El gobierno de Mauricio Macri desplazó a la salud de su gobierno al punto de dejarla sin Ministerio en una medida inédita en la historia argentina desde su creación, en 1949. En medio de medidas de ajustes dispuestas por el Fondo Monetario Internacional la Presidencia de la Nación anunció la degradación del Ministerio de Salud a una mera Secretaría. El cambio no es solo administrativo sino que implica desjerarquizar a la cartera sanitaria, quitar poder político y presupuestario y reducir a la gestión a la mínima expresión. La prevención de embarazos no buscados, de enfermedades de transmisión sexual y de la mortalidad materna caminan por una cuerda floja sin, siquiera, el marco institucional que debe garantizar evitar las muertes evitables.
La diputada Cecilia Moreau, del Frente Renovador, remarca: “Veo con mucha preocupación la degradación del Ministerio de Salud. No hay ahorro, le saca autonomía de funcionamiento, restringe potestades de planificación, retrasa agilidad y muestra cuáles son las prioridades del gobierno. La educación, la ciencia, la técnica y la salud son pilares de un país pero este gobierno toma el camino contrario y esto genera mucha incertidumbre”. Pero ella también sostiene que la posición del (ahora ex) Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein (rebajado a Secretario y bajo la órbita de la Ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, uno de los pilares de Cambiemos) en el debate por la Interrupción Voluntaria del Embarazo en donde expresó su voluntad de legalizar el aborto en el Senado de la Nación también es un motivo de venganza política. “Hay un castigo a Rubinstein por haber tomado una posición tan fuerte con el aborto”.
Por su parte, la Federación Argentina de Medicina General expresó su repudio a rebajar el rango del Ministerio de Salud a Secretaría: “Una medida de esta naturaleza atenta contra la salud de la población en tanto el ministerio es la autoridad de alcance nacional que permite generar y articular acciones, gestionar recursos y tener un rol rector sobre todo el sistema de salud. De tomarse estas medidas -amparada claramente en decisiones que pretenden achicar el rol del Estado suponiéndolo ineficiente- se cerraría el camino para la construcción de políticas de salud, que ya han sido en estos años seriamente dañadas, tales como aquellas de salud reproductiva y en programas como el de inmunizaciones. Reclamamos urgentemente se revise esta decisión”, piden en un comunicado.
Alerta VIH y ETS
El titular de la Dirección de Sida, Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis y Tuberculosis, Sergio Maulen, renunció. Mientras que las trabajadoras y trabajadores protestaron frente al edificio ubicado en la 9 de Julio con el rostro amplificado de Evita para advertir que la atención sanitaria está en riesgo. En una nota avisan: “En este contexto de fuerte ajuste y achique del Estado, el Gobierno nacional ha enviado un proyecto que implica un fuerte recorte del presupuesto de la Dirección de Sida, ETS, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra. En este marco de reducción presupuestaria, de fuerte devaluación y de proceso inflacionario, no está garantizada la continuidad de la respuesta en el acceso a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de las personas asistidas por los Programas que conforman esta Dirección”. Según contó la periodista Mariana Iglesias, de Clarín, “Maulen ya había tomado la decisión porque no aceptaba convalidar el recorte de un 25 por ciento del presupuesto destinado a prevención, diagnóstico y tratamiento de VIH, ETS, hepatitis virales, tuberculosis y lepra, pero la fusión de la cartera sanitaria con la de Desarrollo Social precipitaron el anuncio de su salida”.
Leandro Cahn, Director Ejecutivo de la Fundación Huésped, expresa: “Estamos alertas y preocupados. La renuncia de Sergio Maulen no es una buena noticia. Esperamos a ver cómo va a ser el presupuesto 2019. Entendemos que la provisión de antivirales no es una dádiva del Poder Ejecutivo. Es un derecho garantizado por ley. No queremos llevar pánico a las personas con VIH porque no hay indicios de recortes específicos más allá de todo presupuesto que tiende al ajuste. Hay que estar alertas para poder identificar problemas”.
El rechazo y las protestas generaron repercusión. Y, por las críticas, fuentes oficiales anuncian que están recalculando y rediscutiendo el presupuesto para que el aumento del dólar no haga retroceder a los laboratorios en la provisión de insumos. “Estamos intentando que el presupuesto tenga un pequeño paraguas”, dice una fuente oficial que pide reserva de su identidad. “Están viendo si aumentan el presupuesto y ponen un paraguas. Pero no sabemos que pasa con el maldito dólar. No hay paraguas que alcance para toda la lluvia que se va a venir”, advierte Mariana Iacono de la comunidad argentina de mujeres con VIH ICW. Ella subraya: “Está en riesgo la continuidad del tratamiento para las personas con vih que reciben su medicamentos en el sistema de salud público y también para las personas que el Estado resolvía la no compra de medicación en obras sociales como el caso de Catamarca. Está en riesgo poder mantener nuestro tratamiento, nuestra calidad de vida, mantener la leche maternizada para las mujeres con vih (que son madres). Esto genera malestar y angustia porque está en riesgo la vida de las personas con vih que vivimos en Argentina y contribuye a que las personas que no tienen vih se alejen de la posibilidad de resetearse”.
Anticoncepción gratuita y educación sexual en retroceso
En el marco del rechazo al aborto legal, seguro y gratuito los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres están en jaque. No solo se frenó el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), sino que se retrocedió en el reparto de anticonceptivos y la degradación del Ministerio de Salud solo anuncia un panorama más desolador. Además, también descendieron las capacitaciones del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable y, según trascendidos, para ahorrar hay borradores (se concreten o no) que promueven la idea de transferir la responsabilidad pública a manos de laboratorios privados proveedores de anticonceptivos.
La Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable (25.673) se aprobó en el 2002 y el Programa existe desde el 2003. En el 2015 se repartieron anticonceptivos a 1.067.662 personas que alcanzan al 54,1 por ciento de la población a las que se quería cubrir para que pueda disfrutar y cuidarse. En el 2016 la meta de la población cubierta se redujo a la mitad (24,5 por ciento) con apenas 485.186 personas con anticonceptivos garantizados. En el 2017 la cifra siguió baja (en 776.537 personas con acceso a DIU, pastillas, subdérmicos, preservativos y otros métodos) y en el 2018 trepo a 1.047.880 con un 52,6 por ciento de llegada a la población que se necesita llegar, siempre por debajo del 2015 y con un horizonte mucho más incierto sin, ni siquiera, el rango ministerial para el reparto de anticonceptivos.
Las capacitaciones en salud sexual y reproductiva también se redujeron a un 45 por ciento durante el gobierno de Cambiemos. En el 2015 hubo 12 capacitaciones en salud sexual para promotores comunitarios y en el 2018 solo 3. Hace tres años hubo 69 talleres de educación sexual para estudiantes y ahora apenas 2. También se redujeron las capacitaciones para equipos territoriales de 17 a 5. Y en la formación para colocar implantes subdérmicos (la anticoncepción más efectiva para evitar embarazos en la adolescencia) se paso de 20 a 2. El total de las capacitaciones se redujo de 162 a 93, según datos a los que pudo acceder Las/12. Si el panorama ya es de retroceso la rebaja ministerial hace tambalear la prevención de embarazos no buscados, la clandestinidad del aborto y los estigmas en diversidad sexual.
Mientras que la Red de Profesionales de la Salud x el Derecho a Decidir subraya: “En lo que respecta a la salud sexual y la salud reproductiva y no reproductiva de las personas venimos asistiendo en los últimos años a una reducción de las prestaciones insumos y personal de trabajo en cada territorio expresado entre otras cosas en la imposibilidad de garantizar la entrega gratuita de preservativos y otros métodos anticonceptivos generando un incremento significativo de enfermedades de transmisión sexual, aumentos de embarazos adolescentes y no deseados”. La rebaja de rango administrativo para la salud no es una cuestión de cartel, sino de retroceso en políticas públicas. Y de una enorme desprotección a médicos, médicas, enfermeras, obstétricas y anestesistas que garanticen la colocación de DIU y abortos legales, entre otras prácticas y que hoy están más expuestos por el avance de los sectores reaccionarios. “Eliminar el Ministerio de Salud generará una pérdida en el rumbo de las políticas públicas de orden nacional perdiéndose la autonomía en las decisiones en relación a la direccionalidad y a la designación de partidas presupuestarias, en un contexto de extrema hostilidad y avasallamiento al ejercicio de autonomía de las mujeres y personas gestantes ante el reciente rechazo del sector más conservador de la política a la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) una marcada presencia de grupos anti derechos opuestos a la implementación de la Educación Sexual Integral (ESI), la transformación del Ministerio en Secretaría vuelve a dejar expuestos a lxs profesionales y trabajadores de salud q sí garantizamos derechos”, reclama la Red de Profesionales de la Salud x el Derecho a Decidir.
Mejor no hablar de género y salud
En ese contexto, la palabra género y salud casi no aparecen en el programa de reforma de gobierno. Hay solo un párrafo para la salud y una línea para género. Y se habla más de ser policías sanitarios que de prevenir muertes y enfermedades evitables. En este sentido, el ex Ministro de Salud Ginés González García remarcó: “Bajar de rango el Ministerio de Salud es un símbolo feo para la gente”. Y también alertó: “Esto va a traer consecuencias para la salud. Son sagaces con los centavos y estúpidos con los millones, recortan por monedas y todos los días se fugan millonadas”, en el programa “No vuelven más”, de Fm La Patriada.
El Presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria y ex Viceministro de Salud de la Nación objeta: “Este es un retroceso histórico. Desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri fue desmantelando las políticas nacionales de salud. El Ministerio venía siendo degradado por ahogo presupuestario y falta de gestión y ahora le dan el tiro de gracia. De acá en más crecerá la inequidad social y la brecha en el acceso de salud y la Argentina queda indefensa ante cualquier circunstancia como una epidemia grave”.
También Amnistía Internacional cuestionó: “El 3 de septiembre de 2018, el gobierno anunció la reducción del número de ministerios. Entre esas fusiones están incluidos el Ministerio de Educación (que absorbió a Cultura y a Ciencia y Tecnología, ahora secretarías) y el Ministerio de Salud que fue unido a Desarrollo Social con el rango de Secretaría. Hasta el momento, el Estado no ha dado información detallada sobre el posible impacto que esta disminución de categoría de ambos ministerios podría tener ni si esta medida estará acompañada de reducciones presupuestarias en políticas y programas de educación y salud, las cuales podrían ser regresivas”.
La periodista de la Agencia TSS de noticias científicas de la Universidad de San Martín, Nadia Luna e integrante de la Red Argentina de Periodismo Científico y Tecnología Sur-Sur suma la mirada sobre el retroceso en salud y en ciencia: “La degradación del Ministerio profundiza las falencias que el sistema de salud tiene desde hace años. Esta semana, se estaba tratando en Diputados un proyecto de ley para mejorar el acceso a las vacunas en chicos y adultos. Buscaba brindar la misma cobertura a quienes viven en Capital Federal como en un pueblo rural alejado. ¿Cómo se logra esto si achican recursos? Sin una estructura nacional que lleve adelante estas acciones y coordine los ministerios provinciales no hay equidad posible”.
