve. Por eso, cuanto más te haces cargo, también es más barato para el sistema”.

El hospital Iturraspe de Santa Fe –donde todo el servicio de Ginecología y Obstetricia arguye ser objetor para no garantizar los derechos de las pacientes— tiene una historia: en 2007, provocaron la muerte de Ana María Acevedo, de 20 años, al negarle el tratamiento para su cáncer de maxilar por estar embarazada. El estado santafesino pidió perdón a la familia de la joven en 2015.