Son 267 los funcionarios que figuran en las bases de datos de la Inspección General de Justicia con cargos en empresas privadas. Ocupan posiciones como directivos, socios, representantes en 890 firmas locales y extranjeras que están radicadas en la Ciudad de Buenos Aires. Todas las dependencias estatales aportan representantes en el relevamiento realizado por el Observatorio de las Elites Argentinas de la Universidad Nacional de San Martín y la plataforma digital Socios.Red. Los resultados preliminares de la investigación a la que accedió PáginaI12 ofrecen una nueva dimensión sobre la exposición a los conflictos de interés que atraviesan a todo el gobierno de Mauricio Macri. Existen diez funcionarios que se destacan por la cantidad de compañías en las que mantienen participaciones. El Secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, ostenta 33 presencias en firmas mientras que el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, acumula 13 puestos de autoridad en directorios corporativos. La información obtenida de los registros oficiales vigentes incluye además al Secretario de Emprendedores de Producción, Mariano Mayer, con 24 cargos en empresas. Lo sigue de cerca al Secretario de Coordinación en Desarrollo Social, Tomás Félix Elizalde, con 23 presencias. El récord lo tiene Mariano Grondona Lynch. Desde un puesto con escasa visibilidad, el abogado es vocal en el Directorio de la Administración de Parques Nacionales, registraba a junio 219 participaciones distribuidas entre 22 directorios locales y 198 sociedades extranjeras.
La novedad no es que existan funcionarios vinculados al poder económico sino la magnitud, extensión y visibilidad que adquirió el fenómeno a partir de la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. A cargo de la investigación, la socióloga Ana Castellani advierte que “el grado de exposición a los conflictos de interés es elevado y atraviesa a todo el gobierno”. La existencia de estrechos vínculos entre las elites económicas y políticas no es una práctica exclusiva del gobierno Macri: Donald Trump en Estados Unidos y Sebastián Piñera en Chile y Pedro Kuczynski en Perú estuvieron acompañados en su ingreso al gobierno por individuos directamente vinculados al ámbito empresarial que en muchos casos carecían de experiencia en el sector público. “¿Cuáles son los riesgos que acarrea la incorporación de este perfil de funcionarios directamente ligados a la elite económica? La captura de la decisión pública por parte de intereses privados”, sostiene la doctora Castellani.
A partir de la información oficial procesada por la plataforma Socios.red, el Observatorio de las Elites Argentinas del Idaes-Unsam identificó que el secretario de Emprendedores, Mariano Mayer, presenta 24 participaciones en empresas privadas: figura como autoridad en 9 firmas locales y exhibe 15 participaciones como directivo o representante en firmas extranjeras. Las firmas donde los datos de la IGJ colocan a Mayer están concentradas en la actividad agropecuaria, los desarrollos inmobiliarios y las finanzas. Entre las empresas figuran emprendimientos familiares patagónicos cuya estructura de control está atravesada por firmas radicadas en guaridas offshore estadounidenses como Arizona.
“Mayer se desvinculó de todas las compañías antes de asumir. Cómo abogado e integrante de un estudio, él era director de varias compañías por términos legales, son cargos honorarios. No obstante renunció al estudio y a todas las sociedades, directorios y representaciones legales antes de asumir. La IGJ no debe tener actualizada la base”, indicaron desde el Ministerio de Producción ante la consulta de este diario. El mismo argumento esgrimieron desde la cartera para el caso del Director de Lealtad Comercial, Marcos Nazar Anchorena, que figura en las bases de autoridades de entidades como representante de 11 empresas estadounidenses, chilenas, italianas, españolas y colombianas. “Renunció a todas las participaciones antes de asumir. No era el dueño de las empresas sino que estaba vinculado como abogado. Ninguna de las firmas presenta conflictos de interés con su cargo actual”, aseguraron en Producción.
Renunciar a la presencia en los directorios de las empresas privadas no certifica la ausencia de conflicto de intereses. De hecho, las bases de datos con las que trabajaron los investigadores refieren a las autoridades de los órganos de gobierno de las compañías y no a sus accionistas. En otras palabras, los funcionarios pueden haber renunciado al cargo de director, representante, socio pero mantener acciones en esas firmas. Los conflictos de intereses no necesariamente constituyen un delito, pero la extendida presencia de funcionarios con participaciones vigentes en empresas privadas incrementa los riesgos. El listado destacado en la investigación también incluye al secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Horacio Reyser, que está presente en 14 directorios: 11 empresas locales y 3 sociedades extranjeras. El Ministerio de Relaciones Exteriores no respondió las consultas de este medio pero la firma Estrella International Energy Services, una de las empresas extranjeras, anunció públicamente el 9 de diciembre de 2015 que Reyser había renunciado a su cargo.
