Desde que se hizo cargo de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, a principios de 2016, Adolfo Villatte viene dándole impulso a las causas con una idea fija: sumar elementos objetivos en las imputaciones para que la magnitud de pruebas impida atajos en el momento de las condenas. "Con los cambios de vientos políticos, si hay un punto en que los jueces pueden ser más permeables, es en hacer más rígidas las pautas en términos de prueba, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar prueba dura", dice Villatte en una entrevista con Rosario/12, el segundo día de enero, cuando el edificio de Oroño 940 está casi vacío pero él trabaja en su oficina del segundo piso con una enorme planilla de datos. Entre las causas que tiene a su cargo está la investigación de la represión ilegal al Villazo, la movilización popular de Villa Constitución que tuvo como gran ícono a la lista Marrón de la UOM. El 20 de marzo de 1975, una columna de un kilómetro y medio de vehículos ingresó en esa ciudad del sur de la provincia, y provocó más de 120 detenciones (que fueron 300 en días subsiguientes), desapariciones y muertes. El presidente de Acindar era José Alfredo Martínez de Hoz, después ministro de Economía de la Nación. Muchos libros e investigaciones han descripto cómo ese asalto fue un ensayo del terrorismo de Estado en todo el país y de cuánto del modelo económico que implementó la dictadura cívico militar eclesiástica se talló en aquellos días. Ahora, Villatte trabaja para lograr que sea la justicia federal la que determine que la represión en Villa Constitución tuvo objetivos económicos tanto como ideológicos: formalizar un duopolio siderúrgico con uno de sus vértices en Acindar (el otro sería Siderca, de Techint, que no es objeto de esta investigación penal).
La causa fue iniciada el 26 de julio de 2013, con la presentación de las víctimas como Victorio Paulón, Zenón Sánchez, Agustín Reynaldo Luna, Cástulo Bogado, Miguel Alberto Simonovich, Luis Orlando Aliendro, Juan Actis y Roberto Justo Martínez, con el patrocinio jurídico de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a cargo de Gabriela Durruty. Más tarde, se incorporó como querellante la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, al incorporarse en el expediente que se tramita en Rosario la parte de la causa que investigaba la actuación de la Triple A en estos hechos. Villatte apunta a comprobar jurídicamente que el desguace de las pequeñas y medianas empresas siderúrgicas para fortalecer a Acindar fue parte estructurante de ese plan. Es una apuesta fuerte. El Centro de Estudios Económicos y Sociales (CELS) considera a esta causa una muestra privilegiada del accionar empresarial en la última dictadura.
‑‑¿Cómo está avanzando la causa por la represión al Villazo?
‑‑En el marco de la profundización de la investigación, se pueden distinguir distintas lógicas. La causa de Villa Constitución desde mi punto de vista es paradigmática, y no se venía trabajando con la profundidad que merecía. Hasta ahora se la venía analizando con la repetición de esta lógica de privación ilegítima de la libertad, tormentos, asesinatos, pero en realidad hay mucho más para ver ahí. Vos podés reflejar el interés económico que había en la dictadura militar misma, cómo de alguna forma lo ideológico era una excusa para la instauración del modelo económico. El objetivo de la dictadura militar fue un proceso de reorganización, pero no solamente del ser nacional como lo decían ellos mismos, sino también de reorganización de las estructuras económicas. Acindar, que tenía como presidente a Martínez de Hoz, es un ejemplo excelente. Vamos a ver si logramos demostrarlo, pero lo que queremos decir es que no es casual que fuera Acindar la que aportara el primer ministro de Economía de la dictadura militar y que quien lo reemplazara como presidente del directorio de Acindar fuera López Aufranc, que era un militar retirado, muy reconocido. López Aufranc había sido uno de los militares argentinos que tenía grado militar en Francia (está mencionado en la investigación de Marie Monique Robin "La escuela Francesa", como uno de los primeros militares argentinos formados para implementar el método de la guerra de Argelia en la Argentina).
"Se analizaba esta causa con la lógica de privación ilegítima de la libertad y la tortura, pero hay mucho más".
