Medianoche templada en San Juan. Tres médicas y su equipo aguardan en un quirófano del Hospital Rawson el ingreso de una adolescente de 14 años con retraso madurativo para realizar la primera Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en una de las provincias más conservadoras de la Argentina, pionera entre las que aún no adhirieron al protocolo ILE. La chica entra a la sala caminando, acompañada por policías y con la ropa que lleva puesta desde el día anterior, el viernes 24, cuando llegó al hospital con su familia y un embarazo de diez semanas producto de las violaciones de un individuo que hoy está preso. Las médicas, dos de ellas ginecólogas, se miran con desconcierto. Ni siquiera el traslado desde la habitación hasta la sala quirúrgica fue en camilla o silla de ruedas y con vestimenta aséptica, conforme el reglamento institucional. La práctica se realiza sin riesgo para la salud y la vida de esa adolescente, pero en medio de un infierno. “No se le dio contención en el servicio y la chiquita bajó al quirófano de jeans, caminando con la policía, dos ayudantes fiscales, la madre, otro médico provida del Rawson que pretendió ingresar pero la directora no lo permitió, y una forense que debía tomar muestras probatorias del abuso”, describe Sandra Vega, psicóloga de este hospital e integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir que contiene y acompaña a la madre de la adolescente.
¿Nunca lograron hacer flaquear a la madre?
–No, pese a que la presionaron de entrada mediante llamadas a su celular o personalmente en el hospital. Pero estaba informada y decidida a la práctica. En todo momento me dijo que quería lo mejor para su hija, y se sentía segura y aliviada cada vez que le explicábamos que estaba haciendo algo que es legal. Por supuesto que pasada la medianoche del sábado, después de la intervención, se sintió más tranquila. Ya todo había pasado, y también tiene un bebé de un año y medio que la necesita. Es una mujer muy entera, que está apoyada por un entorno familiar de trabajadores humildes de la zona rural de San Juan.
La avanzada recargada del activismo antiderechos en la región el fin de semana ya puso en circulación una carta para que “papás y mamás” se opongan a la implementación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), a la que la provincia va a adherir desde el próximo lunes. Fue el preanuncio también del Partido Celeste, un laboratorio que se venía armando durante los debates en el Congreso por el proyecto de aborto seguro, legal y gratuito, y que se presentó esta semana en un teje difuso con iglesias y personajes ultraconservadores de la sociedad civil. Desde ahí se prepara el escenario federal de las “mayorías silenciosas” anunciadas por uno de los fundadores de la agrupación, Raúl Magnasco, presidente de la Asociación Más Vida, que en su página web tiene un apartado para denunciar farmacias donde se venda misoprostol. En la fórmula lo acompaña la vice de la ONG, Ayelén Alancay, contenta porque por primera vez “asumiremos un rol activo en la política”. Como hicieron su red amiga de manifestantes en San Juan, se especializan en impedir las prácticas de abortos no punibles y en denunciar a profesionales que los garantizan. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir San Juan debió emitir el comunicado “Garantizar derechos es respetar la vida” para recordarles la agenda que más detestan. “La insistencia en conductas obstructivas que impliquen una barrera en el acceso a los servicios de salud genera responsabilidad penal en los autores de tales obstrucciones. Cuando el legislador ha despenalizado y autorizado la práctica, es el Estado, como garante de la administración de salud, el que tiene la obligación de poner a disposición de quien solicita la práctica las condiciones médicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida, segura y accesible.” La ministra de Salud, Alejandra Generando, confirmó por su parte que se inició una investigación interna en el Hospital Rawson para saber qué sucedió, y al menos seis médicos serán sumariados por intentar impedir el aborto no punible.
¿Cuándo comenzaron las obstaculizaciones para impedir la ILE?
–Desde el momento que se programó. En las redes empezaron a circular mensajes malintencionados que ocultaban la veracidad de los hechos y omitieron contar que se trataba de una niña de 14 años con una capacidad mental de 5 años certificada por médicos y en cámara Gesell, y que el embarazo fue producto de una violación. La interrupción se programó para el sábado 25 a las 17, pero le dieron té con galletitas a las 16.30 cuando había indicaciones estrictas de que no ingiriera nada previo a la intervención. Finalmente se reprogramó la práctica para las 23.55. Estoy segura de que le prepararon una merienda adrede, para imposibilitar su atención y poder poner en acción lo que sucedió después.
