La pregunta por la circulación informativa en torno a la crisis en la que se encuentran las universidades nacionales es socialmente relevante si se tiene en cuenta que compromete a 170 mil profesores/as y a más de un millón y medio de estudiantes.

El paro docente que concluyó su tercera semana no es un hecho aislado. Se enmarca en una discusión que se inició en marzo por la aplicación de la “cláusula gatillo” relativa al acuerdo sellado en 2017, junto con el reclamo por la apertura de las paritarias del año en curso. 

La falta de acuerdo en torno a estas demandas motivó la realización de jornadas de protesta en abril, la ejecución de medidas de fuerza en mayo y la organización de la segunda Marcha Federal Educativa en conjunto con otras centrales sindicales. La nula convocatoria al diálogo por parte del gobierno durante semanas recrudeció el conflicto y las federaciones gremiales decidieron alternar el dictado de clases públicas con el paro de actividades durante la segunda semana de agosto.

El viernes 17, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires le labró un acta contravencional a la profesora Mónica Cragnolini, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, mientras dictaba una clase pública sobre la calle Puan. A partir de ese evento, el conflicto cobró mayor visibilidad mediática: “La Policía de la Ciudad le labró un acta a una docente universitaria que no quiso levantar su clase pública” (Nueva Ciudad, 17 de agosto), “Un acta contravencional por hacer una clase pública” (PáginaI12, 17 de agosto), “Es especialista en Nietzsche, protestaba por los salarios universitarios y le hicieron una infracción por dar clases en la calle” (Infobae, 19 de agosto). 

El tratamiento del caso fue fundamentalmente encuadrado como un hecho aislado de las condiciones que le dieron origen al poner el acento en las acciones de una actora individual y en sus consecuencias legales. No obstante, abrió un pequeño espacio para que la crisis universitaria ingresara tímidamente al menú de temas de la agenda de los medios masivos, en un contexto en el cual el “escándalo de los cuadernos” acapara prácticamente toda la atención.

Otros dos factores de relevancia se sumaron al acontecimiento de la contravención: en primer lugar, el saldo negativo de un conflicto que seguía sumando días sin clase en 57 universidades públicas y 87 colegios preuniversitarios: “Paro universitario sin fin: afecta también a 87 escuelas y peligra la continuidad pedagógica” (Clarín, 22 de agosto); “Sin clases en las universidades” (PáginaI12, 20 de agosto); “Se agrava el conflicto salarial y los docentes universitarios evalúan extender el paro” (TN, 22 de agosto); junto con los abrazos a las Universidades de Quilmes, Arturo Jauretche, Buenos Aires, Hurlingham, La Plata, Mar del Plata, Córdoba, Villa María, Entre Ríos, del Litoral, San Juan Bosco, Río Negro, Comahue, Salta y Jujuy, entre otras. 

En segundo término, la comunidad universitaria desplegó en redes sociales una campaña que consistió en compartir relatos acerca del recorrido formativo en la educación pública. En el texto se afirma que 57 universidades del país están en peligro por el ajuste presupuestario, que no iniciaron las clases y se invita a continuar la cadena con los hashtags #UniversidadesEnPeligro, #ParoUniversitario, #YoBancoLaLuchaDocente y #LaEducacionNoSeVendeSeDefiende. Así, un conjunto numeroso de historias personales coincidieron en el reconocimiento y la defensa de una educación pública, laica, gratuita y de calidad.

Con la frase “algo de info para ampliar la discusión”, el director de Argentina Innovadora 2030, Iván Petrella, difundió en Twitter datos falsos para tejer un encuadre oficial que promoviera que el problema de las universidades no radica en el ajuste presupuestario sino en una mala administración de los recursos y en el exceso de docentes. Algunos de sus pares se hicieron eco de estos argumentos con el hashtag #UniversidadPúblicaPorSiempre. 

Como diría Todd Gitlin, los movimientos de protesta necesitan las comunicaciones en gran escala para cosechar apoyo público a sus demandas. Para ello, requieren conocer las reglas del periodismo y los medios: la clave está en que su definición de la situación sea ampliamente aceptada y la correlación de fuerzas se resuelva a su favor. Uno de los desafíos que la comunidad universitaria tiene por delante es continuar demostrando que el conflicto docente está integrado a la situación de emergencia en la que se encuentra la totalidad del sistema de ciencia y técnica. La Marcha Nacional Universitaria organizada para mañana jueves 30 de agosto a las 17 será un poderoso espacio de encuentro y movilización en ese sentido.    

Wanda Fraiman: Docente e investigadora Iealc-Dercom-UBA.

Nadia Koziner: Docente e investigadora ICEP-UNQ / Iealc-UBA.

Para comunicarse con esta sección escribir a: [email protected]