Mientras se prepara una multitudinaria movilización para la sesión del 8 de agosto en la que se tratará la interrupción voluntaria del embarazo, referentes del kirchnerismo y diputadas nacionales que impulsaron el proyecto en la Cámara baja alertaron ante una posible maniobra de los sectores antiderechos para embarrar la cancha y obstaculizar el debate. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto también se mostraron preocupados aunque esperaban todavía una confirmación. El temor se extendió a partir de las versiones de que la vicepresidenta Gabriela Michetti convocaría a una sesión especial para el martes o el mismo miércoles a la mañana para tratar el pedido de allanamiento a los domicilios de la senadora Cristina Fernández. “Pedimos que la semana próxima haya una sola sesión especial para tratar el aborto. No hay nada que no pueda esperar hasta después del 8 o que sea más importante que éste tema”, aseguró la Página/12 la diputada del Frente Renovador, Cecilia Moreau. “A diferencia de las reglas de juego democráticas que garantizó Emilio Monzó en Diputados, en el Senado se usaron cuestiones reglamentarias en un intento de obturar el tratamiento de la ley”, recordó la diputada Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita. El presidente provisional del Senado, Federico Pinedo está convocando a referentes de distintos bloques para reunirse en horas de la tarde y así apurar el tratamiento de la solicitud del juez Claudio Bonadio.  

A raíz del escándalo desatado por las anotaciones del ex chofer Oscar Centeno, fuentes judiciales primero difundieron que el jueves enviarían un nuevo pedido de desafuero contra la ex presidenta, solicitud que ya se había hecho en diciembre --en otra causa pero por el mismo juez-- y que había naufragado en el Senado por falta de apoyo. Horas más tarde ingresó por mesa de entradas una nota pidiendo no el desafuero sino una autorización para allanar los domicilios de CFK y sus oficinas, también protegidos por la ley de fueros. Integrantes del Senado preguntaban cuál sería la utilidad de un allanamiento anunciado públicamente con tanta anticipación y con la dirección exacta de los domicilios adónde serealizarían los operativos. La respuesta es generar un clima político que volviera a poner en el centro de la escena a la ex mandataria y, entre otras cosas, entorpecer el debate sobre la legalización del aborto. 

“El martes trataremos la solicitud del juez Bonadio para autorizar allanamiento al domicilio y oficinas de @CFKArgentina. Senadora, si ud es inocente, RENUNCIE a sus fueros e inmunidad parlamentaria y sometase a la Justicia. #CuadernosK”, tuiteó esta mañana la radical Inés Brizuela y Doria, una de las fervientes opositoras a la legalización del aborto. Tres fuentes parlamentarias afirmaron a este diario que todavía no estaba definida la fecha, como había asegurado la senadora riojana pero que por la tarde se realizaría el cónclave encabezado por Pinedo con distintos jefes de bloque para avanzar con el tema.

“Estamos viendo una jugada muy fuerte para que no haya ley. Que incluye no sólo los aprietes en todos lados, sino una movilización de guita impresionante”, aseguró Moreau, una de las diputadas impulsoras de la legalización. Entre otras cosas advierten que la sesión especial, ya sea el martes o el miércoles, podría derivar en represión hacia manifestantes kirchneristas que vayan a respaldar a la ex presidenta, lo que generaría un efecto disuasorio para las jóvenes y adolescentes que viajarán de todo el país para apoyar la ley en las afueras del Congreso. Además, señalan que el objetivo político es provocardivisiones entre los y las senadoras que apoyan la legalización, ya que varios tienen profundas diferencias sobre la figura de Cristina Fernández. Por su parte, Ferreyra señaló que serán los senadores quienes definan la cuestión pero explicó que los diputados adelantaron un pedido de sesión especial, previsto originalmente para el miércoles, para que no coincida con la sesión del Senado, incluso tratándose de una Cámara distinta.

“Es una trama que violenta todas las garantías constitucionales”, aseguró la senadora del FpV-PJ, Marilin Sacnún respecto del pedido de Bonadio. La representante de Santa Fe advirtió que “hay una cantidad  importante de antecedentes en la Cámara de Senadores de la Nación que sin sentencia firme no se puede avanzar en el desafuero porque constituiría una violación absoluta al derecho de representación popular que ejercen los legisladores”. En este contexto, será clave la actitud que adopte el jefe del interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, sin cuyo aporte difícilmente pueda lograr quórum una sesión especial            convocada para tratar la solicitud judicial.