La Cámara Federal redobló ayer la ofensiva contra Cristina Fernández de Kirchner y le ordenó al juez Sebastián Casanello que la cite a indagatoria como supuesta coautora de lavado de dinero en una causa que tiene como protagonista a Lázaro Báez. El tribunal de alzada siempre trató de llevar el foco de esa causa hacia la ex presidenta y había sugerido su condición de sospechosa y su citación en tres oportunidades. Pero el juez consideró que no tenía pruebas suficientes. Esta vez sus superiores le advirtieron que el “sentido común”, si se miran otros expedientes en trámite, orientaría a concluir que el empresario era testaferro de ella. Frente a cada pedido para indagarla presentado por la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA) -que son órganos del Gobierno- y también del fiscal Guillermo Marijuán, Casanello había evaluado que toda la evidencia reunida en la investigación apunta a que los movimientos de dinero por más de 60 millones de dólares detectados en cuentas y sociedades en el exterior pertenecía a Báez y tenía como beneficiarios finales -incluso por su testamento- a sus cuatro hijos, pero no aparecía relación con CFK. Respecto del resto de las causas en trámite, sobre obras viales en Santa Cruz y sobre alquiler de hoteles, el juzgado siempre sostuvo que la ex mandataria tendrá los juicios orales correspondientes, pero no puede juzgarla por lo mismo.

El mensaje de fondo de este fallo de la Cámara apunta a cubrir, quizá a largo plazo, un bache que no puede resolver, al menos todavía, la causa de las fotocopias de los cuadernos del chofer Oscar Centeno: dónde está la plata de los pagos ilegales que varios empresarios confiesan. Por ahora los camaristas no relacionan el caso de Báez con el de los cuadernos, pero a falta de pruebas en un futuro todo hace suponer que buscarán la oportunidad. Lo que muestran en la sentencia de ayer -que firmaron Martín Irurzun y Mariano Llorens, con disidencia de Leopoldo Bruglia- es un juego que favorece las interrelaciones entre causas, por más que tramiten en juzgados diferentes, tengan objetos de investigación distintos, y algunas ya estén en etapa de juicio oral. Ellos deducen que si, según distintos expedientes, Báez “fue el encargado de brindar el entramado societario para captar fondos públicos”, “de vehiculizarlos parcialmente a las manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos” y “también de sacar los fondos del país para posteriormente reintroducirlos de manera de ocultar su origen”, entonces “se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández de Kirchner en estos últimos hechos, en tanto es dable entender su vinculación con, al menos, parte de esos fondos…”. De esa manera, la Cámara anuda tres causas y desemboca en CFK: la de las obras viales concedidas a Báez en Santa Cruz; los casos de Los Sauces y Hotesur (alquileres de hoteles y habitaciones); y el expediente de lavado sobre Báez, bautizado por los medios afines al Gobierno como “ruta del dinero K”, una denominación que la misma Cámara Federal usó como propia en un fallo anterior.

El caso de “la ruta del dinero”, también bautizado “caso Báez”, se originó con la aparición televisiva de Leonardo Fariña y el financista Federico Eláskar, que en el programa Periodismo Para Todos dijeron que se habían ocupado de sacar del país dinero vinculado con Baéz a través de un entramado societario. La investigación abarca desde fines de 2010 hasta 2012. Fariña se convirtió en arrepentido en este expediente, cuando todavía esa figura no gozaba de tanto fanatismo como ahora. Hubo aspectos de su relato que no se corroboraron, como envíos dinero en aviones, pero sí que se utilizó una financiera -de SGI, de hecho, se conoció una filmación donde Martín Báez, hijo de Lázaro, aparece contando dólares- y una red de sociedades (radicadas en países como Uruguay, Panamá, España) con cuentas en Suiza. A lo largo de la investigación fueron detectadas al menos una docena de cuentas en el exterior, algunas de los hijos de Báez y administradas por Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco. Por convenios bilaterales, el juzgado corroboró que entre 2010 y 2011 por Suiza pasaron unos 60 millones de dólares ligados a Báez y que 33 millones retornaron al país a través de la empresa Helvetic y se introdujeron en el patrimonio de Austral Construcciones, principal empresa de Báez. En la reconstrucción del recorrido del dinero se detectó que Leandro, Luciana y Martín y Melina Báez eran beneficiarios finales de la Fundación Kinksy, armada en Panamá, y con una cuenta en Suiza. La dirigían a la vez Chueco y Pérez Gadín. Kinksy a la vez compró la financiera SGI. Según el juzgado siempre el dinero desembocaba en el circuito de los Báez. En el testamento de Lázaro dice que sus hijos no pueden disponer de sus propiedades si muere hasta pasados treinta años desde su fallecimiento, pero reconoce que le pertenecen.  Algunos documentos de la capitalización de la empresa Austral, revelaron que el plan era que Kinksy, a nombre de todos los hijos, concentrara las acciones de Austral y sería titular de todas las propiedades en Argentina.

