Los cuadernos del chofer Centeno parecen poner al desnudo la trama del financiamiento de la política. Empresarios que realizan aportes a cambio de beneficiarse con regulaciones y licitaciones que engrosan una caja de donde se financian elecciones y estructuras partidarias, con habituales mordidas de intermediarios para su beneficio personal. Ese financiamiento ilegal de las estructuras políticas constituye una fragilidad estructural de la democracia. No sólo porque desvían la administración pública de la búsqueda del bienestar general, hacia la búsqueda del beneficio particular o el aporte político, sino también por someter a la dirigencia política y económica a la oscura presión de quienes manejan la tríada mediática, judicial y de servicios de inteligencia que controla esa información y tiene capacidad para utilizarla. 

Los servicios de inteligencia son los encargados de armar las carpetas, donde se registran los negocios turbios entre políticos y empresarios. Esa información es mantenida latente como una herramienta de extorsión para manejar a políticos y, ahora, también a los empresarios. Quienes no cedan a las presiones serán mandados al frente por los medios de comunicación y luego desfilarán por tribunales pudiendo terminar presos. Pero esas campañas anticorrupción no son utilizadas para mejorar la democracia, ya que no van acompañadas de propuestas de nuevas formas de financiamiento de la política. Por el contrario, reduce el ejercicio de la democracia al intimidar a la dirigencia política para que acepte la sumisión hacia el poder oscuro, so pena de ser víctima de un carpetazo.

Esa metodología fue utilizada en Brasil para orquestar un golpe de Estado que no sólo saco al PT del gobierno y encarceló a su máximo dirigente Lula, intentando impedirle acceder a la presidencia por la vía electoral. También fue la herramienta utilizada para golpear la solvencia económica de empresas como Odebrecht o Petrobras, que eran insignia de la emergencia económica de Brasil y disputaban negocios a escala global a empresas estadounidenses y europeas del sector. La misma metodología parece que se está aplicando en Argentina, con la amenaza de encarcelar a la ex presidenta y potencial candidata Cristina Fernandez de Kirchner. Pero también de golpear a las principales empresas del país, que sufrieron pérdidas de valor en sus acciones, podrían quedar fuera de futuras licitaciones y estar a merced de multimillonarios juicios de fondos buitre con la excusa que ocultaron información a los poseedores de sus acciones en el mercado de Nueva York. 

La similitud entre los sucesos en Brasil y Argentina podría indicar que nos encontramos ante un nuevo Plan Cóndor, donde la intervención extranjera no se basa ya en su penetración sobre las Fuerzas Armadas, sino sobre los servicios de inteligencia, el aparato judicial y mediático. El objetivo, tal vez, sea debilitar las dirigencias políticas y empresariales locales, fortaleciendo el control geopolítico y económico de la región. No casualmente, el FMI ya maneja la política económica y bases extranjeras florecen en suelo argentino.

@AndresAsiain