Mientras aún no se sale de la consternación y el dolor por las muertes de Elizabeth en un hospital de Pacheco y de Romina en Pilar, sometidas a la clandestinidad de abortos inseguros para poder ejercer su derecho a decidir, las autoridades de la región provincial no permitieron la notificación de esas muertes y persiguieron hasta despedir a la responsable local del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Estela Sánchez. “Esos sucesos nos llenan de tristeza, indignación e impotencia”, remarca la médica generalista Viviana Mazur, de la Asociación Metropolitana de Equipos de Salud de Centros de Salud de Ciudad y referente ineludible en salud sexual y reproductiva. “Las autoridades, en vez de hacerse cargo y de responsabilizarse ante semejante fracaso de las políticas públicas ofrecen el despido de Estela Sánchez, que lucha en la Región Sanitaria V para que las mujeres puedan acceder en las mejores condiciones posibles a cuidar su salud y a defender los derechos sexuales reproductivos para el acceso a la anticoncepción y a la atención oportuna de las interrupciones de embarazo, precisamente en pos de evitar esas muertes.” Mazur trabaja hace treinta años en el primer nivel de atención y coordina el postítulo de Especialización docente en Educación Sexual Integral (ESI) en el Instituto Joaquín V. González. Durante las audiencias en la Cámara de Diputados para tratar la legalización del aborto expuso que “gran cantidad de mujeres recurren a prácticas inseguras, nombre elegante con el que llamamos a la desesperación que lleva a muchas a someterse a abortos hechos con sustancias, con elementos y en lugares que darían terror a cualquiera de nosotras. Que el aborto haya sido ilegal no evitó que recurrieran a él”.
Son pruebas de las enormes dificultades con que se enfrentan las mujeres para acceder a sus derechos básicos de salud.
–Es la sensación de que hay que hacer un gran esfuerzo y de que es tremendo el padecimiento por el que pasan las mujeres producto de los obstáculos que pone el sistema de salud, cuando debería ser una herramienta para disminuir ese padecimiento. La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hubiera cambiado eso.
Y opera un sistema médico hegemónico que arremete contra toda autonomía.
–La medicina en general tiene una historia de poco respeto a la autonomía. Fueron necesarias leyes de derechos del paciente para registrar que las personas pueden decidir y que lo hacen más allá de lo que la medicina indique. En relación al género, las mujeres pueden decidir menos aún. La violencia obstétrica lo expresa fuertemente: el sistema de salud establece de qué manera parir y ejercer la anticoncepción. Hoy es una pelea que las mujeres accedan a la ligadura tubaria, pero en algún momento se les ligaban las trompas sin consultarles siquiera. Hizo falta una ley (26.130) que planteara que es necesario el consentimiento.
Ese relato dominante se tradujo con bestialidad el 13J y el 8A en los debates del Congreso.
–Hay un cruce en relación a la medicina y a la autonomía y el derecho de las personas sobre sus propios cuerpos, y particularmente sobre sus decisiones reproductivas, que se superpone a la dificultad de reconocer en la mujer el derecho a gozar y a no padecer por eso. Fue expresado en Diputados y en el Senado: “Si hubo goce y descuido que se hagan cargo”. Es una sanción sobre lo que hacemos que tiene que ver con lo intolerable que nos resulta como sociedad admitir el derecho de las mujeres a disfrutar de su sexualidad sin tener que pedir permiso ni perdón. Y sin saberlo ni entenderlo los equipos de salud nos hacemos cargo de ejecutar ese mandato social. Cuando a veces se desarman los discursos nos damos cuenta de que lo que en realidad cuestionan algunos profesionales es “porque ella no se quiso cuidar yo ahora me tengo que poner en riesgo de realizar una práctica legal o ilegal”. Si se la hacemos fácil, suelen decir algunos, no se van a cuidar. Como si en esta sociedad, con todos sus mandatos, las mujeres pudieran livianamente decidir abortar.
¿Qué se perdió el 8A?
