Falta poco para que se cumpla un año desde que un prefecto asesinó por la espalda a Rafael Nahuel. Está identificado, la comisión del crimen probada, en principio se trata de homicidio calificado. El prefecto no fue aún procesado por el respectivo juez federal.
Hace más de un año se produjo la muerte violenta de Santiago Maldonado, en un contexto de represión ilícita y brutal de Gendarmería. El juzgado federal mantiene cuasi hibernada la causa, proceder grato al gobierno nacional que arguye que la violencia de los cuerpos de Seguridad no incidió en el desenlace.
Eso sí, la Cámara Federal convalidó que se pincharan los teléfonos de personas interesadas en dilucidar la verdad, empezando por Sergio Maldonado, hermano de la víctima.
Venimos hablando bastante de la causa de los cuadernos Gloria. La mencionamos acá apenas, porque viene a cuento. Festival de encarcelamientos sin procesamiento ni condena, retorsión a los detenidos para que se “arrepientan”, concesión de beneficios contra confesiones inverosímiles. Apresamiento exclusivo para ex funcionarios kirchneristas o empresarios que no se “arrepienten”.
En ese cuadro, que podría ampliarse con otros ejemplos, la resolución (tan breve cuan potente) de la Corte Suprema (CSJ) que se informa en la nota principal abre una hendija de luz en el oscuro panorama de la administración de Justicia.
El Tribunal ratifica su condición de cabeza del Poder Judicial y ordena “salvaguardar la vida, integridad personal y salud” de Milagro Sala. La manda es inmediata, “de modo urgente”. Se otorgan cinco días al Superior Tribunal de Jujuy para que “brinde a la Corte” las explicaciones de por qué no se habrían cumplido sus directivas. Todo va en línea con el pronunciamiento vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la CSJ receptó. Dicho sea de paso, en su momento la CIDH sacudió la desidia con que la CSJ venía demorando expedirse sobre la persecución a Milagro.
La decisión se adopta con la premura que imponen las circunstancias. Sucesivas medidas procesales martirizantes contra Milagro ponen en riesgo su vida y su salud. La huelga de hambre constituye una reacción lógica y desesperada a la vez para evitar la agresión del sistema político jujeño: el gobernador Gerardo Morales, en yunta con los jueces que son su claque.
La unanimidad fortifica la movida: en la actual composición de la CSJ no abundan los acuerdos compartidos por los cinco supremos.
En un sistema jurídico serio, los poderes provinciales acatarían la orden de la Corte. En nuestra cruda realidad cotidiana, nada es seguro. Pero la resolución es firme, unívoca. Deja la impresión de que la CSJ arbitrará los medios para que se cumpla sin ceder ante demoras o ambages. Un bienvenido apartamiento de las tropelías que son menú cotidiano de los tribunales más poderosos del país, en los expedientes más resonantes.