Otra cuestión que vemos en Acindar es la confluencia... Nosotros contamos once fuerzas distintas que confluyeron allí a producir la represión, están las tres fuerzas armadas, está gendarmería, prefectura, policía de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, Side, la Triple A, la Federal. Hay una confluencia de todo el aparato estatal para reprimir este movimiento sindical. Y otra cosa importante es que en realidad era funcional a los intereses de la burocracia sindical que representaba Lorenzo Miguel, entonces también queremos ver cuál fue el aporte de la UOM.
‑‑¿Un aporte por omisión o se podrá comprobar un aporte por acción también?
‑‑No sé si lo vamos a poder acreditar, pero podría haber sido por acción. Los directivos de Acindar decían que cualquier persona que fuera desafiliada del sindicato, ellos la iban a despedir. Lo que decidiera el sindicato en relación al trabajador, de soltarle la mano, iba a decidir lo que pasara en su vida dentro de la empresa y probablemente en su vida por fuera de su empresa. ¿Qué queremos hacer con esto? Como una hipótesis de trabajo que nos estamos planteando, es analizar otras industrias siderúrgicas que también tuvieron problemas, cuyos trabajadores también fueron objetos de la represión. Queremos ver si en otras empresas también pasó algo parecido.
‑‑¿Esta lógica de articulación entre la burocracia sindical, la empresa y las fuerzas de seguridad?
‑‑Eso, y además... cuánto. Esas empresas, Acindar, Siderca, son empresas muy poderosas. Lo que nosotros sostenemos, que está dicho en muchos libros, es que todo lo que se hizo en aquel momento fue para la consolidación del duopolio integrado por Acindar y Techint (Siderca). Uno de los factores es el factor sindical, pero otro factor que queremos analizar es el de cómo se fueron raleando las pequeñas industrias siderúrgicas.
‑‑¿Cree posible establecer responsabilidades penales en este proceso de ruptura de una lógica empresarial para pasar a otra?
‑‑Yo creo que sí... Lo que está acreditado es que Acindar proveyó los legajos del personal a la fuerza para que fueran a secuestrar a sus casas, todos los datos fueron brindados por la empresa, había un centro de detención dentro de Acindar. Ahí, lo que tenés que explicar es que eso no era por un afán ideológico, por una convicción ideológica de Acindar de que había que reprimir a esos sindicalistas que en realidad eran unos subversivos. Lo que tenemos que acreditar es que esto facilitaba el proceso productivo, que hubo una reducción del costo laboral, que también esto destrababa otros procesos... Si demostrás el poder de secuestrar y de matar, también podés facilitarte la obtención de objetivos a partir de ese temor.
‑‑De todos modos, se apunta a detectar qué pequeñas empresas fueron cerrando... Ahí hay que demostrar que hubo maniobras dolosas...
‑‑Por ejemplo, en una reunión que invitan a gente de la industria siderúrgica y que estaba Martínez de hoz, que encara a los dueños de industrias siderúrgicas Grassi. El era ministro de Economía, y les dice que tienen que vender su empresa a Acindar porque si no, se la van a sacar. Ellos responden que no la quieren vender y a partir de ahí empieza una persecución hacia Industrias Siderúgicas Grassi, que incluye el secuestro, las torturas, la formación de causas por ley 20840 y cuál es la excusa, que ellos habían comprado el banco de Hurlingham, un banco que había pertenecido al grupo Graiver, pero eran recontra de derecha, tanto que tenían un militar en el directorio. No tenían un compromiso ideológico, pero habían cometido el gran pecado de decirle que no le iban a vender su empresa a Acindar. (N de la R: El juez federal Daniel Rafecas pidió en 2015 la elevación a juicio de una causa en la que están incluidos los secuestros y torturas de los integrantes de Industrias Siderúrgicas Grassi).
‑‑¿Se puede establecer una fecha de elevación a juicio de la causa por la represión en Villa Constitución?
