Marcelo Rubinstein, investigador del Conicet, sobre la pandemia de la obesidad
“Las corporaciones hacen lo que quieren con la salud de la población”
En el mundo habitan 7500 millones de personas y 2000 millones tienen sobrepeso. Es el problema de salud pública número uno y requiere de Estados fuertes capaces de combatir a las corporaciones agroalimenticias. ¿Qué ocurre en el mundo? ¿Qué hace Argentina?
Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas e investigador superior del Conicet.Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas e investigador superior del Conicet.Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas e investigador superior del Conicet.Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas e investigador superior del Conicet.Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas e investigador superior del Conicet.
Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas e investigador superior del Conicet. 

“Esto es una guerra en tiempos de paz; producto de esta tremenda pandemia la gente se enferma y fallece. Lo que ocurre es que el proceso es tan lento que no se percibe en toda su complejidad. Es un combo explosivo pero en cámara lenta, por eso, nadie lo ve”, describe Marcelo Rubinstein, doctor en Ciencias Químicas e investigador superior del Conicet. Según cifras de la OMS, actualmente, existen más de 2 mil millones de personas con sobrepeso, de las cuales 700 millones son obesas. En 2017, la FAO –agencia de la ONU que se ocupa de los problemas vinculados a Alimentación y la Agricultura– y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) publicaron un informe con resultados alarmantes. El documento reveló que Argentina se ubicaba como el país de Latinoamérica y el Caribe con más hombres adultos obesos (con una prevalencia de 26,7 por ciento) y la tercera tasa de mujeres adultas obesas (con un 30.1 por ciento) detrás de Uruguay y Chile.

El sobrepeso y la obesidad constituyen el principal conflicto de salud a nivel internacional. ¿Por qué? Porque estimulan la emergencia de un rosario de trastornos y enfermedades que, tarde o temprano, emergen y suceden en catarata. Problemas cardiovasculares, hipertensión, insuficiencia renal, diabetes, várices y úlceras venosas, cáncer de colon, dificultades respiratorias, cálculos, arterosclerosis y osteoartritis encabezan la lista. Además, el aumento del tejido adiposo genera un estado crónico inflamatorio que, como si fuera poco, acelera el deterioro del sistema nervioso y adelanta el advenimiento de enfermedades neurodegenerativas. 

Hoy en día sucede algo paradójico: existen más personas con sobrepeso que con desnutrición. ¿Se trata de adictos que abrazan conductas autodestructivas, o bien de víctimas de un sistema hiperconsumista? ¿De qué manera las publicidades promueven la construcción y posterior naturalización de un ambiente “obesogénico”? El especialista hilvana una respuesta: “La desnutrición siempre estuvo asociada a las capas más vulnerables de la sociedad, pero la obesidad, en sus comienzos, empezó a afectar a los estratos con mayor poder adquisitivo. No obstante, se revirtió gracias a una estrategia de marketing y publicidad muy perversa de los grupos de la industria de agroalimentos”. 

Se refiere a la promoción de comestibles ultraprocesados vendidos a precios bajos que crean una falsa sensación por partida doble: que las personas se alimentan y, al mismo tiempo, que acceden a bienes a los cuales antes no tenían acceso. Desde aquí, las modificaciones en los hábitos de consumo constituyeron un fenómeno propuesto y constantemente reactualizado por el propio mercado y, como resultado, los humanos comen muchísimo peor que en décadas precedentes. En este sentido, ¿cómo limitar la actividad de las corporaciones? 

En Argentina, la principal resistencia se llama Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios). Por ello es que, como recomienda la ONU, la obesidad y el sobrepeso implican un conflicto de salud pública que no puede ser resuelto por personas ni por familias particulares sino por la intervención directa y comprometida de los estados. Tanto Adolfo Rubinstein –titular de la Secretaría de Salud– como el propio Mauricio Macri, durante la apertura de sesiones legislativas de este año, indicaron que la prevención de la obesidad infantil conformaba el tópico a combatir más importante del área. 

Como se puede prever, entonces, resulta fundamental ajustar los controles en el mundo de los alimentos y las bebidas. “Si bien el Estado regula el nivel bromatológico de los alimentos –esto es: que no contengan tóxicos o contaminantes– no hay una supervisión respecto del azúcar agregada y los ultraprocesados. Las empresas son capaces de recrear líquidos con sabor y olor a naranja, envueltos en sobres con imágenes de naranjas pero que, por supuesto, no son naranjas”, indica Rubinstein. Se refiere, por caso, a los típicos jugos en polvo y a los helados de palito, cuyos envoltorios incluyen las imágenes de frutas espectaculares pero que en realidad son mezclas de agua, azúcar y sustancias que recuerdan el sabor original, aunque distan bastante de aportar los valores nutricionales que aparentan. Bajo esta premisa, es posible advertir de qué manera los avances tecnológicos no siempre equivalen a progreso: en 2018, el ser humano dispone de las mejores tecnologías pero, desafortunadamente, utiliza sus conocimientos para perjudicar a la sociedad.

