“Este es el momento para que los cineastas y las entidades demos la pelea juntos para exigir que la Ley de Cine se cumpla, que los comités funcionen, que se otorguen créditos, que se actualice el costo medio, que se abran nuevas convocatorias, que nuestro cine pueda salir de la parálisis más grave que recuerdo desde el regreso de la democracia, con sus cineastas, actores y técnicos preguntándose cómo seguir, con muchas de las pymes del cine en una situación terminal”. Las palabras de Lucía Puenzo, en ocasión de la celebración del 60 aniversario de la creación de la asociación Directores Argentinos Cinematográficos (DAC), apenas unos días atrás, todavía siguen resonando hoy, cuando en las salas de todo el país se disputan el favor del público dos de los títulos más taquilleros del cine nacional del año: El amor menos pensado, con la dupla Darín-Morán, y El Angel, crónica de Luis Ortega sobre el “chacal” Carlos Robledo Puch. Dos éxitos de taquilla, que pueden llegar a ser los únicos. 

Integrante del Proyecto Cine Independiente (PCI), la directora de Wakolda advirtió frente a un auditorio repleto de colegas, actores y periodistas que, como el país, el cine argentino también está atravesando una crisis. 

La producción de películas, que en los últimos años venía experimentando un crecimiento sostenido, corre el riesgo de menguar y pauperizarse, y ya empiezan a notarse los síntomas del declive. En lo que va del año, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), responsable del fomento a la actividad, suspendió la entrega de créditos (mientras se propone bancarizarlos) y realizó una serie de modificaciones a sus normativas de manera tal que, en lugar de hacerlas más amplias e inclusivas, se convirtieron para una mayoría de pequeños y medianos productores en una barrera cada vez más difícil de superar. Existen además sospechas de subejecución presupuestaria y se advierte una concentración de los recursos en manos de muy pocas productoras, en perjuicio del resto. Frente a eso, algunas entidades pidieron la apertura de los libros contables del organismo para que el Consejo Asesor y una comisión especial de realizadores y productores puedan auditarlos. Un gran número de asociaciones de directores, productores y técnicos vienen advirtiendo que el sector vive “un estado de parálisis” que estaría dañando a todos los eslabones de la cadena productiva. 

Ante semejante panorama, muchos cineastas se preguntan cómo hacer para seguir filmando con cada vez menos dinero, más inflación y menos tiempo para el rodaje de sus películas. Los productores estudian cómo tener cierta previsibilidad financiera para encarar nuevos proyectos sin endeudarse ni quebrar en el intento. Y los técnicos pensarán probablemente en cómo hacer para seguir ganándose la vida ejerciendo algún oficio dentro de la industria. Pese a todo, los estándares técnicos, la calidad artística y la variedad temática del cine argentino siguen vigentes, tal como lo demuestra la activa participación de un número significativo de realizadores en los principales festivales internacionales como Berlín, Cannes, Karlovy Vary, Locarno, Venecia, Toronto y San Sebastián.

Las cifras publicadas por el Incaa en su página web indican que 2015 fue un año re?cord en la taquilla, con 52.125.925 espectadores de los cuales 7.553.166 vieron algunos de los 182 títulos argentinos estrenados, mientras que el Incaa entregaba 375.732.121 pesos en subsidios y 114.865.294 en créditos. En 2016 las películas locales tuvieron 7.326.840 espectadores, un 2,55 por ciento menos, mientras se estrenaban 199 títulos locales, se entregaban subsidios por 482.180.801 pesos y cre?ditos por 362.125.455. En 2017, los espectadores para el cine nacional fueron 6.502.811, un 11,49 por ciento menos, mientras se estrenaban 220 producciones y coproducciones nacionales. Aunque no figuran los montos, el año pasado el Incaa entregó 107 cre?ditos y 322 subsidios. Las cifras oficiales muestran un marcado retroceso en la taquilla y un crecimiento en el número de obras estrenadas y en los montos entregados para el fomento a la producción. Pero los cineastas y productores dicen otra cosa.

Según reveló Puenzo, durante la última reunión del Consejo Asesor “esta gestión reconoció una brutal subejecución de los fondos para el fomento cinematográfico: 401 millones de pesos en 2017, que se suman a los 420 millones de 2016. A su vez, también reconoció que tienen 756 millones del fomento cinematográfico en un plazo fijo. Para que quede claro: el dinero del fondo cinematográfico que por ley debe ser usado para producir cine fue desviado hacia inversiones bancarias, mientras la producción cinematográfica sufre el recorte de subsidios y créditos, se nombran comités a cuentagotas paralizando a la industria y no se abren nuevas convocatorias ni se actualiza el costo medio. Es insostenible el discurso oficial que asegura que todo está en orden e insiste en sus cifras récord. Sabemos que no es así: hay que analizar de qué plan de fomento son los poquísimos proyectos que están saliendo a filmar. La gran mayoría son de años y gestiones anteriores”. 

