El 82% de los rosarinos cree que el Estado no dio una solución respecto del aborto. Según el informe de la diputada nacional Lucila De Ponti, la mayoría de los encuestados admite que el tema dividió a la sociedad, y ve con buenos ojos una consulta popular. “Exigimos que se cumpla el  protocolo de interrupción legal del embarazo”, aseguró De Ponti, quien encargó el estudio y presentó un proyecto de ley para que se garantice la ILE.

La legisladora rosarina encargó la realización de esta encuesta luego de que el Senado nacional rechazara el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), que había tenido media sanción en la Cámara de Diputados tras un intenso debate que dividió opiniones en todo el país. Las conclusiones del trabajo también dan cuenta de que la mayoría de los habitantes de Rosario asume que el debate sobre la despenalización del aborto dividió a la sociedad. No obstante, celebra como un hecho positivo la posibilidad de que se pueda realizar una consulta popular sobre el tema para saber la opinión de la mayoría.

Sin embargo, concluye el estudio de campo realizado, “el mayor grado de acuerdo se da al asegurar que falta que el Estado brinde una solución para el tema, afirmación que comparten 8 de cada 10 encuestados”, reza el  informe.

De Ponti interpretó que ambas rondas parlamentarias sólo significaron el comienzo de una discusión que marca una bisagra de época. “Estos números reflejan que la votación del Senado no fue el final, sino el principio del debate sobre esta cuestión de salud pública que sigue sin solución. No solo las mujeres se siguen muriendo en procedimientos clandestinos e inseguros -como mostraron los casos de los últimos días de Pilar, San Martín y Santiago del Estero- sino que siguen sin acceder a este derecho aunque cumplan con las causales contempladas por la Ley”,  aseguró De Ponti.

 Frente a ello, la legisladora del Movimiento Evita presentó un proyecto para exigirle al Ministerio de Salud que fiscalice que las provincias adhieran al protocolo de ILE y cumplan con la interrupción legal del embarazo. “A pesar de que existe desde 2015, solamente 10 provincias lo aplican. Muchos médicos alegan cuestiones de conciencia para no seguirlos y los casos terminan en la Justicia. Incluso dentro de las provincias que sí adhirieron al protocolo como Santa Fe, la aplicación es muy desigual a lo largo del territorio. Un ejemplo claro es lo que sucede en los hospitales Iturraspe y Cullen, en donde desde hace tiempo se denuncia una obstaculización sistemática a este derecho”, aseguró la diputada.

 “Es necesario poner de manifiesto que la objeción de conciencia es un atributo personal que en ningún caso puede ser institucional, los centros de salud tienen la obligación de asistir en los casos de aborto dentro de las causales que actualmente estipula la Ley y es deber del Ministerio de Salud que eso se cumpla”, finalizó.