Hace 44 años, el 24 de noviembre de 1974, la Asamblea Nacional de Francia (amplia mayoría de hombres) se paralizaba ante el discurso de una mujer que comenzaba asumiendo que hablaba como tal y producía uno de los hitos de la política francesa del siglo XX: “No podemos seguir cerrando los ojos ante los 300.000 abortos que, cada año, mutilan a las mujeres de este país, que pisotean nuestras leyes y que humillan o traumatizan a aquellas que tienen que recurrir a ellos”. La que hablaba era Simone Veil, flamante ministra de Salud que a poco de comenzar su función se había empapado de realidad y estaba definiendo la despenalización del aborto como una cuestión de salud pública. De vida o muerte. Que no pensaba dar un paso atrás. Que la situación real de las mujeres superaba y además burlaba las leyes punitivas en vigencia. Lo mismo que sigue ocurriendo en la Argentina con los abortos clandestinos que, si la ley no sale este 8 de agosto, seguirán siendo tan abortos clandestinos como siempre, con una salvedad, el tema tabú ahora llegó hasta el cuello con pañuelos, en voz alta y se apropió de las calles. La acusaron de querer provocar un nuevo Holocausto –a ella que jamás se sacó del brazo el número 78651 con que la marcó el nazismo–  y de izquierdista, a ella que venía nombrada y apoyada por el gobierno de Giscard d’Estaing. Su propuesta derivó en más estudios que abrieron paso, un año después, en 1975, a la despenalización del aborto en Francia. 

Llama la atención que en el debate argentino, medio siglo más tarde, gran parte de las intervenciones supuestamente especializadas desconocieron y falsearon datos de estas experiencias comparadas. Sobre este punto advierte el prestigioso especialista argentino Daniel Borrillo, profesor de Derecho en la Universidad Paris Nanterre/La Défense, autor de trabajos fundamentales que además reside en Francia hace casi 30 años: “¡No se dejen impresionar por lo que dice gente que se presenta como especialista y trafica su opinión personal”.

–¿Qué es lo que más le llamó la atención a lo largo de las audiencias en el Senado?

–La liviandad con la que se afirmaron cosas sin aportar información. Es llamativo que quienes fueron convocados para expresar un punto de vista científico desplegaran sus opiniones y creencias.

–Tal vez no haya a mano argumentos contundentes por fuera de la opinión personal. 

–Pero además hay mala fe. En el debate que se da estos días en la Corte Suprema de Brasil, cuando una bioquímica habla desde una organización de las llamadas pro vida, primero aclara: “Esto no lo digo como bioquímica sino como parte de tal organización”. Y cuando la representante del Colegio de Psicólogos va a argumentar sobre la depresión posparto ante un embarazo no deseado, lo hace sobre una encuesta a 27 mil mujeres. Acá es todo pareceres. 

–Dirán que lo moral no se puede separar de un tema como éste. 

–Existe una cuestión moral en torno al aborto, sólo que no es el Congreso el ámbito donde dirimirla. ¿Qué importa en este recinto lo que cada uno piense? Estamos hablando de leyes que rigen a una comunidad y que tienen que resolver problemas de acuerdo a datos concretos. La Iglesia puede pensar lo que piensa, y es muy respetable e importante su lugar en las democracias. Pero quien legisla debe dar una respuesta global. Volviendo a Brasil, me llamó la atención que en la Corte se afirmara que la penalización podría ser considerada anticonstitucional. Es la diferencia que veo con las audiencias de aquí donde se plantea el aborto en términos de filosofía moral.

–Usted habla de mentiras y de datos falsos...

–Dijeron que no bajó la tasa de mortalidad materna en países donde rige la ley. Y también escuché que el procedimiento de interrupción del embarazo es peligroso. Todas las estadísticas de Europa muestran que en el mismo año en que se aplica la ley, las muertes por aborto bajan de manera espectacular. Está probado, pero además es de sentido común. Baja porque se empieza a hacer en espacios adecuados, con control médico. Pero lo que mucha gente no sabe es que hoy el 60 por ciento de las interrupciones voluntarias del embarazo en Europa son domiciliarias ya que se recurre a la pastilla y ni siquiera se necesita la intervención del médico, basta con la entrevista previa y otra posterior con una partera. Obviamente que la salud pública no permitiría una atención domiciliaria si no fuera incluso menos riesgoso que sacarse una muela. Lo mismo con el fantasma de los costos. No es un misterio. Se sabe que el costo es de 200 euros con pastilla y 400 euros cuando es quirúrgico.

–Se dijo que los métodos no garantizan la interrupción de modo eficaz. 

–Gran mentira. Según datos oficiales, la intervención quirúrgica tiene una tasa de efectividad de un 99.7 por ciento y en el caso de la pastilla, es ligeramente menor, alrededor del 97, pero que admite, hasta la semana 12, la posibilidad de recurrir a la quirúrgica.

–También rondó el fantasma de que tras la despenalización el número de abortos aumentaría...

–Otro disparate sin fundamento. Hoy día en Francia se realizan aproximadamente 200 mil abortos frente a 800 mil nacimientos. Y es una cifra estabilizada que a partir de 2016 ha empezado a decrecer. Aborta 1 cada 5 mujeres. Pero además, la persona que decide abortar recibe obligatoriamente una gran información sobre métodos anticonceptivos disponibles. Se ha comprobado que muchísimas veces no es que la mujer no utilizaba ningún método sino que había optado por uno que no era el más efectivo para ella y ella no lo sabía.

–Simone Veil evitó hablar de la autonomía de las mujeres para no despertar la ira del patriarcado.

–Ella empieza diciendo que nadie quiere un aborto, que es una solución dolorosa pero se centra en el pero. Fue efectiva en los años 70. Hoy es un conflicto moral el hecho de que haya hombres hablando sobre los cuerpos de mujeres (de los cuerpos trans se habla poco y nada) que son los que deben soportar los 9 meses de un embarazo no deseado. ¿Con qué autoridad puedo decidir sobre esos cuerpos?

–Bueno, como se está haciendo ahora... derivando la atención ética hacia los derechos del feto.

–Es que debe pensarse desde un punto de vista jurídico. Estamos ante un conflicto de intereses entre una persona –la mujer que no quiere llevar adelante un embarazo– y el feto –persona en potencia o, como lo es para la ley argentina, una persona–. Nadie, ningún país, ni los más conservadores, ni siquiera la Iglesia, propone que una mujer que aborta tenga la misma pena que por un homicidio. Es decir, estamos todos de acuerdo en que el nivel de protección del feto o embrión no es el mismo que el del niño nacido. Por lo tanto, es de mala fe hablar de “el niño” porque sabemos que jurídicamente no está protegido de la misma manera.