La Unidad de Información Financiera (UIF) contestó ayer con un airado comunicado a las acusaciones periodísticas sobre su pasividad frente a la denuncia recibida contra el ex SIDE, Gustavo Arribas. El organismo a cargo de Mariano Federici se escudó en el secreto profesional para justificar no haber avanzado en la investigación por las depósitos que recibió Arribas de un financista brasileño vinculado a Odebrecht. “Esta institución no informa nunca a terceros fuera de su ámbito si recibió o no información vinculada a un caso, ni si habiéndola recibido inició una tarea de análisis, ni el estado en el que la misma pudiese encontrarse”, detalla el texto del comunicado. También hace alarde de una supuesta independencia del ente respecto del gobierno nacional y critica, sin necesidad aparente, lo hecho por la gestión anterior de la UIF. Sin embargo, el organismo se alejó en el último año de la autarquía que se le había conferido y a través de modificaciones, entre gallos y medianoches, quedó como un ala burocrática del Ministerio de Justicia y bajo la órbita de Hacienda. También perdió funcionalidad, ya que dejó de investigar lavado de dinero como delito precedente para enfocarse en terrorismo.
“Las prácticas poco profesionales de este organismo en el pasado minaron la confianza de sus fuentes locales e internacionales en la UIF, elemento central para su correcto funcionamiento, que esta nueva gestión está logrando restituir respetando el apego incondicional a la legal”, señala el comunicado con el que la UIF buscó correr el foco de atención. Pero el camino emprendido fue el contrario. Tras una dura crítica vertida a los controles del país, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un ente supranacional que se encarga de coordinar las acciones de distintos países miembro contra delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el Gobierno inició en 2010 un camino para recuperar credibilidad en esa materia y dejar de estar en la lista de observados (conocida como lista gris).
Desde entonces y hasta la llegada de Federici, la entidad había elevado el número de sujetos obligados (a informar operaciones sospechosas) de 350 a 33.400, cien veces más; lo que permitió se recibieran más de 88.250 reportes por ese tipo de operaciones; se creó una matriz de riesgo, se realizaron 6965 supervisiones extra in situ y 98 in situ; 138 actuaciones administrativas por incumplimiento, 19 sanciones por unos 225 millones de pesos y actuó como querellante en 42 causas. También se colocó a la UIF por encima del resto de los organismos (AFIP, Banco Central y Comisión Nacional de Valores, entre otros). Estos resultados permitieron salir de la lista gris.
Pero desde enero de 2016 el organismo inició la retirada. Para acompañar a Federici como vicepresidenta se postuló a María Eugenia Talerico, quien fue abogada del HSBC en al menos tres causas ante la Corte Suprema iniciadas por la UIF. “Lo que sí la UIF puede afirmar es que por primera vez desde su creación la institución funciona de manera plenamente autónoma, sin injerencias indebidas por parte del gobierno, la política, o intereses sectoriales, tal como lo requieren los estándares internacionales y la Ley argentina”, sostiene el comunicado difundido ayer por el organismo. Sin embargo, en enero del año pasado se estableció el traspaso de la facultad de Coordinación Internacional con el GAFI, Gafilat (Latinoamericano), LAVEX-CICAD-OEA, que antes lo tenía la UIF al Ministerio de Justicia.
Previo a esa modificación la UIF se encargaba de diseñar, controlar y ejecutar las distintas políticas desarrolladas e informarlas a nivel internacional para lograr resultados eficaces. En febrero, mediante un decreto, se establece que la UIF deja de ser la autoridad de aplicación de la ley 25.246 –la misma que se remarca en el comunicado para justificar el secreto de sus acciones– y otorga a dicho organismo la facultad de coordinador en materia operativa en el orden nacional, provincial y municipal en lo estrictamente atinente a su competencia de organismo de información financiera. Se convierte así en un ente burócratico que reúne datos para Justicia, pese a que en el comunicado sostiene que “una vez agotado el análisis de una operación reportada” se pone en “conocimiento del Ministerio Publico Fiscal a los fines de establecer si corresponde ejercer la acción penal”.
También se corrió el foco de sus funciones para reorganizar y coordinar investigaciones a que puedan tener impacto en el financiamiento del terrorismo. Sobre este tema, Federici había señalado que desde la UIF se buscaría “evitar la apertura de sumarios y aplicación de sanciones por meros incumplimientos formales, que pudieron haberse corregido con diálogo”. Esto está siendo cumplido por la actual administración y no hubo información de sanciones en el primer año de gestión por incumplimientos del sistema financiero. De hecho, fuentes cercanas a la Procuración reconocen que se redujo el arribo de reportes sospechosos por parte de los sujetos obligados.
Como si esto fuera poco, en junio pasado, mientras se discutía la ley de reparación de sentencias y ajuste de haberes a jubilados, se incorporó un artículo de última hora en Diputados para que la UIF pasara de la órbita del Ministerio de Justicia al de Hacienda y Finanzas, actualmente divido entre Hacienda y Finanzas. Especialistas, como los investigadores del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), alertan sobre el impacto de este desmantelamiento y desarticulación de funciones de la UIF en las próximas evaluaciones que pueda el GAFI en próximas revisiones.
