Desde Santa Fe

El intendente de esta ciudad, José Corral, propuso como vocal del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Santa Fe a un imputado en la megaestafa del dueño de Bolsafe Valores y BV Emprendimientos, Mario Rossini. Se trata del contador Germán Huber, uno de los 19 ex directivos del Mercado de Valores del Litoral que están bajo la lupa de tres fiscales federales: Walter Rodríguez y los jefes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Gabriel Pérez Barberá y María Laura Roteta, quienes hace dos meses le pidieron al juez Francisco Miño que cite a los 19 denunciados a prestar declaración indagatoria como supuestos “cómplices primarios” de las maniobras de Rossini, pero el magistrado demora la resolución. Huber integra el esquema político de Corral: se desempeñó como síndico general del municipio entre 2007 y 2011 durante el gobierno del hoy embajador argentino en Montevideo, Mario Barletta y luego asumió como vocal y presidente del Tribunal de Cuentas de la provincia, desde 2011 hasta 2018.  

La decisión del intendente de promover a Huber en el organismo que debe controlar sus actos se conoció esta semana en el programa de TV “Rueda de Prensa” que publicó la propuesta y los antecedentes del candidato. El plazo para presentar “impugnaciones” y “toda otra circunstancia que se considere de interés respecto del postulado” vence el 19 de octubre, a las 10. Y en la página del gobierno de la ciudad se puede consultar su currículum de 25 páginas, que repasa su trayectoria académica y profesional, pero omite el cargo que lo complica: durante dos años, desde junio de 2006 a junio de 2008, presidió la Comisión Fiscalizadora del Mercado de Valores del Litoral, según el informe de la Procelac.

Huber es el segundo funcionario cercano a Corral que integró el directorio del Mercado de Valores y tiene pedido de indagatoria. El otro es el contador Pablo Tabares, ex secretario de la Producción de su gabinete, entre 2011 y 2015 y hoy director de la Agencia de Cooperación Internacional, Inversiones y Comercio Exterior del gobierno de la ciudad. Tabares operó en el Mercado de Valores durante una década: cuatro años como director titular, entre 2003 y 2007 y otros seis, como secretario del directorio, desde 2007 a 2013, dice la Procelac.

El abogado defensor de Tabares y de otros diez imputados en la causa, entre ellos el ex presidente del Mercado de Valores, José María Candioti (ex ministro de Economía de Carlos Reutemann) ya le pidió al juez Miño que “desestime la pretensión fiscal de llamado a indagatoria” de sus defendidos.

En el dictamen de Procelac que denuncia a los ex del Mercado de Valores, Huber se lleva cuatro menciones, igual que Tabares y los demás:

*Lo señalan entre los “directivos y funcionarios” que “debían ejercer el control sobre los agentes de bolsa”, el cargo que ocuparon y la fecha de desempeño.

*Lo indican en otro capítulo que relata la falta de control a Rossini y sus socios. “Las personas señaladas tenían el deber de supervisar el accionar de los coautores y, eventualmente, realizar contribuciones para impedir la comisión de los delitos" que se investigan. "Sin embargo, estas personas no llevaron a cabo tales tareas, lo que obliga a responsabilizarlos” por una supuesta “omisión delictiva”, plantea Procelac.

*Lo apuntan en la “conclusión” del documento. “Tenían un deber especial de controlar la actividad de los coautores de los delitos en cuestión”. Un presunto “incumplimiento reiterado de esos deberes de control dio lugar a un aporte sin el cual los delitos no se habían producido en su configuración concreta”, expresa.

*Y por último, cuando Procelac aborda “el estado de sospecha sobre los involucrados” y concluye que hay pruebas suficientes para solicitarle al juez Miño que los “convoque a prestar declaración indagatoria”, que es lo que ocurrió.  El dictamen del Ministerio Público es del 23 de agosto, el fiscal Rodríguez solicitó las indagatorias el 13 de setiembre. Y a la semana, el 21 de setiembre, la defensa ya le planteó al juez que desestime la “pretensión fiscal” de indagar a sus defendidos. Miño aún no tomó una resolución.