España devolvió ayer a 116 migrantes a Marruecos que llegaron de forma clandestina a territorio español el miércoles en el enclave de Ceuta, una expulsión colectiva criticada por organizaciones no gubernamentales.

“Los 116 inmigrantes subsaharianos que entraron en España de forma ilegal a través de la frontera de Ceuta han sido readmitidos por Marruecos”, anunció la delegación del gobierno en Ceuta. Esta expulsión se produce a través de “la reactivación” de un acuerdo bilateral entre el gobierno español y el marroquí firmado en 1992.

Dicho acuerdo solía usarse para la devolución de marroquíes pero que con subsaharianos solo se activaba de manera puntual, siendo ésta la primera vez que se utiliza para expulsar a los que saltan las vallas. Fuentes del Ministerio del Interior destacaron que este pacto “se ha reactivado” ahora, aunque no aclararon si se seguirá aplicando para todas las personas que logren saltar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla con Marruecos.

Un portavoz del ministerio de Interior español defendió “la legalidad” de esta “expulsión” y aseguró que “en este caso, se han cumplido todos los requisitos de la ley de extranjería española”. “Una vez que Marruecos mostró su disposición de aceptar a estas personas (…), el proceso fue que la policía nacional fue a buscarlos al Centro de internamiento de extranjeros (CETI), se les trasladó a una comisaría, (…) se les registró con su nombre, su nacionalidad, su huella digital, todos tuvieron un abogado, un intérprete, atención sanitaria”, explicaron desde Interior.

“A todos se les ofreció la posibilidad de pedir el asilo y no lo hicieron”, afirmó la portavoz, quien recordó que “los dos menores que había en este grupo se quedaron en España”.

“Debido a la celeridad con que se llevan a cabo, difícilmente pueden garantizar el acceso a un procedimiento individualizado con todas las garantías” reacciónó Amnistía Internacional.

En Twitter, la ONG Caminando Fronteras calificó la operación de “tremenda violación de derechos humanos”. 

Cuando formaban parte de la oposición, los socialistas españoles se oponían a este tipo de operaciones, calificadas de “devoluciones en caliente” de migrantes.

El miércoles por la mañana, 116 migrantes escalaron la doble valla de Ceuta, de unos seis metros de alto. Estos consiguieron superar los controles policiales tras haber lanzado “a los agentes recipientes de plástico llenos de excrementos, sangre, cal viva y ácidos”, según informó la policía. Siete agentes de la Guardia Civil resultaron heridos durante este incidente. 

En octubre de 2017, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por las extradiciones inmediatas y colectivas de migrantes a Marruecos, efectuadas sin ninguna decisión administrativa ni judicial. 

La corte de Estrasburgo subrayó que estos migrantes “no tuvieron ninguna posibilidad de explicarse sobre sus circunstancias personales ni tampoco recibieron la ayuda de abogados, traductores o médicos”. 

La portavoz del ministerio de Interior se defendió que esta vez era distinto. “El gobierno no tiene ningún interés en efectuar devoluciones masivas e ilegales (…) sería una locura”. 

El debate migratorio ha estado en el centro de agenda de Sánchez desde su llegada al Gobierno, a principios de junio.  El mandatario socialista dio un golpe de efecto pocos días después de su toma de posesión al anunciar la acogida del barco de rescate “Aquarius”, que se encontraba a la deriva con más de 600 migrantes a bordo después de que Italia y Malta le cerraran sus puertos. Desde entonces, el Ejecutivo español ha ido moderando su posición ante la llegada de migrantes. 

Ceuta y Melilla representan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Desde principios de año, unos 3.100 migrantes llegaron a territorio español cruzando la frontera en estos enclaves.  Más de 25.000 migrantes llegaron a las costas españolas durante este año, lo que convirtió a España en la principal de entrada en Europa, por delante de Italia y Grecia.