“Ni las FF.AA. (Fuerzas Armadas) ni la sociedad civil se sienten más seguras y protegidas por la democracia con este tipo de decisión unilateral, inconsulta y monopartidista”, señalaron en un documento intelectuales y especialistas en Seguridad y Defensa nucleados en las organizaciones Grupo Convergencia XXI, Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed), y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La declaración apunta contra la reforma de las FF.AA. anunciada por el presidente Mauricio Macri en la que los militares podrán participar en situaciones de seguridad interior, prohibido por la ley de Defensa. 

“La reforma implica un cambio en el paradigma político de intervención de las FFAA así como, en algunos puntos, un exceso en las facultades de reglamentación, ya que lo hace en contra de las leyes de Defensa y de Seguridad”, apuntaron las organizaciones que contienen firmas como la de Horacio Verbitsky, Juan Tokatlian, Ileana Arduino y Marcelo Saín. “Este cambio suscita una fuerte preocupación en torno a cómo se definirán esas ‘agresiones externas’; quién y con qué criterios y alcance se definirá la intervención militar en seguridad, justificada en la necesidad de dar apoyo logístico a las fuerzas de seguridad”, plantearon en el texto difundido ayer y se preguntaron “qué es un objetivo estratégico, fundamentalmente en relación a las derivaciones que esto pudiera tener incluso en cuestiones de gestión de la conflictividad social, tarea para la cual las FF.AA. tienen prohibido intervenir y no están preparadas”.

Los especialistas apuntaron a que los planteos del presidente se chocan con la ley de Defensa y de Seguridad y que “se justifican con argumentos modernizadores, pero en realidad implican reproducir políticas de probada ineficacia, que agravaron los problemas en lugar de resolverlos y que hoy están siendo desmanteladas en muchos países”. A modo de ejemplo citaron el caso de Brasil donde “la creciente militarización de la seguridad ha dado mayor relevancia a las fuerzas armadas en la vida institucional de ese país. Las derivaciones políticas de este hecho no pueden ser menospreciadas en la región”, y advierten que “la decisión del Ejecutivo de anunciar estos cambios, en momentos en que en Brasil los militares intentan incidir en la vida nacional en todos los frentes es por demás alarmante”.

El documento, que también lleva las firmas de Carlos Acuña, Luciano Anzelini, Jorge Battaglino, Alberto Binder, Paula Canelo, Agustín Colombo Sierra, Nicolás Comini y Gastón Chillier, entre otros, destaca que “el camino elegido por el gobierno elude el debate social y político sobre un tema fundamental para la democracia argentina. Elude también cualquier debate sobre los controles parlamentarios que deben funcionar si se toma en serio que esto es una ‘verdadera reforma del sistema de defensa nacional’”, y califica la decisión de Macri de “unilateral e improvisada que, lejos de brindar mayor certeza a la ciudadanía, instala un clima de incertidumbre e implica una regresión democrática”.

Finalmente plantean que la reforma que impulsa el PEN “abre una puerta muy peligrosa a la derogación del principio de demarcación entre defensa nacional y seguridad interior, desprofesionaliza y convierte a las FF.AA. en actores de la ‘lucha contra el crimen’ y habilita una militarización de la seguridad interior que traerá consecuencias profundas para el sistema democrático. Esto no es modernizar sino retroceder”.