Hace apenas dos años, en Inglaterra, detectaron que el aumento de los índices de obesidad tenía estrecha relación con el consumo sostenido de las famosas papas fritas de paquete. Como resultado, el Estado incrementó los impuestos a los productores de snacks. Algo similar ocurrió en México con las bebidas azucaradas. En noviembre pasado, Argentina intentó hacer lo propio con un impuesto para regular el consumo de gaseosas pero se chocó de frente con dos lobbies. Uno en Tucumán que, a través del gobernador Juan Manzur –paradójicamente, ex ministro de Salud– amenazó con que de continuar con la propuesta, los legisladores tucumanos no votarían la ley de reforma previsional. Por supuesto que al mandatario provincial lo que le preocupaba era defender la industria azucarera tucumana en detrimento de la salud de la población. El otro, como era de esperar, vino del lado de los empresarios: la división argentina de Coca Cola presionó lisa y llanamente con abandonar su programa de inversiones en el país. En efecto, la iniciativa se cajoneó. 

Nuevas etiquetas

El Gobierno anticipó que el mes próximo lanzará un plan nacional de etiquetado frontal para robustecer la prevención del sobrepeso y la obesidad infantil, ya que afecta al 40 por ciento de los niños. “El mejor ejemplo de todos lo constituye Chile, con una especie de semáforo voluntario cuyo objetivo es la advertencia. Se realizó un excelente trabajo de psicología: como los humanos toman sus decisiones en cuestión de segundos emplearon símbolos susceptibles de ser rápidamente interpretados con información contundente. Se trata de un octógono negro que con letras blancas notifica a los consumidores que el comestible que está a punto de llevar al changuito es ‘alto en azúcar’, ‘alto en sal’, o bien, ‘alto en grasas trans”, narra Rubinstein. De esta manera, si el producto reúne dos octógonos negros ya no puede ser publicitado por medios de comunicación o en la vía pública. Se trata de una estrategia imitada por Uruguay, Perú y Canadá que, aunque no prohíbe la venta apunta a la reconversión de la industria. No es casual que la propia Coca-Cola haya incluido la leyenda “sin azúcar” en su etiquetado, en reemplazo paulatino de sus variantes “light” y “Zero”, ambigüedad intencional –artimaña marketinera– para confundir al consumidor.  

No obstante –a pesar de que ya están demasiado grandes y pueden defenderse solas– las corporaciones no luchan en soledad. Por el contrario, sostiene el químico, “cuentan con el auxilio de médicos y políticos comprados por estos lobbies. De la misma manera ocurre con el complejo de la industria farmacéutica que trabaja codo a codo con los visitadores médicos cooptando especialistas para asegurarse la venta de los productos”. Y completa: “¿Qué mejor para las farmacéuticas que tener a millones y millones de personas enfermas con diabetes, afecciones cardiovasculares y cáncer como resultado de la obesidad?”. 

Los Estados gastan un dineral considerable en remedios para curar enfermedades que son absolutamente prevenibles. Sin embargo, ante la falta de planificación sus pretextos eluden el abordaje directo de la problemática. De todos, el preferido es el de la “multicausalidad”. ¿En qué consiste? Según Rubinstein, “a veces se vuelve tan ‘multi’ el problema que se torna inabordable. Se culpa al sedentarismo provocado por el delivery y los medios de transporte, cuando el problema fundamental es la libertad que tienen las corporaciones para hacer lo que quieren con la salud de nuestras poblaciones”. El Ejecutivo, mientras tanto, insta a los ministerios de Salud, Producción y Agroindustria a ponerse de acuerdo, aun a sabiendas de la imposibilidad manifiesta.  

Para quienes gustan de emplear la memoria, esta es una situación muy similar a la que sucedía cuando el mundo advirtió que fumar causaba cáncer de pulmón y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). En muchos países, el lobby industrial cedió frente a un concepto de salud pública que priorizaba la defensa de la población. Hoy, “aunque no está prohibido fumar, se ganó la batalla cultural: no hay una persona que ignore todos los males que conlleva el consumo de cigarrillos. No obstante, durante mucho tiempo creímos que si fumábamos éramos más piolas y teníamos más chances en el amor”, dice.

En un mundo poco entrenado para respetar las diferencias, el estigma social que deben revertir las personas obesas tornan la situación aún más compleja. Como todo problema de salud pública implica librar una batalla económica, política y cultural y, desde aquí, la sociedad requiere de representantes comprometidos y capaces de ponerse en puntitas de pie y observar más allá de la medianera del presente. “Las nuevas generaciones de jóvenes vivirán menos que sus padres, ya que la malnutrición afecta la calidad de vida de manera notoria y perjudica, a largo plazo, la expectativa de vida. Los políticos no advierten que si no modifican la legislación del país, sus hijos vivirán menos que ellos”, concluye Rubinstein.

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