Ayer se realizó una reunión en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UBA anunciada como “clase pública” sobre el sistema judicial actual. El aula es enorme, pero quedó pequeña, al punto de que fue superado largamente el número de asistentes sentados. La reunión comprometía a quienes, por fuera de una pertenencia política específica, abogan por un Poder Judicial quizás no exento de errores, pero probo e imparcial, sólo sometido a las leyes de este país, libre en sus decisiones de toda otra influencia. El momento actual de la administración de justicia dista burdamente de tal desarrollo, sobre todo en materia penal y en la competencia federal, no sólo por inmiscuirse allí, inconstitucionalmente, el PEN y la presidencia de la Nación, sino, antes bien, por los desvaríos jurídicos de jueces y fiscales. Voy a ser sincero: me dolió que los medios de este país, tanto oficiales, “oficialistas” u “opositores” –en lenguaje sintético– no se ocuparan de esa reunión, en cierta manera académica, con participación de todos los claustros universitarios y de otros ciudadanos interesados en el funcionamiento del poder judicial nacional. Según creo, apenas un medio dio cuenta mínima de la realización de esta “clase”. Escribo, precisamente, para intentar cubrir ese vacío y procuraré publicar en los medios que me han distinguido con aprecio por mis intervenciones. Voy a ser doblemente sincero. Más allá de justificaciones -que seguramente las habrá-, mayor fue el dolor al no hallar en esa reunión a varias de las personas que han trabajado conmigo o fueron mis alumnos en esa Facultad. La amplitud política y la propuesta de la convocatoria frente al descrédito actual de jueces y del ministerio público merecía la concurrencia de los comprometidos con ese poder del Estado y de los ciudadanos preocupados por esta inédita situación. Sin jueces y funcionarios judiciales probos e imparciales (en Berlín) desaparece el Estado de Derecho (en Alemania), según la célebre anécdota que tiene por uno de los protagonistas al emperador alemán, Federico II (a) El Grande.

De todos modos, Iniciativa Justicia se une a una serie de desarrollos culturales –Carta abierta, Justicia Legítima, Foro por una nueva Constitución, etc.– que, sin mayor institucionalización y acople, reaccionan frente al momento que vive nuestro país, triste por cierto. ¡Ojalá ellos logren trazar una senda común futura que otra vez nos muestre al mundo como Nación integrada, que alberga incluso a distintas nacionalidades originarias y conquistadoras! A mí ya no me alcanza el futuro, por venturoso que sea, pero quisiera que si alcance a mi nieto. En tren de colaborar para ello, diré que creo necesario la creación de una nueva institucionalización que, a mi juicio, debe partir del poder superior de la Asamblea nacional –verdadera representación del Estado–, promotora de las políticas públicas mediante la ley, que obligue tanto a los encargados de ejecutar sus mandatos (PEN) como a los organismos judiciales (poder judiciario) y controle su cumplimiento efectivo. 

Claro es que esta organización nacional, como cualquier otra, por perfecta que ella pueda ser, necesita de jóvenes políticos, patriotas venerables y capaces que, dicho de manera general y sin desprecio, no parecen existir en el presente inmediato. ¡Ojalá surjan en el futuro!

Julio Maier: Profesor emérito UBA.