–Una intenta pensar que no se perdió nada porque se avanzó mucho, porque hay cosas que se han ganado de todos modos. Pero siento que perdí la ilusión de poder estar en una sociedad un poco más justa. Mirado desde los equipos de salud, hemos perdido no ser nosotros y nosotras los y las que tengamos que decir si una interrupción de embarazo corresponde o no. Quienes estudiamos medicina lo hicimos para cuidar la salud de las personas, no para ser jueces de sus derechos y decisiones. De todos modos, tarde o temprano el aborto se va a legalizar. Tocamos la legalización con la punta de los dedos, y cuando algo se siente queda inscripto en el cuerpo. No hay posibilidad de retorno.
¿Cuáles son los derechos que deben reforzarse en este escenario?
–No es una cuestión simple porque aún con las leyes y el Protocolo ILE, que marcan cuáles son las buenas prácticas en atención, en las consultas disuaden a las mujeres y personas gestantes, las hacen volver a sus casas, las retan y las infantilizan. Sin embargo, tienen derecho a contar con toda la información en relación a los riesgos de llevar adelante un embarazo en las condiciones en que se lo está transitando, que pueden ser riesgos particulares por alguna enfermedad asociada, por algún problema de salud o por alguna circunstancia que le esté ocurriendo en ese momento, psíquica por ejemplo. La ley plantea que el aborto no es punible cuando puede afectar la salud o la vida de la mujer. Una de las obligaciones de los equipos de salud y que se cumple poco es informarle a la mujer sobre los riesgos que corre si continúa un embarazo. En vez de felicitarla cuando se le hace un test de embarazo que da positivo, habría que preguntarle si estaba esperando ese resultado y qué le produce, e informarle que si el embarazo pone en riesgo su salud y ese riesgo no puede evitarse por otro medio, tiene derecho a interrumpirlo. Ese concepto que se llama “transparencia activa” y que debe ser así para cualquier problema de salud, no solamente para el embarazo, raramente se cumple.
¿Cómo son las escuchas de los equipos de salud ante una solicitud de ILE?
–No es lo mismo mi concepto de salud, que trabajo hace treinta años en centros de primer nivel de atención junto a psicólogxs, trabajadoras sociales, incluso antropólogas y sociólogas, y entiendo que lo que le pasa a esa mujer, su hábitat, su lugar de trabajo y la circunstancia familiar hacen a su situación de salud, que el concepto que tiene quizá un médico cirujano, que pocas veces salió del quirófano del hospital a escuchar lo que otras disciplinas aportan para comprender ese proceso. Esa es una limitación importante para la interpretación de las causales. El Código Penal de 1921 no podía describir lo que podemos describir ahora, porque el concepto de salud de entonces se sustentaba en otra realidad en momentos en que las mujeres ni votábamos ni éramos médicas siquiera. Lo interesante es que cuando los equipos hacen ese proceso, modifican sus prácticas no sólo en relación a la atención en interrupción legal del embarazo sino en relación al acceso a la anticoncepción y al respeto a decidir en los partos.
¿Qué sucede con las prácticas de quienes se denominan objetores de conciencia?
–En Ciudad de Buenos Aires había un gran desconocimiento acerca de qué es la objeción de conciencia. Mucha gente se declaraba objetora sin saber si podía serlo. La objeción de conciencia es la posibilidad de negarse a realizar una práctica porque está reñida con la moral o con determinados valores. Sólo puede ser objetor quien realice esa práctica, por lo tanto no pueden serlo un camillero o un anestesista, como hemos escuchado alguna vez. Además no exceptúa de la obligación de transparencia activa que es dar toda la información, científicamente comprobada y comunicada en términos que puedan entenderse. En caso que el objetor se niegue a realizar la práctica, debe gestionar rápidamente el acceso de la persona a un equipo que le garantice la atención. En aquellos lugares donde la mayoría de profesionales son objetores de conciencia el Estado deberá garantizar que se incluya a gente capacitada para llevar adelante la práctica.
¿Cuál debe ser la respuesta cuando una adolescente requiere una ILE en el centro de salud?
–Cuando una adolescente mayor de 13 años consulta, el equipo que la recibe debe confirmar que ese pedido lo esté haciendo desde un lugar de autonomía, sin coerción, sin violencia y de conocimiento de lo que solicita. A partir de la última reforma del Código Civil y en su artículo 26°, se establece que una adolescente de entre 13 y 16 años no debería traer la autorización de ningún adulto. Lo primero que hay que observar es si se trata de un abuso y de ser así, si es un abuso intrafamiliar, o de que no esté sometida a una situación de violencia de género en relación a una pareja que ejerza algún tipo de maltrato sobre ella.