Puerta giratoria
“La situación de conflicto de interés excede la dimensión pecuniaria, ya que se produce ante la existencia de cualquier tipo de interés que influya de manera indebida en el ejercicio del cargo por parte del funcionario público y que permita torcer la decisión pública en favor de un interés particular”, sostiene el informe del observatorio que depende del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Unsam. Por eso, el documento elaborado por Castellani explica que existen distintos mecanismos a través de los cuales las elites económicas buscan incidir en la decisión estatal. Uno de ellos es la llamada puerta giratoria que refiere al paso de personas por altos cargos en el sector público y privado en diversos momentos de sus trayectorias laborales. “Más allá de su encuadre jurídico como situaciones que configuran potenciales conflictos de interés, la puerta giratoria y el lobby son formas de articulación entre las elites económicas y políticas que están estrechamente asociadas a la captura de la decisión estatal, o sea a la pérdida de autonomía del Estado a la hora de formular e implementar políticas públicas”.
El primer informe elaborado por el Observatorio de las Elites Argentinas publicado dos años atrás permitió visibilizar la magnitud adquirida por esa arista: Tres de cada diez funcionarios jerárquicos reclutados por Macri ocuparon alguna vez un puesto gerencial en el sector privado. Eran 114 ejecutivos de las principales compañías y estudios de abogados del país que desembarcaron en alguno de los 367 cargos de ministro, secretario y subsecretario que dieron forma a la estructura del Estado nacional. Pero además, el informe mostraba que 53 por ciento de los funcionarios provenientes del sector privado ocupaban un puesto de alta o media gerencia antes de ser designados en sus respectivas carteras. El análisis de las trayectorias sociolaborales de los funcionarios “permite comprender mejor los objetivos del Gobierno y el contenido de sus políticas públicas, identificar cuáles son las áreas de gestión más poderosas y entender por qué, conocer quiénes son sus aliados sociales y políticos, y establecer qué sectores sociales se podrán beneficiar o perjudicar con las medidas implementadas, entre otras importantes cuestiones”, explican los investigadores del Observatorio de las Elites Argentinas.
Los investigadores trabajaron con los datos actualizados de la IGJ que depende del Ministerio de Justicia. Por eso, aunque constataron que se trata de “cargos vigentes” advierten que, en algunos casos, es probable que los funcionarios no desempeñen más esas posiciones pero que mantengan su presencia ya que las empresas no realizaron los trámites correspondientes para informar la baja o, si lo hicieron, no quedó registrado en las bases. Las bases de datos vigentes de la IGJ muestran que hasta el propio Presidente figura como “autoridad del directorio” en Minera Geometales S.A. La empresa perteneció al Grupo Socma hasta que pasó a ser parte del Grupo ODS donde el primo presidencial Angelo Calcaterra aglomeró las empresas del holding fundado por su tío Franco Macri. Y, desde el año pasado, la empresa pertenece a los dueños del Grupo Pampa Energía encabezado por Marcelo Mindlin, que pasó a controlar las firmas de Calcaterra como la constructora Iecsa, la desarrolladora inmobiliaria Creaurban, y la minera Geometales. En las bases oficiales Macri no está solo. El secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas, lo acompaña como autoridad en el directorio de la minera.
Quien sí mantiene activa la participación es el secretario de Comercio, Miguel Braun, que figura como autoridad de Pampa Cheese. En la empresa exportadora de quesos hacia Estados Unidos convive, siempre según los registros oficiales, con la dupla de vicejefes de Gabinete: Mario Quintana y Gustavo Lopetegui. Voceros de Quintana afirmaron que “unos días antes del 10 de diciembre de 2015 renunció a todos los directorios de empresas en los que participaba y como funcionario nunca tuvo ninguna participación en ninguna”. Una vez más, desvinuclarse de los directorios no implica desprenderse de las acciones en esas empresas. Quintana, mantiene, por ejemplo, una participación accionaria en Farmacity.
Ministerio SA
El documento señala, además, que el desembarco de empresarios en la estructura del Estado se extiende hacia áreas como el Ministerio de Desarrollo Social donde los supuestos beneficios asociados al “expertise” que tendrían para aportar los hombres y mujeres de negocios no constituyen un argumento válido a la hora de diseñar e implementar políticas sociales. En el ministerio conducido desde diciembre de 2015 por Carolina Stanley, ingresaron 26 funcionarios jerárquicos que figuran como autoridades de directorios o socios de empresas privadas. “Una especie de ‘Ministerio SA’”, indica el informe del Observatorio de las Elites Argentinas. Los autores destacan, entre los casos “llamativos”, al Secretario de Coordinación, Tomás Félix Elizalde, que registra 20 cargos de autoridad en empresas locales y cuatro como representante de empresas constituidas en el exterior. “Hay 3 funcionarios relacionados con el área de la gestión territorial, que son socios de una misma empresa, LCDTH SRL, dedicada al servicio de expendio de comidas y bebidas”, apunta la investigación que será publicada en las próximas semanas. En la cartera encabezada por Stanley no respondieron las consultas realizadas por este diario.