‑‑La causa se inicia en 2013, la verdad es que esta es una de las causas que me ocasionó algunos problemas porque era tomada como un caballito de batalla de alguna forma, y cuando yo veo la forma en que estaba investigada, instruida, me doy cuenta de que falta un montón. Qué pasa, hasta ahora la causa se venía investigando con testimoniales de algunas víctimas, no de todas las víctimas importantes. De hecho encontramos que faltaba un montón de testimoniales y con la recopilación de libros, de literatura escrita sobre el tema, de Victoria Basualdo, de Victorio Paulón, de Horacio Verbitsky, de Ernesto "Chicharra" Rodríguez, de Tito Martín, entre otros... Y ahí viene otra cuestión, creo que con los cambios de vientos políticos, los jueces pueden apuntar a hacer más rígidas las pautas en términos de prueba, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es buscar prueba dura. Prueba dura es documentación. Y empezamos a buscar documentación por todos lados. También el relevamiento que estamos haciendo del archivo de la Cámara Federal de Apelaciones, junto a la doctora Nadia Schujman, de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, todo eso apunta a obtener la mayor cantidad de prueba objetiva.
‑‑En junio del año pasado hubo un pedido de indagatoria de la querella de la APDH ¿la fiscalía también hará el suyo?
‑‑Voy a sacar un pedido de indagatoria, aunque sea chico, circunscripto, dentro de poco tiempo, pero paralelamente voy a ir llevando una investigación más profunda.
‑‑¿A quiénes pedirán que se indague?
‑‑A lo mejor entra Estela Martínez de Perón (Isabelita), hay un pedido de la Liga en ese sentido, van a estar también al jefe de personal, Roberto Pellegrini y al segundo, que están vivos, porque Arturo Acevedo, está muerto. Si estuvieran vivos Martínez de Hoz, López Aufranc, también los incluiríamos, pero hay muchos muertos. En lo que hace a responsabilidades, nos están quedando muchos de las fuerzas, los que llevaron adelante la ejecución material de la represión. Pero... hay algo que digamos también venimos pensando, es que a esta altura, habiendo transcurrido 40 años, es mejor dar cuenta de la historia grande de lo que fue Acindar. Las atribuciones de responsabilidades van a estar, tienen que estar, hay que imputar a alguien, y hay gente para imputar porque está acreditado el rol de muchas personas en estos hechos, pero lo que a mí me interesa es dar cuenta de judicialmente de un relato histórico, ponerlo en una causa judicial y no en un libro, tiene otro impacto. Para mí es el núcleo, la idea fuerza de la dictadura militar, lo estructurante era lo económico.
‑‑¿Cuándo puede estar el pedido de indagatoria?
‑‑Está bastante avanzado, nos faltan muchos legajos que queremos revisar para ver si hay felicitaciones, pedidos de reconsideración de ascensos no conseguidos en los cuales se invoque la participación en esos hechos, elementos objetivos probatorios que digan "yo participé en esos hechos", porque si no estamos imputando por una nómina de gente que revistaba en la Policía Federal en Rosario.
Nosotros nos fijamos tres pautas como filtro: que son las menciones de los testigos, las menciones en los legajos y en tercer término lo que surja de las actuaciones judiciales por la ley 20.840 (de actividades subversivas), quién firma, quién dice haber participado en las actas de procedimiento, entonces esos son filtros que de alguna forma nos van a llevar a pruebas documentales más dura. Va a tener muchos imputados, y queremos que entren los que realmente merecen entrar. Teníamos un proyecto de cerca de 250 personas, y era muy irresponsable porque no se había hecho ningún filtro de prueba objetiva. Desde que llegamos le dimos participación a un área específica del Ministerio Público Fiscal, que no se le había dado, y que tenemos que hacerlo por protocolo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI). Además, "Chicharra" Rodríguez también está trabajando con documentación en la DIPBA, del Archivo de la Memoria de la provincia de Buenos Aires.
Villatte asegura que encabeza "una fiscalía de puertas abiertas, que no elige con quién se trabaja. En este tiempo político, considero muy importante que todas las organizaciones formen parte de las causas, porque tengo la decisión de empujarlas. Todo lo que estoy haciendo es para que esto mejore en calidad y que sea lo mejor que podamos dar".
En ese objetivo, también quiere tender lazos con el mundo sindical. "Queremos dar cuenta de cómo se reprimió al movimiento obrero, y tratar de crear una conciencia distinta en el movimiento sindical en relación a los derechos humanos. Me parece que en este momento vos tenés que sumar... No podés dejar afuera de esto al movimiento sindical".
