Temas de debate. Los problemas del Régimen de regularización dominial y del traspaso de AySA
Desafíos para planificar el territorio
Tanto el proyecto de ley denominado Régimen de regularización dominial para la integración socio urbana como la decisión de transferir Aysa a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires plantean la necesidad de diseñar estrategias coordinadas a escala metropolitana.

Producción: Tomás Lukin


La transferencia de AySA

Por Matías Barroetaveña *

Perneada por el acuerdo con el FMI y el ajuste fiscal, la discusión del próximo presupuesto contempla la transferencia de AySA a los gobiernos de la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. La operación no contempla el fondeo que hoy es destinado a la empresa. El debate que atraviesa la cuestión federal, la presupuestaria y la política, impacta directamente en una región como el conurbano bonaerense donde existen grandes problemas de infraestructura.

En primer lugar, se debe mencionar que la decisión del oficialismo de financiar las obras públicas a través de endeudamiento y reducir la inversión directa en infraestructura destinada al hábitat no es algo nuevo. Un documento de Cippec que analiza el presupuesto nacional asignado a Hábitat entre 2012-2017 afirma que “en 2017, el gasto en hábitat asignado por ley tuvo el punto más bajo del período: representó el 5,3 por ciento del presupuesto nacional total”. En lo que respecta a agua y alcantarillado (ítem en el que se consideran el presupuesto de AySA, INA y Enohsa), el gasto destinado según el Presupuesto 2017 es un porcentaje idéntico al que tuvo durante los cinco años previos: 1,5 por ciento. Si se consideran las readecuaciones y lo finalmente ejecutado los resultados a los que arriba el informe son preocupantes: en agua y alcantarillado el presupuesto baja en relación al general, pasando de 2 por ciento en 2012 a 1,2 por ciento en 2017. Esto se complejiza si se atiende el reciente informe del Ministerio de Hacienda en el que se afirma que entre el primer semestre de 2017 y el de 2018 los gastos en capital en este ítem bajaron de 1720  a 957 millones.

En segundo lugar hay que considerar el nivel de servicio y su proyección. La cobertura de la red de agua potable alcanza al 84 por ciento y la de cloacas del 67 por ciento. Antes de 2006, la empresa era gestionada por capitales franceses que abastecían con agua potable cerca de 7.500.000 personas. En 2015, luego de una década de gestión estatal se logró brindar cobertura a más de 9.100.000 y al finalizar 2017 se llegó a 9.350.000. En cloacas en 2006 la población con conexión superaba los 5.500.000; en 2015 estaba cerca de los 7.000.000 y, en esos distritos, a fines de 2017 no superaba los 7.400.000. Se observa que el ritmo a partir de 2016 no se ha incrementado. Es decir, sin considerar el impacto que puede haber tenido la reciente anexión de nuevos municipios, hoy no se observa un boom de obra pública.

En paralelo, las consecuencias del ajuste iniciado por el Gobierno se agravan teniendo en cuenta la delicada situación social del área metropolitana de Buenos Aires. En los informes anuales de la compañía hay señales que alertan sobre los límites de cargar los costos a los usuarios. En concreto, las cuentas con deudas mayores a 5000 pesos, por ejemplo, en Avellaneda crecieron de 669 a 4960 cuentas entre 2015 y 2017. Una dinámica similar se observa en Lanas donde pasaron de 578 a 4133 desde el recambio presidencial. Esta situación se registra en todo el área de concesión y obliga a repensar la estrategia de financiar la expansión de obras con los recursos obtenidos por el incremento en las tarifas. Al mismo tiempo, se percibe que la implementación de la tarifa social ha sido muy acotada. En La Matanza accedieron a ese programa, menos del 7 por ciento de los usuarios. En Lanas fue del 8 por ciento.

En último lugar, la potencial transferencia de AySA expone la fragilidad institucional de la región. ¿Qué atribuciones y obligaciones tendría la Provincia de Buenos Aires en relación a la Ciudad? ¿Cómo se financiarán las obras y quiénes decidirán sobre las inversiones y el cuadro tarifario? En definitiva, el debate sobre AySA expone también la ausencia de instituciones metropolitanas que puedan dar respuesta a estos interrogantes. El punto central de la discusión no es el modo de resolución de un conflicto financiero o de un proyecto de reforma del Estado. Se tratan de  decisiones estratégicas que garantizan derechos humanos básicos y una mejor calidad de vida  a la población metropolitana.

* Director del Centro de Estudios Metropolitanos.

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