Desde Córdoba

Un nuevo capítulo de los conflictos entre el modelo de agronegocios y la salud se narra por estas horas en la provincia de Córdoba. El escenario se ubica en el sudeste provincial: Canals, situado a medio camino entre Río Cuarto y la santafesina Venado Tuerto. Esta área, históricamente tambera y hoy típicamente agro-transgénica, ha vivido durante la última década una oscilante conflictividad en torno al uso descontrolado de agroquímicos. Pero de un año a esta parte, la situación se agravó drásticamente. Ante la percepción del aumento de casos de cáncer en forma sustancial, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados solicitó un relevamiento sanitario, que ya concluido confirmó sus sospechas. Las muertes por cáncer en Canals implican más de la mitad (55 por ciento) del total de fallecimientos, mientras que a nivel provincial alcanzan a menos del veinte por ciento.

Asamblea y patrulla sanitaria

Fue un grupo de habitantes del pueblo (igual que en Ituzaingó Anexo, Monte Maíz, barrio San Antonio, Dique Chico) que comenzaron a reclamar un estudio socio-sanitario, junto a mayores controles y el cumplimiento de la ley provincial 9.164 que regula el uso de plaguicidas. Por ejemplo, en su artículo 34 establece que los aplicadores terrestres deben realizar las operaciones de carga, descarga, abastecimiento y lavado en las afueras de los centros poblados. En Canals, afirman los Vecinos Autoconvocados “esto no se cumple”. Asimismo, la distancia de 500 metros desde la zona urbana para aplicaciones terrestres de los productos más tóxicos (clase I y II) que exige la ley, como así también los controles de máquinas, de aplicadores y los resguardos según temperatura y viento son letra muerta. En un comunicado enviado a este cronista, la asamblea sostiene que “todas las semanas hay que tratar de frenar las máquinas, porque están fumigando encima de la gente”. En este sentido, narran que días atrás se dio un caso donde una mujer embarazada de tres meses acudió a los Vecinos Autoconvocados porque “la estaban fumigando calle mediante, en un procedimiento que finalmente fue frenado porque no había habilitación para el mismo, y que estaba siendo avalado por un agente municipal”.  

“El descontrol de las fumigaciones, la circulación de máquinas por el pueblo, la presencia de depósitos donde lavan las fumigadoras al lado de las casas nos pusieron en alerta, mientras que en paralelo observamos cómo proliferan casos de cáncer, afecciones en la piel, malformaciones que los propios médicos que nos atienden nos hicieron relacionar con este cuadro ambiental”, explican sobre los fundamentos que los movilizan.

Un espiral que abruma

Frente a este cuadro y luego de diversos reclamos, la asamblea emprendió un estudio colaborativo junto a la Red de médicos de Pueblos Fumigados. El trabajo divulgado como ‘Una epidemia silenciosa’ fue realizado por el pediatra Medardo Ávila Vázquez, el psicólogo Carlos Zubiri, el politólogo Martín Garay y el cirujano Adolfo Estrella. El informe analiza los fallecimientos desde abril de 2017 a marzo de 2018 en este pueblo que ronda los 10.000 habitantes. Por un lado, llamó la atención que la mortalidad esperada (más allá de las causas) era de 78 muertes en un período de 12 meses, pero se toparon con 111 fallecimientos. Y a eso se agrega que el número previsible de muertes por cáncer en Canals en el período estudiado era de 22 personas como máximo, pero fueron 61. El trabajo destaca que la tasa ajustada de mortalidad por cáncer a nivel nacional es de 115 cada 100.000; mientras que la tasa bruta de Canals es de 610 cada 100.000, más de cinco veces mayor. 

Estos datos obtenidos mediante el relevamiento de una funeraria y encuestas a familiares y allegados de las personas fallecidas contrastan significativamente con un acta del Registro Civil local que indica que en 2017 fallecieron 121 personas de las cuales sólo ocho tuvieron como causal algún tipo de cáncer. Incluyendo la posibilidad de personas que no hayan sido sepultadas en el cementerio local, la diferencia en los datos es elocuente. Ese tipo de información oficial, sumado a la ausencia de políticas del intendente Carlos Peiretti llevó al grupo de activistas a impulsar acciones como el relevamiento sanitario, reuniones y pedidos formales de mayor regulación. “Ahora solicitamos más estudios para que se conozca a fondo la situación ambiental del pueblo, pero que sea hecho por académicos que vienen trabajando el tema como la Red Universitaria de Ambiente y Salud de Córdoba (Reduas), y el GEMA (Río Cuarto), porque el Ejecutivo como buena parte del Concejo Deliberante están vinculados a la actividad agrícola y no quieren avanzar en esto.”

Cuerpos no resistentes

Por su parte Avila Vázquez anticipó que complementarán el trabajo con un “monitoreo de agua de lluvia, suelo y polvillo para observar si hay contaminación con agroquímicos, y en qué nivel”, ya que es el factor principal de afectación que se ha encontrado en “estudios de otros pueblos con características similares”, como Monte Maíz o San Salvador en Entre Ríos. Además, el miembro de la Reduas solicitó a las autoridades “que se puedan contrastar los certificados de defunción con lo relevado, y que se tomen medidas inmediatas para resguardar la salud de la comunidad”. 

Uno de los demandantes de acciones concretas frente a este escenario es el médico local Adolfo Estrella, con cuarenta años de actividad en Canals. “Estamos cansados de ver casos de cáncer, y si bien uno no puede decir esto empezó tal año, sí ve que hay un aumento progresivo, y que el patrón de enfermedades ha cambiado”. En diálogo con PáginaI12, Estrella describe el panorama crítico que padecen: “Acá se fumiga a la vera del pueblo, y vemos que cada vez se usan más y más químicos, porque las plantas se hacen resistentes, y entonces tenemos un descontrol absoluto”. El médico afirma que los plaguicidas “llegan vía aire cuando fumigan, pero también quedan en la tierra y en el agua, algo que ya está estudiado”. Después “cada cuerpo reacciona de forma diferente, pero en definitiva necesitamos que no se exponga más a nadie a esto, y que se cumplan las leyes para frenar esta irresponsabilidad”.