Otra de las causales con muchos pliegues a la hora de su interpretación es la violencia sexual.
–No hay que esperar a que la mujer venga y diga “fui violada y por eso pido que se me incluya dentro del derecho de pedir una interrupción de embarazo”, porque la mayoría de las violaciones no son los estereotipos que imaginamos, sino esas situaciones que se dan en el ámbito intrafamiliar, intramarital, y las mujeres no explicitan tan fácilmente porque les cuesta reconocer que una relación sexual no consentida es una violación, que a pesar de esas relaciones violentas necesitan sostener los vínculos de alguna manera y temen que relatarlos las exponga a la obligación de denunciar o de separarse. O casos de mujeres que dicen que no usan métodos anticonceptivos porque sus parejas no se lo permiten o los tienen que usar a escondidas y entonces no pudieron ir a buscarlos.
Horas después de que hicieran caer la ley en el Senado, Mauricio Macri anunció que se reforzará la entrega de anticonceptivos.
–Desde diciembre venimos discutiendo con el Ministerio de Salud de Ciudad aumentar la producción de anticonceptivos. La ministra (Ana María Bou Pérez) ya había definido en febrero hacer una campaña masiva para mejorar el acceso a la anticoncepción, que se lanza el miércoles próximo. Muchxs ven esto como una respuesta a la no aprobación de la ley, pero nuestros reclamos son ESI para decidir, elegir y disfrutar, anticonceptivos para poder decidir y aborto legal para no morir. Sería complejo que quienes durante tantos años hemos militado esa consigna, hoy cuestionemos qué punto está avanzando. En este momento la Ciudad tiene stock, antes y durante el tratamiento de la ley no. Se está trabajando mucho con los métodos de larga duración, los inyectables trimestrales, el Dispositivo Intra Uterino (DIU) y el implante subdérmico. Hay desconocimiento al respecto, y está evaluado a nivel mundial que el acceso a esos métodos garantiza una eficacia más importante que los de corta duración, las pastillas, los inyectables mensuales, el preservativo solo. Hoy están disponibles todos los métodos, pero hacemos un esfuerzo para que las mujeres conozcan las posibilidades de cuidarse con los de larga duración, como el DIU y el implante, y tratamos de correr todos los mitos y estigmas instalados.
¿Adónde se debería consultar o reclamar ante cualquier duda u obstaculización?
–Al 0800-222-3444 del Programa de Salud Sexual y Reproductiva de Nación, un espacio de consulta personalizada para facilitar el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva de todo el país. En Ciudad funciona bien y se está convirtiendo en una estrategia de monitoreo de la respuesta. Es impresionante cómo desde el 13J en relación a la ILE se cambió el tono del perdón y por favor a lo quiero y cómo puedo hacer. Recibimos por lo menos cinco consultas diarias por ILE.
La ESI es otra gran deuda pendiente.
–Con la ESI estamos en un problema, porque si bien se plantea como la incorporación de contenidos transversales a lo largo de todas las materias con el trabajo de cuestiones que tienen que ver con lo vivencial, se ha caricaturizado en las charlas de anticoncepción. El tema es que llevarla adelante como debería ser involucra un cambio enorme en la organización de recursos. Es imposible pensar que lxs docentes pueden deconstruirse y deconstruir todo en un curso virtual de tres meses y algunas jornadas de capacitación. En Ciudad sólo hay dos postítulos y el único de especialización es el del Instituto Joaquín V. González, que tiene más de quinientas horas de cursada. Hasta hace un par de semanas lxs docentes ni siquiera habíamos cobrado los salarios, y sostener la ESI también implica garantizar contratos en tiempo y forma, bien pagos. Nada de eso sucede. Aparte, se necesita análisis teórico y espacios de reflexión que nos permitan revisar nuestras propias prácticas y matrices para poder trabajar con niñxs y jóvenxs desarmando el mandato de la heteronorma, la cuestión polar entre lo femenino y lo masculino, la violencia de género y desarmando esos micromachismos que nos acompañan en cada una de estas prácticas. Y esos aprendizajes, necesariamente, tienen que pasar por el cuerpo. M
Línea 0800-222-3444 Salud Sexual. (Gratuita para teléfonos fijos y públicos.