Para Francisco Márquez, codirector de La larga noche de Francisco Sanctis y miembro de la asociación Colectivo de Cineastas, “el panorama es muy complejo, porque tiende a la parálisis y a la concentración. Si uno analiza los números, te das cuenta que hay parálisis para muchos y para otros pocos no. Las autoridades subejecutan el presupuesto y ponen trabas administrativas. Todo el tiempo cambian las reglas del juego. En busca de una supuesta transparencia lo único que logran es parar los expedientes. El nuevo Plan de Fomento tiende a concentrar cada vez más la producción en pocas manos. Ponen palos en la rueda para que cada vez sea más difícil acceder al fomento”. 

“Hay tres productoras que cobraron 50 millones de pesos en subsidios. Mientras tanto, hay cantidad de películas a las que no se les dan los subsidios que tienen por cobrar. No se nombran comités de evaluación y no llaman a convocatorias, alegando que no hay plata. Pareciera que sólo hay para algunos”, advierte Benjamín Naishtat, quien competirá en el próximo Festival de San Sebastián con Rojo, un inquietante policial protagonizado por Darío Grandinetti y ambientado en la Argentina tenebrosa de 1975. “Más que una evolución parece una involución. El Plan de Fomento que supuestamente está en vigor no está funcionando. El Incaa está en una especie de parálisis total, una suerte de congelamiento en la producción. El viejo esquema de cine industrial ya no es viable, salvo para unos pocos, y sin el apoyo del Estado será difícil que el cine argentino pueda sobrevivir”, agregó el director de Historia del miedo y El movimiento. 

El reparto inequitativo del dinero fue denunciado también por la asociación de documentalistas DOCA: “Mientras una porción monumental del fomento es recluida en las arcas de la especulación financiera y la gran mayoría de la producción sufre recorte a los montos de subsidios otorgados, dilación extrema en la liquidación de los pagos y requisitos cada vez más prohibitivos para acceder a los fondos, el Incaa liquida la extraordinaria suma de 51.200.029 pesos a una sola productora: Patagonik (...) que no necesita de nuestros fondos, cuyas películas no pasan por ningún comité de evaluación y recibe dinero público no para recuperar la inversión sino como mero lucro”.

A todo esto, las autoridades del Incaa habían anticipado en febrero “cifras récord” con 70 rodajes previstos para 2018 y ofrecieron “distintas opciones de acceso al fomento de la actividad cinematográfica”. Según anunciaron aquella vez, “casi la totalidad de los productores en condiciones de adherir al régimen y la convocatoria especial de anticipo de subsidios extraordinarios se ha sumado y en total se han otorgado 213.670.406 pesos en fomento al cine”. Sin embargo, Pablo Aparo, codirector del documental El espanto, recordó que “la supuesta cantidad récord de producciones se debe a que se juntaron varias películas atrasadas, que obtuvieron créditos en ejercicios anteriores, con otras que entraron a un plan de anticipos de subsidios, que es un mero paliativo. Hoy quizás se filme la misma cantidad de películas, pero con un presupuesto mucho menor. Proyectos que antes tenían seis semanas de rodaje ahora se están filmando en tres. Y eso atenta fundamentalmente contra la forma de producir”.

“Además, el Incaa no está dando créditos y ahora parece que llegaron a un acuerdo con el Banco Nación para otorgarlos a una tasa imposible (pasaría del 6 al 31 por ciento) y requisitos que sólo pueden cumplir las grandes productoras. Es una propuesta muy restrictiva. Pero además parece que el Incaa financiaría esa tasa, cuando en realidad es un organismo que no está pensado para financiar sino para producir. Así le daría plata a un banco para que nos de plata a los cineastas”, agregó Aparo.

“Hoy puede salir a filmar principalmente el que pueda autofinanciarse”, dice Puenzo, y agrega: “Para las productoras chicas pedir préstamos a intereses altísimos es prohibitivo o muy riesgoso. La burocratización extrema del Incaa impide el recupero y la previsibilidad. El cambio permanente de resoluciones y de instrumentaciones de la normas generan un caos jurídico. Salir a filmar en estas condiciones es un suicidio. Están golpeando al cine por todos lados. No recuerdo otro momento del cine con tal grado de parálisis. Lo que esta gestión parece no comprender es que el cine es cultura, no un negocio”.