Los trabajadores del Astillero Río Santiago consiguieron torcer la posición de la gestión de María Eugenia Vidal y tras la toma pacífica que realizaron ayer en la planta de Ensenada fueron convocados esta tarde a una mesa de negociación para la semana próxima para analizar los descuentos salariales aplicados por el gobierno bonaerense y la reactivación de los proyectos congelados por decisión del Ejecutivo. "Estamos muy satisfechos con este entendimiento pero esperamos que cumplan con lo que se firmó. Hace un mes que el astillero está parado y no queremos ser vegetales. Necesitamos un astillero activado y con ocupación plena", reivindicó el secretario general de ATE Ensenada, Francisco Banegas.

Anoche, tras una toma de casi 12 horas del astillero, los trabajadores firmaron un acta compromiso con el interventor Daniel Capdevila, quien debió permanecer ayer en sus oficinas hasta cumplir con el reclamo de los operarios del astillero de encontrar una solución a la paralización de la planta de Ensenada. En el acta se fijó una reunión para el lunes próximo con los ministros provinciales de Economía, Hernán Lacunza, y de Trabajo, Marcelo Villegas. 

El reclamo de los trabajadores, nucleados en ATE,  es que se garantice la continuidad de la producción del astillero, se retrotraigan los descuentos salariales y se restablezcan otros beneficios que se dejaron de abonar y que, según el gremio, forman parte del convenio colectivo de trabajo.

"Ya se libraron partidas para el pago de los insumos", confirmó a la agencia NA Carolina Antognini, delegada gremial del astillero, sobre el compromiso de las autoridades de volver proveer a la planta de oxígeno y gas para retomar los trabajos de soldadura y arenado, entre otros.

Respecto de la reunión pautada para el próximo lunes, Antognini adelantó que el objetivo será que se dé marcha atrás a "los descuentos ilegales (de salarios), que son una política de este Gobierno" y buscarán además restablecer "los ítems del sueldo que sacaron, como el premio de eficiencia que es un beneficio que existe desde hace 30 años y está en el convenio colectivo".

Tras la tensa jornada de protesta de ayer, la fiscal de turno, María Eugenia Di Lorenzo, ingresó por la noche a la planta en el marco de una denuncia por supuesta "privación ilegal de la libertad" de los directivos del astillero. La causa se acumularía con otra abierta en contra de los delegados de ATE en la que se los acusa de desvío de fondos, a través de la cual se ordenaron allanamiento a la planta de Ensenada en medio del plan de lucha de los trabajadores.    

Entre los trabajos que el astillero debe terminar, la delegada mencionó el buque Eva Perón para Venezuela "que está en un 97 por ciento y requiere una inversión de 60 millones de pesos para ser entregado, mientras que la Provincia recibiría un pago de más de 200 millones de pesos por las nave". También tienen pendientes trabajos para el ARA King, buque patrullero de la Armada, y la construcción de lanchas para cadetes de la misma fuerza, señaló la delegada.

Con el acta compromiso conseguida ayer y la apertura de la mesa de negociación el lunes, los trabajadores del astillero cierran tres semanas de medidas de fuerza para reclamar la apertura de la negociación salarial y denunciar la intención del gobierno de Vidal de avanzar con un plan de despidos y achique del astillero. El plan de lucha tuvo su punto más tenso en la movilización del 21 de agosto pasado, que fue reprimida por la Policía Bonaerense y terminó con heridos y cinco trabajadores detenidos.