La excursión de pesca del caso de las fotocopias de los cuadernos capturó ayer una nueva pieza. El ex gerente financiero de Techint, Héctor Zavaleta, se acogió al plan de imputado-colaborador, lo que significa que reconoció pagos a Roberto Baratta o su secretario. En este caso, no podrá decir que fue para la campaña electoral porque Baratta visitó Techint en 2008, cuando no había elecciones. Menos rendidoras fueron las visitas de Rudy Ulloa y el operador judicial Javier Fernández: los dos negaron los cargos en general. El Senado tratará este jueves si faculta al juez Claudio Bonadio a allanar las viviendas de la ex presidenta. En cercanías de CFK explicaron que un senador no puede renunciar a fueros ni a lo que deviene de los fueros, porque no se trata de algo individual, sino que es el Senado el titular de los fueros de todos los integrantes. Los senadores del Frente para la Victoria recuerdan que Bonadio ya allanó la casa de Río Gallegos en 2016, cuando CFK no tenía fueros y por supuesto, las fuentes relacionadas con la ex presidenta adelantaron que ella dirá, “por favor pasen”, si se fundamenta la necesidad del allanamiento y llegan los enviados del magistrado. Hoy será el turno, entre otros, del ex juez Norberto Oyarbide y del ex secretario de la Presidencia, Oscar Parrilli.

La imputación contra Techint tuvo un devenir llamativo. Por de pronto, ni el diario La Nación ni el fiscal ni el juez mencionaron de entrada al coloso empresarial. El sitio Infobae reprodujo el sábado que en las fotocopias de los cuadernos figuran nueve visitas de Baratta al edificio de la calle Della Paollera, sede de Techint. No hay cifras, sólo la afirmación del chofer-escribano de que se movió dinero: “ganancias”, “dividendos”. 

Más protección todavía hubo a favor del zar de Techint, el hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca. No se entiende cómo no fue detenido el número uno de la compañía siendo que quien pagó, supuestamente, era sólo el director financiero. Hubiera sido un escándalo internacional, con repercusión en los mercados, por lo tanto se ve que los informes del chofer fueron considerados exiguos para la detención.

Lo cierto es que el ex número dos de Techint, Zavaleta, estuvo 24 horas preso y ayer a la tarde ya tomó el té en su casa. Seguro que no dijo que pusieron plata para una campaña electoral, porque no hubo elecciones en 2008, cuando supuestamente entregó dinero. Habrá que leer entonces su confesión. Hasta ahora, los empresarios macristas compraron su pasaje a casa arrepintiéndose de nada: dijeron que fueron extorsionados para poner plata para la campaña.

Según explican profesores de la Facultad de Derecho, el delito de cohecho consiste en que se entrega dinero a un funcionario público a cambio de un beneficio. Por ejemplo, para ganar una licitación o facturar con sobreprecios. En cambio , no es un cohecho el pagar porque lo presionan para que aporte a una campaña electoral. Como sea, lo cierto es que los empresarios macristas volvieron a sus hogares gracias a que dijeron que no coimearon sino que fueron víctimas de un delito. 

Ayer también se fue a su casa Rudy Ulloa, hombre de confianza de Néstor Kirchner, que figura borrosamente en los cuadernos. En las 26 páginas del escrito de imputación Ulloa consiguió la doble entrada: aparece entre los que recibieron plata, sin especificar, y entre los que entregaron dinero, también sin especificar. Ulloa rechazó todos los cargos y se negó a declarar por consejo de su abogado, Adrián Tenca. Dijo que va a hablar cuando conozca algo de los 50 cuerpos que ya tiene la causa. 

El otro que no pasó sofocones fue el operador judicial y auditor Javier Fernández, considerado uno de los monjes negros de Comodoro Py, aliado de la ex SIDE y de Jaime Stiuso. El hombre también negó todos los cargos, dijo que nunca vio ni entregó bolsos con dinero y que no conoce a los empresarios imputados.  

Hoy será el turno de otros cuatro imputados, aunque dos son muy notorios: Oscar Parrilli y Norberto Oyarbide. Este último estuvo en un restaurante –según la acusación– con De Vido y en dos oportunidades con el secretario de Baratta. Y también le imputan haber recibido dinero en su casa y en el juzgado.

Al mediodía le tocará a Parrilli, citado muy al pasar por Centeno. El chofer memorioso dice que una vez fue a un “búnker” de la calle Scalabrini Ortiz, en 2008, y le entregó una bolsita con dinero.  Parece difícil que Parrilli acepte declarar ante un juez al que recusó, medida que está pendiente de resolución. El ex secretario acusó hace un año al juez  y pidió su juicio político, de manera que debería estar excluido de juzgarlo. 

La excusión de pesca continúa en los próximos días, con puntos altos el viernes, Julio De Vido, y sobre todo el lunes, Cristina Kirchner. 

El grosero favoritismo a los empresarios macristas le hizo perder credibilidad al expediente, pero habrá que ver si aparece alguna prueba sólida, más referida al dinero en sí mismo: cuentas, sociedades, propiedades. Porque debe recordarse que la acusación es que se constituyó una asociación ilícita para enriquecerse ilegalmente.