Desde diciembre de 2015, la tarifa eléctrica para un cliente de Edesur que consume 250 kWh por mes aumentó de 18,85 a 542,11 pesos sin impuestos, un 2775 por ciento. En el mismo período la inflación en la Ciudad de Buenos Aires, medida hasta agosto, fue de 120 por ciento. La transferencia de ingresos de los usuarios hacia las empresas viene siendo vertiginosa, pues el plan oficial apunta a revertir en apenas cuatro años el efecto que provocó el congelamiento tarifario durante más de una década. En las provincias la suba fue menor, pero también estuvo por encima de la inflación. La única medida destinada a atenuar los aumentos fue la implementación de la tarifa social con la cual se buscó proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, luego de algunas idas y vueltas el gobierno confirmó en el proyecto de Presupuesto 2019 su intención de eliminarla para cumplir con el ajuste fiscal comprometido ante el Fondo Monetario Internacional. De ese modo, se ahorrará 460 millones de dólares. Unos 4,1 millones de hogares pobres podrían perder el beneficio a partir del año próximo. Solo sobrevivirá el subsidio en aquellas provincias donde los gobernadores se hagan cargo de su costo.
Los que acceden actualmente a la tarifa social son jubilados, pensionados, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas que perciben una remuneración bruta menor o igual a dos salarios mínimos (21.400 pesos), inscriptos en el monotributo social, empleadas del servicio doméstico, trabajadores que cobran el seguro de desempleo, beneficiarios de programas sociales, personas con discapacidad y veteranos de guerra, siempre que no sean propietarios de más de un inmueble, tengan embarcaciones o un auto de hasta 10 años de antigüedad. La tarifa social bonifica el 100 por ciento de un bloque de consumo base de 150 Kwh por mes (300 Kwh en las provincias del noreste) y 50 por ciento de un segundo bloque de 150 Kwh.
En el informe presentado el 1 de agosto ante la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, detalló que, según datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA), en abril de este año 4.144.179 hogares percibieron la tarifa social eléctrica, el 29,8 por ciento del total de los usuarios residenciales. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se concentraron 1.323.442 beneficiarios, el 31,9 por ciento del total que accede al subsidio en todo el país. Sin embargo, esa cifra representa sólo el 27 por ciento de los usuarios del AMBA. Si se confecciona un ranking tomando en cuenta el porcentaje de beneficiarios sobre el total de usuarios de cada provincia, en primer lugar se ubica Santiago del Estero donde el 45,4 por ciento de los hogares de la provincia accede a la tarifa social (104.393). El segundo puesto es para Formosa con el 42,7 por ciento (67.752) y el tercero es para Córdoba con el 40,1 por ciento (480.112).
El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, presentó el lunes 3 de septiembre su plan para alcanzar el déficit cero de las cuentas primarias el año próximo. El funcionario adelantó ese día que entre las medidas para lograrlo se incluía dejar de subsidiar la tarifa eléctrica social. “Eso no quiere decir que van a subir las tarifas. La Nación va a generar este ahorro puesto que ese subsidio va a ser afrontado por las provincias y los municipios en función de la posición fiscal más holgada que cuentan con respecto a la Nación”, sostuvo. A las pocas horas quedó claro que la medida no había sido consensuada con los gobernadores. Simplemente se había decidido presentar el recorte de esa manera para tratar de minimizar el costo político.
A los dos días salió publicada en el Boletín Oficial la resolución 122/2018 que oficializó la “transferencia” a partir del 1º de enero de 2019. Allí se aclaraba que las provincias debían hacerse cargo del financiamiento. Las quejas de los gobernadores se multiplicaron y entonces desde Hacienda se informó que la medida estaba en suspenso: “En el marco de las conversaciones con las provincias, y dadas las nuevas competencias del Ministerio de Hacienda en relación a la energía, el ministerio suspenderá la entrada en vigencia de la resolución 122/2018 aprobada el pasado 3/09/2018 para su evaluación y eventual modificación”, se limitó a informar Hacienda a través de un comunicado.
Hasta el momento, las negociaciones parecieran no haber prosperado porque el gobierno ratificó en el proyecto del Presupuesto 2019 que dejará de financiar la tarifa social eléctrica. “A partir de 2019, serán las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quienes definirán las compensaciones y/o subsidios al transporte automotor dentro de sus jurisdicciones, y quienes eventualmente asumirán las erogaciones presupuestarias asociadas a dichas decisiones. Esto genera un ahorro para el Estado Nacional equivalente a 0,3 por ciento del PBI. Lo mismo ocurrirá con las tarifas eléctricas diferenciales de acuerdo a la condición socioeconómica del usuario residencial, lo cual representa un ahorro para la Nación del 0,1 por ciento del PBI”, se puede leer en el mensaje que acompaña al presupuesto. Ese 0,1 por ciento del PBI equivale a 18.415 millones de pesos, 460 millones de dólares con el tipo de cambio promedio de 40 pesos que se proyectó para el año próximo.
Fuente: Informe 112 de Jefatura de Gabinete en base a datos de Cammesa
* Buenos Aires, incluye CABA y PBA.
** Sujeto a revisión debido a posibles inconsistencias en las declaraciones efectuadas por la distribuidora provincial y las modificaciones significativas en la cantidad total de usuarios residenciales en períodos breves.
Aclaración del Informe de Jefatura de Gabinete: No se incluyen datos de Santa Cruz porque a la fecha del registro se encontraba aun regularizando su situación por la deuda con Cammesa, por lo tanto, no accedía a tarifa social. (Res Minem N° 6/16). En el caso de Chubut, debe tenerse en cuenta similar situación para Comodoro Rivadavia.
