Después de diez años de iniciada la causa, con dos allanamientos anteriores, varias pericias contables y dos sobreseimientos, el juez federal Luis Rodríguez ordenó un nuevo allanamiento al departamento (alquilado) del ex ministro de Julio De Vido; la chacra de Zárate propiedad del ex funcionario y su esposa, los departamentos de los tres hijos y unos lotes ubicados en Córdoba. Según parece, la decisión del magistrado, por pedido de la fiscal Alejandra Mangano, se originó en que declaró en la causa de las fotocopias de los cuadernos el encargado del edificio donde viven De Vido y su esposa, Alessandra Minicelli. El trabajador sostuvo que poco antes de un allanamiento anterior, personal de la custodia de la Policía Federal se llevó una caja fuerte del departamento de la familia De Vido. Según señaló en su momento Minicelli se trató de un archivero de regular tamaño. En el procedimiento de ayer, la esposa de De Vido le demostró a los efectivos enviados por Rodríguez que por las puertas del departamento ni siquiera entra una caja de seguridad normal, de las usadas en los comercios. 

Uno de los grandes problemas que enfrentan los magistrados del fuero federal es que armaron un enorme expediente –el de las fotocopias de los cuadernos– poniendo en el centro de la escena a Cristina Fernández de Kirchner, a De Vido y a Roberto Baratta, ex número dos del Ministerio de Planificación. Les adjudican movimientos de unos doscientos millones de dólares en coimas en el marco de una asociación ilícita destinada a enriquecerse personalmente. El problema es que ni a CFK ni a De Vido ni a Baratta les han encontrado dinero, cuentas, sociedades ocultas en el exterior, bóvedas o propiedades no declaradas. Eso se le encontró a funcionarios, pero de la actual administración. 

De Vido no está detenido por esta causa de enriquecimiento ilícito sino por otra vinculada a Río Turbio, la mina que el gobierno de Cambiemos está a punto de cerrar. Durante el kirchnerismo se puso en marcha no sólo la mina sino otras obras, rutas, infraestructura y un tren turístico. En la causa de fondo, por sobreprecios u obras no terminadas, De Vido fue sobreseído. En cambio se armó otro expediente donde se le cuestionó al ministro que se hayan firmado convenios tripartitos para trabajos de consultoría como la evaluación del impacto ambiental, la contratación de personal, el control de compras, la verificación de materiales, entre otros estudios. Los convenios fueron firmados por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la provincia de Santa Cruz y el Estado nacional. Ya se sabe que el macrismo prefiere las consultoras privadas y arremetió con acusaciones sobre esos convenios. De manera insólita, De Vido fue desprovisto de los fueros y detenido, sin que exista ni juicio ni condena.

La causa por enriquecimiento ilícito tiene diez años. Se inició en 2008, a raíz de un programa de televisión. A lo largo de la década, el departamento de los De Vido fue allanado dos veces y con la de ayer, tres. Los oficiales enviados por el juzgado y la fiscalía se dedicaron básicamente a sacar fotos de la documentación, de los distintos ambientes y los objetos de la casa. 

“Esto se hace con el claro objetivo de amedrentar a la familia del diputado  –señaló el abogado de De Vido, Maximiliano Rusconi–. Quieren forzarlo a un hipotético quiebre y supuesto arrepentimiento. Como lo hemos dicho en más de una ocasión, se trata de la peor versión de un sistema inmoral de extorsión basado en no sólo el uso del imputado como órgano de prueba, sino que se llega hasta el extremo de utilizar el dolor familiar como presión psíquica sobre el que ya está sufriendo las consecuencias de una detención ilegítima”.

La novedad de ayer fue el allanamiento en los domicilios de los hijos del ex ministro, Santiago, Facundo y Valeria, que según cuentan en el entorno familiar, alguno de ellos no es siquiera propietario de su vivienda. “Son excursiones de pesca”, sostuvieron los allegados, es decir que la fiscalía y el juzgado se lanzaron a allanar para ver qué encontraban, al punto que los oficiales que concretaron el allanamiento no tenían muy en claro el objetivo de la búsqueda. El otro objetivo claro es extender la presión psicológica avanzando sobre los hijos. 

Respecto de la declaración del encargado, tomada a escondidas sin control de la defensa de De Vido, sólo trascendió la mención de que la custodia bajó una caja fuerte desde el departamento, tiempo antes del allanamiento anterior, ya en el gobierno de Cambiemos. La custodia estaba a cargo de efectivos de la Policía Federal, por lo cual no parece probable que el ex ministro haya convocado a los uniformados para algo irregular. La esposa de De Vido contó que lo único que se movió alguna vez fue un archivero de su propiedad, ya que ella trabaja en ese departamento.