El nombre de Cristina Fernández de Kirchner en este expediente fue introducido, en un comienzo, por la UIF, el órgano antilavado que depende del Ministerio de Economía y que se muestra activo en varias causas contra ex funcionarios, y que introdujo la idea de relacionar este expediente con otros e imputarla de esa manera. Luego se sumaron el fiscal Marijuán, y también la OA. El arrepentido Fariña relató al declarar que Báez le dijo: “Esto lo hice yo con mi amigo”, en alusión a Néstor Kirchner, “ella no tiene nada que ver”. También contó que CFK en una ocasión lo citó a Báez porque le había llegado un informe de la embajada norteamericana que alertaba sobre los envíos de dinero al exterior. Según Fariña, Báez le contó que le negó a la ex presidenta rotundamente pero le advirtió a él: “seamos más cautos”. En ambas referencias, la ex mandataria aparece ajena al tema y parecía haber movimientos a sus espaldas.

Hasta ahora, en el juzgado de Casanello razonaban que si todas las pruebas apuntaban a que los beneficiarios del dinero fugado eran los hijos de Báez, Fariña la excluía de las maniobras, y no aparecía otra evidencia, no había ninguna razón para llamarla a indagatoria. Aun suponiendo que sean acertadas las conclusiones en otros expedientes donde se intenta mostrar una especie de sociedad entre Báez y CFK en las ganancias por obras, no se puede juzgar a nadie dos veces por lo mismo. La Cámara, igual, le ordena indagar a la ex mandataria, contra su tradición de no indicarle al juez una medida semejante, a lo sumo orientarlo. Casanello está en una situación por demás extraña, porque la cámara tampoco especifica qué debe imputar y muchos menos las pruebas.

La Cámara hace una especie de asociación libre entre causas y concluye la participación de la ex presidenta dada por “el rol” que Báez cumplió “en las operaciones delictivas que ella encabezaba” y “porque simultáneamente se encontraba integrando un grupo que se apoderaba de fondos públicos y que bajo contratos de locación y otras operaciones inmobiliarias simuladas recibía parte de esos beneficios ilícitos”. “La enorme masa dineraria que manejó Báez debe rastrearse en el rol que cumplió en los negocios delictivos de Fernández”, dicen Irurzun y Llorens, y que a ese razonamiento se llega “por vía del sentido común”. Como la acusación contra Báez, sus hijos y otros (25 personas en total) ya está en un tribunal oral, y el de las obras viales también y el resto en camino, la Cámara se ataja y dice que en algún momento habrá que “adoptar una respuesta sobre la corrección o no de un juzgamiento conjunto”. El juez Bruglia votó en disidencia, con el argumento de que el llamado a indagatoria es decisión del juez. Además, cuentan en tribunales, tampoco veía prueba contra la ex presidenta en esta causa. Hace algunos días, una versión del juzgado de Bonadío en la causa de los cuadernos, publicada por La Nación, conectaba ese caso con el de Báez y el dinero detectado allí. Era una forma de intentar explicar, a falta de indicios, dónde estaría el dinero de las coimas y retornos. Con la teoría de la Cámara de conectar causas entre sí aunque se trate de juicios encaminados, todo es posible.