El juicio por el secuestro y la desaparición de Marcelo Peralta, tarefero tercerizado de Establecimiento Las Marías, culminó la etapa de testimonios con un episodio confuso: sin avisar a las partes, el Tribunal Oral Federal de Corrientes acudió a la estancia María Adela, tierra localizada en Gobernador Virasoro que su dueño y único imputado en la causa, Héctor Torres Queirel, arrendaba a la yerbatera de la familia Navajas Artaza y de donde lo secuestraron a Peralta. Allí sigue viviendo el terrateniente e interventor del pueblo durante el terrorismo de Estado. Ante el pedido de explicaciones formulado por el fiscal del debate, Flavio Ferrini, teniendo en cuenta que el mismo TOF había suspendido la inspección ocular en el sitio, los magistrados notificaron que decidieron visitar de manera “informal” el territorio, sin testigos y sin haber registrado el hecho, para ver dónde quedaba. No informaron cuándo se realizará la visita al espacio con la participación de la Fiscalía, los testigos y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos. Las audiencias retomarán el curso del debate tras la feria judicial. 

El reclamo de Ferrini dio inicio a la última audiencia del juicio, que comenzó hace dos semanas en Virasoro y continuará la segunda semana de agosto en Corrientes capital. El fiscal les pidió explicaciones a los integrantes del TOF provincial, Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni, por la visita que realizaron sin testigos, sin las partes del juicio y sin que quedara registro judicial alguno a la estancia donde sucedieron los hechos en debate y en donde aún vive Torres Queirel, que participa como imputado del juicio, en libertad.

El TOF de Corrientes se acercó a la estancia María Adela el jueves 5 de julio, dos días después de haber suspendido por razones climáticas la inspección ocular al lugar que, por funcionar como medida de prueba en el marco del juicio oral debe realizarse con un mecanismo procesal determinado, con la presencia de todas las partes que participan del debate. Nada parecido a lo que confirmó el presidente del tribunal, Alonso, que llevaron a cabo junto a los otros magistrados: un acercamiento “informal” a la estancia en calidad de “revisión geográfica” de la zona. El hecho fue criticado en el recinto por Ferrini, por los testigos y por organismos de derechos humanos locales. Por último, el fiscal reclamó a Alonso que formalmente ponga fecha para la inspección ocular que aún no tuvo lugar en el debate y que servirá para “tomar conocimiento todos de dónde está ubicado el casco de la estancia, de dónde se encontraban las personas que trabajaban, los tareferos y (hablar) con algunos testigos que nos recreen lo que pasó en aquel momento”, apuntó tras la audiencia, en diálogo con medios de comunicación locales. Este diario intentó comunicarse con Ferrini sin éxito. 

¿Por qué es importante saber todas esas cosas en relación con la estancia María Adela? A Marcelo Peralta, el único caso de violaciones a los derechos humanos que quedó en pie de la veintena que integraban el expediente que nació en 2006, lo secuestraron dentro de la estancia María Adela, tierras yerbateras que Torres Queirel arrendaba a Establecimiento Las Marías. 

Peralta era tarefero tercerizado de la megacompañía de la familia Navajas Artaza. Vivía en la estancia donde trabajaba. Como solía suceder en el rubro, por ser las jornadas de trabajo demasiado largas, algunos patrones prestaban porciones de tierra para que los tareferos armaran “conventillos”. Los “conventillos”, según definieron varios testigos en el juicio, eran galpones armados “con lo que había al alcance”, sin baño ni cocina ni calefacción ni ningún tipo de servicio. Permanecían allí para no tener que ir y venir a diario desde sus casas. Peralta, incluso, se había instalado en uno de los conventillos de María Adela durante la temporada de faena junto con su esposa, Genara Díaz, y la hija de ambos, entonces bebé. 

Genara fue una de las testigos del juicio. Fue la que contó cómo lo vinieron a buscar a su esposo, lo sacaron del conventillo la noche del 29 de junio de 1977, cuando ya estaban descansando junto a su hija. Fue la que asegura que su esposo está muerto porque después de que lo vio salir al campo oyó disparos y ya no lo vio regresar. No lo vio más. También declaró en el debate Ramón Falcón, tarefero como Peralta, que solía dormir en el otro conventillo instalado en María Adela. Contó que esa noche volvió a la estancia después de cazar, que fue entonces cuando lo confundieron con Peralta varios hombres en coches. Que lo pararon a medio camino, ya en tierras de Torres Queirel, y que le preguntaron por “Galgo”, sobrenombre de Peralta. Que le pegaron fuerte y que lo soltaron cuando “se dieron cuenta de que no era él”. 

Esos testimonios fueron los que más datos aportaron al eje del debate, pero no fueron los únicos que se escucharon. Una de las razones por las cuales el juicio de Virasoro era tan esperado por los obreros de Las Marías y por la Red de Derechos Humanos de Corrientes es porque serviría para que los testimonios que prueban el vínculo entre Las Marías y el terrorismo de Estado durante la última dictadura puedan ser oídos por jueces de la democracia, más allá de que años atrás el Poder Judicial haya salvado a Navajas Artaza de la investigación sobre su complicidad con delitos de lesa humanidad. Pues la Justicia les fue esquiva una vez más a las víctimas. 

En una semana y media declararon una docena de trabajadores de Las Marías. Todos muy mayores de edad, la mayoría de bajos recursos, muchos de ellos hasta analfabetos. “La violencia fue muy fuerte por parte del tribunal”, aseguró Hilda Presman, coordinadora de la Red  de Derechos Humanos provincial, quien presenció testimonios en los que los jueces “preguntaron sin ser claros a los obreros, no les explicaban para que ellos pudieran expresar todo lo que sufrieron”.

“Volvimos a ser víctimas nuevamente. Fuimos víctimas de una burla, eso es lo que vinieron a hacer a nuestro pueblo”, apuntó Jorge Pérez, quien en 2006 radicó la denuncia que posibilitó la apertura del expediente judicial. Su papá, Neri Pérez, dirigente de la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre) es otro de los desaparecidos de Virasoro, y uno de los casos de violaciones a los derechos humanos en el pueblo que vinculaba de lleno a Adolfo Navajas Artaza. Su secuestro y el del resto de los obreros de la yerbatera lo dejaron a Navajas Artaza al borde de la indagatoria. Pero luego el empresario fue sobreseído. 

En 2014 el expediente estaba listo para ser analizado en debate oral, con cuatro militares en el banquillo de los acusados acompañando a Torres Queirel: el interventor de la comisaría de Virasoro, Juan Carlos Sacco; el jefe de área de Curuzú Cuatiá, Llamil Reston, Duilio Martínez y Ricardo Schweizer eran acusados de los secuestros de Pérez y los otros obreros. El juicio oral demoró en llegar cuatro años. En ese tiempo, Martínez y Schweizer murieron. Sacco y Reston, en tanto, fueron apartados por razones de salud. Solo el secuestro de Peralta quedó en pie. 

Los sobrevivientes y la familia del gremialista se aferraron, entonces, a la posibilidad de testimoniar y reclamarle a la Justicia por la responsabilidad de Navajas Artaza. Pero el TOF puso límites. “A mí me pararon una vez. A otros compañeros varias veces. No dejaron que nadie se exprese sobre lo que hizo Navajas Artaza. Y a eso hay que sumarles a los gendarmes. La sala rodeada por dentro y por fuera de gendarmes que metieron miedo. Fue una vergüenza”, concluyó Pérez. El juicio continuará desde el 7 de agosto próximo con los alegatos.