La Cámara Penal confirmó ayer la prisión preventiva de Antonio Díaz, el chofer y presunto cómplice del empresario de transporte y principal acusado por la desaparición de Paula Perassi en San Lorenzo, Gabriel Strumia. Ahora, la causa quedó a un paso del juicio, ya que en diciembre el fiscal Román Moscetta presentó requisitoria contra nueve imputados. "Nuestro país tiene una triste historia sobre desapariciones. Es uno de los mayores traumas de una sociedad. Busca mayor disciplinamiento que la misma muerte", lamentó el juez Daniel Acosta al ratificar que Díaz debe seguir preso porque corre riesgo la realización del juicio. Además destacó que debió existir una "logística de entidad" en la causa, porque a cinco años de la desaparición de Paula, no hubo indicios.
Ayer la defensa de Díaz recordó que su cliente estuvo preso en 2012 por el presunto homicidio de Paula, y que la Alzada no encontró pruebas para juzgarlo en aquel momento. "Si en ese entonces no tuvo intención de fugarse, mucho menos ahora, que la acusación (de aborto seguido de muerte) es menos gravosa". Sin embargo, el fiscal Gonzalo Fernández Buzzy aclaró que "la pena mínima por los delitos de aborto seguido de muerte y privación ilegítima de la libertad (porque, según la teoría del caso, Paula fue sacada mediante engaños de su casa, para practicarle un aborto) es más alta que la mínima del homicidio".
"No hay pruebas que incriminen a Díaz", aseguró la defensa. Pero tanto el fiscal como el querellante Adrián Ruiz enumeraron la evidencia y dijeron que una de las pruebas más contundentes es que el mozo del Viejo Bar de Timbúes dijo haber visto a Díaz con Strumia y Paula, horas antes de que ella saliera engañada de su casa, en horas de la noche.
El fiscal habló de "un plan de un grupo de personas para desaparecer a Paula, en el que Díaz tuvo participación". Incluso, Ruiz agregó que se encontraron rastros de Paula en la casa del acusado. "La Fiscalía tiene convicción suficiente y elevó la causa a juicio", dijo Fernández Buzzy; quien agregó que "hay peligro de fuga y la peligrosidad procesal está dada en la sencilla razón de que Paula no apareció".
El querellante habló de un "colectivo criminal que hizo desaparecer el cuerpo de la mujer y toda la prueba. No es cualquier cosa que el Equipo de Antropología Forense haya buscado el cuerpo". Además, dijo que se trata de una "logística cuasi paraestatal", y recordó que hay cinco policías involucrados, también con acusación firme para ir a juicio.
Cuando desapareció en septiembre de 2011, Paula estaba embarazada de pocas semanas y la teoría fiscal y de los querellantes es que Strumia, que era su amante, la obligó a realizarse un aborto, ya que no quería que esa paternidad extramatrimonial le causara problemas.
Ante ello, llegarán a juicio Strumia, su esposa Roxana Michl, Díaz y Mirtha Rusñisky --sindicada como abortera--, todos por el delito de "aborto sin consentimiento seguido de muerte" y "privación ilegítima de la libertad". También se sentarán en el banquillo el ex jefe de la Agrupación Cuerpos de San Lorenzo, Adolfo Puyol y los policías Jorge Krenz, Gabriel Godoy, María José Galtelli y Aldo Gómez, a quienes se les achacó el delito de "encubrimiento agravado por ser funcionario policial".
Un año después de la desaparición de Paula, el entonces juez Eduardo Filocco procesó a Strumia y a su chofer, Díaz, ambos acusados de haber trasladado a Paula desde su casa, la noche del 18 de septiembre de 2011, hacia la localidad de Timbúes, donde se practicó un aborto. Sin embargo, la Sala 1 de la Cámara Penal revocó el procesamiento y ambos recuperaron la libertad. Ese falló llevó a que la fiscalía elaborara una nueva teoría del caso y en 2015 pidieron la detención de las nueve personas.
En agosto de ese año, el camarista Adolfo Prunotto ordenó las libertades en un fallo que recibió críticas hasta de sus propios colegas. Meses después, la Corte ordenó que se revocara la decisión y que otro camarista analizara la situación. Así, el juez Carlos Carbone avaló las prisiones. Ahora, serán todos los involucrados quienes aguarden el juicio oral en prisión.
