El Tribunal Oral Federal de Corrientes definirá hoy si condena o no al militar y ex interventor de la ciudad de Gobernador Virasoro durante la última dictadura, Héctor Torres Queirel, en el secuestro de Marcelo Peralta, un tarefero que permanece desaparecido desde la noche del 29 de junio de 1977, uno de la decena de trabajadores de la yerba mate en esa zona del país que sufrió de manera directa el terrorismo de Estado que, allí, buscó la eliminación de la actividad sindical en el sector. Según el requerimiento del Ministerio Público Fiscal, Torres Queirel, dueño, además, del campo de donde secuestraron a Peralta, merece ser condenado a seis años de cárcel. Pero no sólo esa decisión deben tomar los jueces esta jornada, porque también tienen en sus manos la posibilidad de reabrir el capítulo del proceso de justicia sobre esos delitos de lesa humanidad que, como lo denuncian familiares, víctimas y militantes de derechos humanos locales, la burocracia judicial y su complicidad con el poder empresario de la región, se encargó de cerrar: retomar la investigación sobre la responsabilidad del presidente de Establecimiento Las Marías, la mayor productora y comercializadora de yerba mate y té del país, en secuestros, torturas y desapariciones de aquellos trabajadores.
Las expectativas sobre la definición del juicio histórico por delitos de lesa humanidad en Gobernador Virasoro habían sido depositadas en el martes pasado, cuando el TOF de Corrientes –integrado por jueces subrogantes– había adelantado que trabajaría a jornada completa para dar espacio a los alegatos fiscales y de la defensa de Torres Queirel, a las sus últimas palabras y, finalmente, la sentencia. Pues ése día acabó sucediendo la mitad de lo prometido porque el tribunal acabó trabajando la mitad de la jornada. El tiempo sólo alcanzó para el alegato del Ministerio Público Fiscal y la promesa de que hoy culmina el debate, que llevó casi dos meses.
Para el fiscal Flavio Ferrini, tras los testimonios oídos y leídos durante el debate, la prueba documental analizada y el resultado de la inspección ocular realizada en el marco del juicio a la estancia María Aleida, “no quedan dudas” de que “Torres Queirel no era ajeno al procedimiento que se desarrolló el 29 de junio, pero no solo y en particular al secuestro de Marcelo Peralta, sino de todos aquellos que involucraron detenciones ilegales, tormentos, secuestro y desapariciones” en Gobernador Virasoro.
En ese sentido, aclaró que la exigencia de la máxima pena para el cargo con el que se lo está juzgando, el de partícipe necesario por una privación ilegítima de la libertad, de seis años de prisión, no se condice con la participación real que tuvo en los crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona en contra de trabajadores tareferos sindicalizados. Además, solicitó que se remitan testimonios a la Fiscalía de Instrucción de Paso de los Libres para que se retome la investigación sobre la “responsabilidad que le cabe a Adolfo Navajas Artaza, del Establecimiento Las Marías, en hechos ventilados durante el debate”, algo sobre lo que a él “no quedan dudas”.
El contexto
Ferrini construyó su alegato final sobre la responsabilidad de Torres Queirel en el secuestro de Peralta en base al contexto. ¿Qué pasaba en Gobernador Virasoro en la época en la que aquel trabajador fue arrebatado durante la madrugada del 29 de junio de la casilla en donde vivía con su esposa y su pequeña hija? ¿Qué tenía que ver su condición de trabajador yerbatero y activista sindical en ese hecho? ¿Qué función cumplió Torres Queirel a nivel institucional en aquella ciudad durante la dictadura?
Para el fiscal, “está probado” que Peralta “detentaba el carácter de oponente, según la filosofía que emanaba de los manuales castrenses del plan criminal” de la última dictadura, un plan que en Gobernador Virasoro y alrededores, fue “diseñado para suprimir y eliminar la desarticulación de la organización obrera con la eliminación de la organización gremial”. De hecho, durante su exposición enumeró de manera cronológica cuántos dirigentes gremiales del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) y la Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre) y trabajadores de los campos yerbateros Establecimiento Las Marías, del campo de Torres Queirel y de molinos aledaños han sido secuestrados, perseguidos, detenidos y desaparecidos antes o después de Peralta.
Tras un repaso de documentación referente a órdenes militares, de testimonios de sobrevivientes y familiares de víctimas e incluso de indagatorias de Torres Queirel, Navajas Artaza y de los otros represores que estuvieron imputados y que quedaron fuera del debate oral por haber fallecido o cuestiones de salud –Juan Carlos Sacco, Llamil Reston, Duilio Martínez y Ricardo Schweizer–, Ferrini determinó que Torres Queirel, teniente militar e intendente de facto de Gobernador Virasoro desde el 24 de marzo de 1976, “contribuyó a recopilar información de inteligencia” y “albergó en su establecimiento”, o sea en Estancia María Adela, la instalación de un organismo destinado al “exterminio” de trabajadores tareferos. Así, lo encontró responsable de aportar “a la formación de la atmósfera de apoyo, fomento, cobertura, clandestinidad e impunidad que imperaba en la localidad de Virasoro” donde fueron atacados por el terrorismo de Estado trabajadores de la yerba mate activistas sindicales. En ese sentido, concluyó que “no era ajeno al procedimiento que se desarrolló el 29 de junio( es decir, al secuestro de Peralta) ni de todos aquellos que involucraron detenciones ilegales, tormentos, secuestro y desapariciones”.
Las Marías
Torres Queirel hacía trabajar su campo para Establecimiento Las Marías, la compañía de la familia Navajas Artaza. Adolfo Navajas Artaza, su presidente, estuvo procesado en la instrucción de la causa sobre delitos de lesa humanidad cometidos contra tareferos de Gobernador Virasoro por el secuestro del trabajador de Las Marías y dirigente sindical Neri Pérez hasta que el veinteavo juez que se hizo cargo del expediente lo sobreseyó en 2007. Pérez permanece desaparecido.
Durante su alegato, Ferrini estableció que “no quedan dudas a este Ministerio Público Fiscal de la responsabilidad que le cabe a Navajas Artaza en los hechos ventilados” en el debate. Secuestros, torturas y extorsiones a otros trabajadores del lugar. Recordó, a los efectos, que en declaraciones juradas de Las Marías “existen unas marcas o señalamientos efectuados con símbolos de flechas y redondos con una cruz, en fibra (...) realizadas solamente como señalamiento sobre los nombres de cada una de las víctimas de este proceso represivo en Virasoro”. Por tanto, solicitó la extracción de testimonios y pruebas para que las investigue la Fiscalía de instrucción de Paso de los Libres.
