La decisión del gobierno nacional de suprimir de un plumazo el Fondo Federal Sojero es un duro golpe a las autonomías municipales, a la construcción de un país federal y es además una medida antijurídica, es decir, contraria al derecho vigente.

El Fondo Federal Sojero es hijo de la tan mentada resolución 125, y desde entonces reparte el 30 por ciento de la retención a las exportaciones de la soja en los municipios argentinos para realizar obras públicas. Es un goteo que se devenga de manera diaria.

Desde el 15 de agosto pasado esa renta extraordinaria (que el Estado sigue cobrando) ya no se distribuye más a las comunas argentinas, se concentra en la Capital. Reafirma así el gobierno nacional su vocación militante por el centralismo porteño, que ya había puesto de manifiesto de manera clara a poco de iniciar Macri su mandato al doblar la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vía decreto y al reforzar las arcas del Estado de la Provincia de Buenos Aires, en desmedro del resto de las provincias por el camino del Pacto Fiscal. Mediante este último instrumento legal (de carácter complejo porque requería de la aprobación de las legislaturas provinciales) el gobierno nacional se había comprometido a no alterar el régimen de reparto, como así también lo había dejado claro en la ley de Presupuesto del año en curso. De ahí su antijuridicidad.

Reedita así (de prepo) el gobierno nacional (más no federal) la antigua y malograda disputa fundacional entre Unitarios y Federales. Transforma la grieta en zanjón y resigna a los intendentes del interior a ser meros pagadores de sueldo. Todo ello, en espantoso contraste con el exponencial crecimiento de la obra pública en la Ciudad de Buenos Aires, donde se construye en este momento una nueva y moderna Paris a costa del históricamente postergado interior profundo. 

La feroz embestida es curiosamente obra de un partido municipalista (pero de origen porteño) que decidió de facto concentrar la renta en el puerto y en los más ricos. Hace tiempo que los municipios ya no solo resuelven Alumbrado, Barrido y Limpieza: ampliaron sus actividades sobre la seguridad, la salud y la educación. Esta nueva agenda de tareas (que acontece en todos los municipios del planeta)  requiere recursos para poder disponer de autonomía. Los vecinos nos exigen a nosotros, a los intendentes, y de manera directa las soluciones inmediatas a sus problemas. No le reprochan al Presidente la inseguridad, ni las condiciones edilicias de las escuelas ni la asistencia médica. Quieren y merecen soluciones.

Buena parte de estas soluciones fueron canceladas a lo guapo el jueves pasado, dañando severamente relaciones contractuales en curso y comprometiendo la ejecución de las obras en los municipios de todo el país. Es por eso que pedimos a los diputados y senadores nacionales que rechacen el Decreto de Necesidad y Urgencia, es por eso que pedimos a los jueces federales de nuestras provincias que revoquen esta medida injusta y antijurídica y es por eso que los intendentes del interior alzamos nuestras voces para prologar la rebelión en defensa de nuestros pueblos. 

* Intendente de Tafí Viejo, Tucumán.