La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito-Santa Fe se moviliza hoy contra la “no garantía” de acceso al Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), en hospitales y centros de salud de la ciudad capital. Será a las 10, en la sede del Ministerio de Salud (1º de Mayo y Juan de Garay). En un comunicado, denunciaron un caso puntual. “Santa Fe está dividida en dos realidades: un sur, con centro en Rosario que garantiza la ILE y que se muestra al país y al mundo como garantía de derechos; y un centro-norte abandonado a la voluntad de antiderechos y objetores de conciencia”, aseguraron. El director provincial de Salud de la Niñez, Adolescencia y Sexual y Reproductiva, Alberto Simioni, defendió el trabajo del Ministerio de Salud en la materia y negó que no se cumplan derechos. Aunque dijo no poder mencionar casos puntuales, habló de “riesgos” sanitarios en determinadas situaciones. “Trabajamos para garantizar derechos”, aseguró.
“Durante el debate por la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo el gobierno provincial difundió que la provincia era ejemplo en el cumplimiento del protocolo y de derechos de las mujeres, mientras las organizaciones de mujeres y profesionales de la salud acompañamos y denunciamos obstaculizaciones en el centro-norte de la provincia”, recordaron desde la Campaña.
En particular, hablaron de los servicios de Ginecología del Iturraspe, y del área de Cuidados Progresivos del Hospital Cullen. “Son los dos únicos hospitales de alta complejidad de la ciudad”, dijeron. Recordaron que a principios de 2017 denunciaron situaciones en el Ministerio.
La Campaña indicó en un comunicado que el 7 de agosto se presentó en la Justicia de Santa Fe el caso de una mujer de más de 30 años por la negativa a que accediera a una ILE. “P.M. fue atendida en el Samco de Santo Tomé y la derivaron al Hospital Cullen al encuadrar su embarazo en el artículo 86 del Código penal: aborto no punible por causal salud. Durante dos semanas fue entrevistada por funcionarios de dicho hospital que la maltrataron, descreyeron de su palabra y sin hacerle estudios ni tener un diagnóstico previo, le dieron como única solución la continuidad de la gestación y la consecuente puesta en adopción”, indica el comunicado.
Por aquellos días, el movimiento de mujeres reclamó mediante notas al Ministerio de Salud por la negativa “infundada”. Ante “el silencio como respuesta”, acudieron a la justicia. “Se hizo lugar al amparo; pero Fiscalía de Estado negó la causal salud, desconoció los hechos y ejerció violencia institucional con engaños, tergiversación y sin presentar pruebas”. Así, el 9 de agosto (luego del voto negativo en el Senado), una audiencia de conciliación “reforzó lo que veníamos denunciando: el Ministerio sostiene a los efectores y profesionales de la salud que no garantizan derechos”. Ante una respuesta judicial negativa, el caso espera resolución de la Sala I de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial.
Para la Campaña, “se sostiene y encubre a profesionales y efectores públicos que niegan el derecho a la ILE”. Aseguran que Santa Fe tiene “dos realidades”. El comunicado cierra: “Como lo dijimos luego de la negativa del Senado, con este rechazo sólo lograrán que haya más abortos clandestinos, más peligro para la vida de las mujeres y menos derechos para ellas. No hemos logrado aún la ley pero no permitiremos que nos arrebaten los derechos conquistados”.
“Venimos garantizando derechos. Siempre hay gente (por los antiderechos) que pone obstáculos a nuestro trabajo; y por otro lado, para quienes piden el cumplimiento de la ley, todo lo que hacemos es poco y es cuestionado. Vamos a seguir garantizando derechos, porque esa es la intención del gobernador y de la ministra de Salud (Andrea Uboldi). Seguiremos trabajando y no en la sombra, porque no estamos en la clandestinidad. No hacemos nada por fuera de la ley”, dijo Simioni a este diario. Si bien señaló que la manifestación es un derecho, aseguró que el tema ya es parte de la campaña política para el año que viene.
“La provincia tiene una historia en Rosario, por los años de trabajo en salud pública, y el resto se fue ajustando, garantizando derechos. En el medio hay cuestiones culturales. Tratamos de modificar pautas de atención, abriendo cabezas, con capacitaciones, trabajos en equipo, y tuvimos éxitos en algunas localidades. El norte es mucho más conservador y nos encontramos con la necesidad de garantizar derechos en la red de atención. Cuando intentamos avanzar sobre las instituciones es una puja política partidaria muy fuerte, porque los obstáculos aparecen. Creo que esto también tiene un componente partidario”, consideró.
“Somos garantes de derechos y de que puedan manifestarse libremente si están en contra de algo. No podemos hablar de los casos puntuales en los medios de comunicación”, aclaró.
Según detalló el funcionario, “cuando no se garanticen derechos en algún lugar, la red está aceitada para resolverlo en otro”. Y señaló que “hay cuestiones de riesgo que son analizadas por equipos amplios y en todas las instancias”. Simioni aseguró que “siempre habrá situaciones más riesgosas”. Y manifestó que lo denunciado son “casos muy puntuales”.