¿Qué fue lo que ocurrió?
–En ese nuevo tiempo de espera, uno de los médicos del Rawson ajeno al servicio de pediatría (n. de la r.: sería Federico Antequera) entró a la habitación donde estaban la niña con su madre y dejó pasar a otro médico, Federico Bazán, y a su esposa, la abogada Paola Miers, que hicieron salir a la madre para decirle que no permitiera que a su hija le hicieran “eso”, que se iban a encargar de sostenerlas y también de encontrar una buena familia para el bebé.
¿Cómo reaccionó la madre?
Estaba asesorada, plenamente informada y de acuerdo. Les expresó que iba a mantener su postura para la realización de la ILE y aun así alguien se metió en la habitación (Antequera) con la excusa de hacerle un electro a la nena, cuando terminaron sometiéndola a una ecografía que le mostraron a la mujer y que configura un acto de violencia. Le manifestaron ‘este es su nieto, mire cómo mueve la mano’. Ella reaccionó indignada y los echó, pero antes de irse uno de ellos sacó un muñequito del bolsillo, se lo puso a la altura de los ojos y le dijo ‘este es su nieto y lo está matando’. La apremiaron, la torturaron a ella y a su hija, y sin embargo su entereza fue admirable.
¿Dónde se encuentran ahora madre e hija?
–La chica se encuentra en perfecto estado de salud. Por un tiempo vivirá con sus padres en la casa de un familiar, para que no sufra estrés postraumático y para preservar su intimidad hasta que se aquieten los escándalos y las agresiones. Esa locura continuó hasta estos días por redes sociales con comunicados mentirosos y malintencionados, y hasta fotos de las profesionales que intervinieron acusándolas de aborteras. Es muy cruel lo que se está viviendo en San Juan, espero que esto haya servido para que la provincia implemente el protocolo ILE.
El fiscal Daniel Galvani solicitó rechazar una presentación de Bazán y Miers contra los médicos que realizaron la interrupción del embarazo.
–El citó el artículo 86, inciso 2 del Código Penal, conforme las circunstancias de embarazo producto de una violación junto al riesgo para la vida o salud de la mujer son las causales de aborto permitidas por la ley argentina desde 1921. Es muy interesante su pedido, porque argumenta que la propuesta de Bazán y Miers a la madre de la nena no solo constituye una suspensión del artículo 86 del Código Penal sino que, cito textualmente, “exterioriza un franco e intolerable desprecio por los derechos de la menor”.
Galvani señala incluso a esa dupla como potenciales “administradores de facto del sistema de adopción, con todas las corruptelas que ello suele traer aparejado”.
–Creo que se ha puesto en la superficie lo que venía callándose. En la provincia circulan ataques a profesionales en redes sociales cerradas. Tenemos gran cantidad de abusos, violaciones, embarazos no deseados de niñas y adolescentes, y las familias de esas chicas no reciben información científica fehaciente. Nadie les explica que pueden interrumpirse esos embarazos. El saber sigue siendo una cuestión de poder hegemónico, donde se calcula cuándo y a quiénes conviene empoderar. Esos sectores poderosos siguen siendo los dadores del conocimiento y se aprovechan de la sumisión de los más vulnerables, que tienen miedo de reclamar porque el doctor puede enojarse y no volver a atenderlos o a negarles medicación si manifestaran embarazos no deseados.
Más la condena social, que recae especialmente sobre las mujeres.
–¡Claro! Lo primero que dicen es por qué no se cuidaron, o dónde estaba la madre de esa chica que dejó que se embarazara. Las personas que trabajamos en el sistema de salud estamos para asistir, no para juzgar ni para decidir sobre los derechos y las autonomías de otros. Sabemos que existe una red invisible desde los diferentes centros de salud que obstaculiza con total impunidad, como trataron que ocurriera en el Hospital Rawson y no lo lograron. La problemática continúa y debe resolverse de manera segura. No hablamos de acuerdos ni de desacuerdos sino de que cada una decida sobre su cuerpo, con verdadera accesibilidad a la información y a autocuidados. Es el principio de respeto de la dignidad de las personas.
