Jamás un fallo de la Corte Suprema despertó la protesta de cientos de miles de personas en Plaza de Mayo. Y otros cientos de miles se manifestaron en todas las plazas del país. El Presidente, miembro cabal de una elite que ni se anima a pronunciar las palabras “terrorismo de Estado”, fue el que garantizó las históricas marchas del miércoles 10. Lo hizo cuando consiguió que el abogado corporativo Carlos Rosenkrantz fuera ministro de la Corte. Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016. Este diario puede probar que el 28 de septiembre ya estaba trabajando para aplicar el dos por uno a secuestradores, torturadores y asesinos.
El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo por Rosenkrantz y el otro cortesano propuesto por Macri, Horacio Rosatti. Se agregó Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Rosenkrantz parece entusiasmado con su papel revisionista en materia de derechos humanos. Hasta dejó estampada su huella en el trámite interno de la Corte antes del fallo que confirmó la reducción de condena para Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976.
La huella de Rosenkrantz se llama Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados. Los letrados se encargan de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores del voto que luego corrige y firma el ministro.
Morgenstern es un abogado que trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es uno de sus prosecretarios letrados.
Proyecto
Desde 2011 en la Corte Suprema los expedientes internos previos a un fallo recorren un circuito que va quedando registrado en el sistema informático.
El sistema tiene una cara accesible al público y otra restringida. PáginaI12 tuvo acceso a la parte restringida. El 28 de septiembre de 2016 se produjo una novedad que aparece registrada con la palabra “información”. Y al lado puede leerse: “Asignar proyectista: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vocalía número 4: 20288020648. Morgenstern Federico”.
El proyectista es el secretario o prosecretario letrado que se encarga de darle forma al voto.
Funcionarios del Poder Judicial que pidieron reserva de su nombre explicaron a PáginaI12 que habitualmente la identidad del proyectista es conocida en la Corte pero no queda inscripta. Dijeron estar muy asombrados por el caso de Morgenstern, que además aparece con su número de CUIL completo.
“O alguien que no simpatiza con Rosenkrantz ni con Morgenstern lo quiso dejar estampado para embromarlo, o alguien que sí los quiere lo dejó asentado para que el prosecretario se gane el bronce”, fue la especulación de uno de esos funcionarios. Una tercera chance es que el propio Morgenstern haya querido pasar a la historia.
El nombre completo de la causa Muiña es “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”. Bignone ocupó todos los peldaños de la estructura militar y llegó a la Presidencia después de la derrota de Malvinas, en 1982. El “otro” es el torturador Muiña.
Rosenkrantz tuvo el expediente en su vocalía hasta el 29 de diciembre. Ese día, antes de la feria judicial de verano, lo pasó a la secretaría tercera de la Corte. El 16 de enero lo recibió otra vez. Volvió a empollarlo otros tres meses, hasta el 17 de abril.
Montevideo
Morgenstern se hizo famoso entre los abogados cuando publicó en 2014 su libro “Cosa juzgada fraudulenta”, una teoría útil para reabrir causas sobre presuntos actos de corrupción que hubieran sido cerradas por la Justicia.
El prólogo es de Rosenkrantz. Escribió que para Morgenstern la doctrina de la cosa juzgada írrita, como se llama en la jerga, debería ser usada cuando la investigación judicial no hubiese buscado la verdad sino directamente el sobreseimiento del procesado. Otra condición sería la inexistencia de riesgo de condena.
Un párrafo que Rosenkrantz rescata es el que sostiene que “en las últimas décadas” el verdadero peligro no es el Estado. “Es bastante mayor el peligro de la impunidad que (el peligro de) la sujeción a la tiranía estatal”, dice el actual proyectista del fallo sobre el dos por uno a un torturador. Lo más parecido en la historia argentina a una “tiranía estatal” fue la dictadura que gobernó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Con el dos por uno dejarían de cumplir su condena original autores de crímenes de lesa humanidad. La situación se parece mucho a la noción sobre “el peligro de impunidad”.
Recibido como una herramienta de combate por el antikirchnerismo duro, el libro fue promovido por los defensores del establishment económico y político nucleados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo una de las presentaciones. No se trata del Colegio Público de Abogados sino de la organización que apoyó con entusiasmo la dictadura, cuestionó los juicios por delitos de lesa humanidad y representa a los abogados de los grandes estudios. La revista de la entidad está dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz hijo. En vida su padre fue directivo del CACBA. También fue presidente del “colegito de la calle Montevideo”, como es conocido entre los abogados, Roberto Durrieu, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires cuando Ramón Camps era jefe de Policía y subsecretario de Justicia a nivel nacional con Jorge Rafael Videla de presidente de facto.
El colegito fue uno de los 2629 avalistas de Rosenkrantz, hasta ese momento miembro de un estudio que representaba, entre otras empresas y entidades, al Grupo Clarín en juicios contra el Estado, y a YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE.
Entre los 1428 críticos de la postulación de Rosenkrantz figuraron los organismos de derechos humanos. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que encabeza Lita Boitano, dijo que Rosenkrantz había cuestionado los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron el juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Según el CELS, tanto Rosenkrantz como Rosatti eran cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.
En febrero último la Corte Suprema, con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En cuanto a los fallos “Simón” y “Mazzeo”, la web Crimen y razón, que dirige Rafael Saralegui, recuerda que en 2007 Rosenkrantz y su actual secretario letrado José Elías polemizaron con el actual fiscal Leonardo Filippini. Para ellos hay que tener cuidado con tomar en préstamo fallos internacionales en delitos de lesa humanidad. Incluso hay que cuidarse del repudio hacia las amnistías. “Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, escribió el actual ministro de la Corte. “Los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’”, algo que no requiere necesariamente de penas.
Como académico Rosenkrantz sostenía que derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no tienen equipamiento ni están preparados para decidir este tipo de casos.
Rosatti, ex intendente de Santa Fe, tuvo entre otros avalistas al arzobispado de su ciudad. El arzobispo Antonio Arancedo es el mismo que llamó a la “reconciliación de los argentinos” justo días antes del fallo en favor del dos por uno.
Cifras
Los argentinos dieron su opinión sobre el fallo de la Corte en favor de los represores con sus pies, marchando, y con sus manos al enarbolar miles de pañuelos blancos. Una encuesta del consultor Sergio Berenzstein reveló que el 85 por ciento de los consultados está en contra del dos por uno para asesinos, torturadores y ladrones de bebés. Entre quienes votaron a Daniel Scioli el porcentaje trepa al 98 por ciento. Entre los votantes de Mauricio Macri baja a 75 por ciento. El 18 por ciento de los que votó a Macri está de acuerdo con el fallo. Primera conclusión: el núcleo duro del macrismo está a contramano de la mayoría. Segunda conclusión: el núcleo duro no alcanza para ganar un ballottage, obviamente, pero tampoco para sustentar políticas que ataquen valores democráticos tan arraigados en la población. El rechazo a la impunidad de los terroristas de Estado es uno de esos valores.
O por convicción o por necesidad, según los casos, una buena parte del oficialismo terminó formando parte de los 211 diputados y los 57 senadores que el miércoles 10 sancionaron la ley contra el dos por uno a los represores.
Rosenkrantz y Morgenstern serían el núcleo duro del núcleo duro. Nada menos que su representación en la Corte Suprema.
*Publicada el 14 de mayo de 2017.
