Bajo directivas de la Cámara Federal, el juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner en un expediente que tiene como personaje central a Lázaro Báez, procesado y enviado a juicio oral por lavado de dinero. La situación es insólita, porque Casanello ya le había dicho al menos tres veces a ese tribunal superior que no creía contar con pruebas que ameriten una citación a la ex presidenta como sospechosa. Está probado en la investigación que Báez fugó dinero –unos 60 millones de dólares– a sociedades y cuentas en el exterior, parte de lo cual volvió al país, pero también se constató que sus cuatro hijos son los beneficiarios finales de ese patrimonio. Sin embargo, dos camaristas le dijeron al juez que, si a la causa que él investiga le agrega las que tramitan en otros juzgados diferentes, una por contratos viales concedidos a Báez en Santa Cruz y otra por el alquiler de hoteles de los Kirchner, la conclusión es que CFK tenía vinculación con el dinero que el empresario manejaba, o dicho de otro modo, que él era su testaferro.   

La ex presidenta quedó convocada para el 18 de septiembre. La resolución de Casanello se limita a copiar dos párrafos del fallo de la Cámara Federal, de la semana pasada, que lleva las firmas de Martín Irurzun y Mariano Llorens, quienes también sugerían apelar al “sentido común” para advertir la supuesta “vinculación” de la ex mandataria con los movimientos de fondos realizados por Báez. Ellos lo planteaban de este modo: “si, según las investigaciones, Lázaro Báez fue el encargado de brindar el entramado societario para captar fondos públicos (según la causa “Vialidad” que tendrá juicio oral en febrero), de vehiculizarlos parcialmente a manos privadas de quienes entonces eran funcionarios públicos (alude al alquiler de hoteles en las causas Hotesur y Los Sauces) y también sacar fondos del país para reintroducirlos de manera de ocultar su origen, se encuentra configurada la sospecha que señalan los acusadores acerca de la participación de Cristina Fernández de Kirchner en estos últimos hechos”. Los acusadores son el fiscal Guillermo Marijuán, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Oficina Anticorrupción (OA)– estos dos últimos, órganos del Poder Ejecutivo–, que pidieron hasta el cansancio vincular a CFK con la llamada “ruta del dinero” de Báez, que Clarín bautizó “ruta del dinero K”.

Es un enigma cuál será la imputación que Casanello le exhibirá a la ex presidenta en la indagatoria y qué pruebas le mostrará, ya que no surgen del fallo de la Cámara. Lo que está en otros expedientes –como el de la obra pública y los de los hoteles– se juzga aparte y el juez siempre sostuvo que tramitan por otro carril y no se puede juzgar a nadie dos veces por lo mismo. La causa de lavado de dinero contra Báez, que comenzó con la aparición televisiva de Leonardo Fariña y Federico Eláskar diciendo que habían sacado millones del empresario al exterior, abarca maniobras entre 2010 y 2012. El juzgado corroboró la existencia de una docena de sociedades off shore y cuentas en el exterior, a nombre de los hijos de Báez, y administradas también por Daniel Pérez Gadin y Jorge Chueco, todos detenidos. Por Suiza, según verificó el juzgado a través de convenios bilaterales, pasaron unos 60 millones de dólares, de los cuales 33 millones retornaron al país a través de la empresa Helvetic y fueron introducidos al patrimonio de Austral Construcciones, principal empresa de Lázaro Báez. Según la investigación, los beneficiarios finales de todo el patrimonio eran los hijos del empresario, a través de la fundación Kinsky, armada en Panamá, y con cuenta en Suiza. El testamento de Báez padre dice que los hijos no pueden disponer de su patrimonio hasta treinta años después de su fallecimiento, pero reconoce que le pertenecen. Por esta razón, es que Casanello consideraba que no tenía pruebas que vincularan el dinero movido por Báez con la ex presidenta.

La UIF fue la que primero señaló a CFK en esta causa. En una de sus tantas presentaciones decía tener datos de inteligencia financiera que la vinculaban con las cuentas de Báez. El juez le pidió precisiones, pero el órgano nunca aportó nada concreto. Desde los inicios de esta causa fueron notables los intentos por desplazar a Casanello o generar cuestionamientos. Uno de los más grotescos fue la denuncia que partió del propio Báez, luego se apoyó en dos testigos truchos, que le adjudicaban visitas a la quinta de Olivos en 2015. Los testigos fueron procesados por falso testimonio. La Cámara Federal, lo criticó por no citar a la ex presidenta, y lo hizo tantas veces que quedó en evidencia que era el objetivo por excelencia. La orden de indagarla coincide, sugestivamente, con versiones que vinculan la causa de las fotocopias de los cuadernos de las coimas con la de “la ruta del dinero” de Báez. Como si fuera el modo de dar con el dinero que en el Gloriagate aún no aparece. La Cámara está instalando la idea de que un juzgado vaya y tome pruebas de otros casos si lo que tiene en un expediente no le alcanza. Es otra herramienta que, como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción resuelta en Casación la semana pasada, les permite a los jueces ejercer su poder como una amenaza.