La amenaza de 600 nuevos despidos mantiene en alerta a los trabajadores de Agricultura Familiar, que este martes realizan un paro en las delegaciones de todo el país. El nuevo ajuste fue comunicado por los coordinadores provinciales en varios distritos y confirmado por el propio ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere a representantes gremiales que lo interpelaron el viernes, durante una visita a Catamarca. Desde 2016, el ministerio ejecutó 310 cesantías; ahora podría dejar en la calle a la mitad de los que quedaron. 

Melina Zocchi, delegada de ATE en Agricultura Familiar de Catamarca, contó a PáginaI12 que Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural, estuvo en la provincia el día después de que varios coordinadores informaran a los equipos sobre el plan de despidos. “Vino a la inauguración de obras que habían desarrollado compañeros nuestros. Logramos hablar con él –estaba también el secretario de Agricultura Familiar, Santiago Hardie– y nos manifestó que el ajuste va a aplicarse. El argumento es que el Gobierno no puede hacer otra cosa porque no tiene dinero, y que no está de acuerdo en que el Estado tenga que garantizar la asistencia técnica a los productores”. En la discusión que siguió, contó Zocchi, los trabajadores le dijeron que si el problema era de costos, por qué no pensaban en reducir las bajas a las retenciones. “El ministro nos preguntó por qué tenemos que ir ‘contra los derechos de ellos’, le marcamos que en la agricultura familiar están el 80 por ciento de los productores del país”. 

El sector incluye a pequeños agricultores, campesinos y pueblos originarios. En crisis por el abandono de las políticas públicas que les daban respaldo, los productores se ha expresado con verdurazos y protestas frente al Congreso, la Casa Rosada y la Sociedad Rural. Los programas de Agricultura Familiar vienen siendo vaciados progresivamente mediante despidos —que dejan a las políticas de asistencia sin quienes las ejecuten— y con reducciones de las partidas presupuestarias para asistencia técnica.  

El ajuste pone en riesgo la continuidad laboral de ingenieros agrónomos, veterinarios, antropólogos y trabajadores sociales. Muchos de ellos vienen trabajando bajo la modalidad de contratos, que deben renovarse cada año. En un comunicado de prensa, los trabajadores en conflicto denunciaron que “las autoridades de Agroindustria con su ministro Etchevehere y sus secuaces de la bicicleta financiera y la usura vienen haciendo oídos sordos a las necesidades del sector”. Entre otras medidas, remarcaron que el gobierno acaba de eliminar el Monotributo Social Agropecuario. Esta era una herramienta que permitía a los productores facturar, acceder a una cobertura de salud, hacer aportes para jubilarse. El reempadronamiento fue anunciado un mes antes de esta nueva tanda de cesantías. Legisladores de varias provincias han manifestado su preocupación por la medida e incluso solicitaron que la resolución ministerial sea revisada por el Congreso.  

“Hay un serio riesgo de que quienes sean dados de baja del Monotributo Social Agropecuario, dado que van a pasar automáticamente al otro régimen de monotributo sin que medie notificación alguna, comiencen a tener deuda con AFIP. Debemos proteger a los agricultores familiares que van a quedar sin asistencia del Estado después de haber hecho un enorme esfuerzo para integrarse al sistema económico y productivo”, señaló ayer la senadora santafesina María de los Angeles Sacnun, al presentar una nota dirigida a Alfredo de Angeli, presidente de la comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca en la Cámara Alta, para discutir el tema en la próxima reunión de comisión.

El paro será acompañado de movilizaciones y se sentirá sobre todo en el interior del país, ya que el trabajo de la secretaría es básicamente territorial. En la Ciudad de Buenos Aires se estima que un sector de los trabajadores del ministerio de Agroindustria se plegará a la medida.