Un programa para combatir la igualdad
Imagen: Pati-Jorh

Aunque las encuestas de 2018 coinciden  en la caída de imagen del presidente Mauricio Macri desde diciembre de 2017, al mismo tiempo, sorprende un contraste: por un lado, el ritmo aceleradísimo en que se viene deteriorando la situación económica y social: en apenas unos meses el valor del dólar se triplicó, la inflación calculada para 2018 en el 10 % hoy ya se la ubica en cerca del 50%, y el gobierno pasó a la desesperación de acudir al FMI como último prestamista, y a los 3 meses a replantear el acuerdo por incapacidad de pago, entregando la soberanía monetaria. 

Sin embargo, la caída de imagen de Macri y su gobierno se desliza en un suave tobogán, como si el conjunto de la sociedad no registrara la verdadera gravedad de lo que pasa, y aún permanece un 35 % de ciudadanos que volverían a votarlo en 2019. Por supuesto que normalmente no es esperable que quien votó y volvió a votar a una fuerza cambie de orientación en cuestión de meses. Pero, ¿cómo es la fractura que hay entre los hechos de dominio público y la conciencia ciudadana?

Aún aceptando las limitaciones y los vicios que afectan a las encuestas, algo nos dicen.

Es obvio que en ese 35 % fiel a Cambiemos se encuentran,  por supuesto,  los sectores beneficiados por las políticas del gobierno y aquellos otros que están sentados sobre dólares y poseen un patrimonio fuera del circuito nacional, que no son pocos (de hecho, hay aproximadamente un 12% de la sociedad que opera con dólares,  y los argentinos tienen en ahorros que están fuera de los circuitos de su economía una cifra imprecisa pero que oscila entre 300.000 y 400.000 millones de dólares, algo así como el 70% de un PBI). 

Supongamos que ese sector es una minoría dentro del 35% que apoya a Macri. No es difícil pensar que el resto de ese 35%, aún admitiendo, como hoy se escucha, que “este gobierno me decepcionó”, piense “pero lo otro es peor”. 

Y no es disparatado imaginar que todo ese conjunto fiel al macrismo podría estar considerando que los indicadores negativos son “daños colaterales” dentro de un programa de gobierno  –un programa tácito, no explicitado del todo en las campañas de 2015 y 2017, pero bien real– que se viene cumpliendo.

¿Qué clase de programa tácito se viene cumpliendo? Pienso en algunas consignas, dentro del programa no explícito o pacto de Cambiemos con sus votantes:

  • Barrer al populismo, y perseguir a sus ex funcionarios para conjurar el riesgo de que vuelvan al poder.
  • “Combatir la corrupción K”. Sólo la corrupción K, sobre la certeza de este 35% de que “se robaron todo”.
  • Mejorar “el clima de negocios” ofreciendo todo tipo de facilidades y eliminando trabas para que los inversores se decidan a venir. “Aún no llegan por temor a que vuelva el populismo”. Mucha gente cree que la multitud de favores a los grandes capitales es condición para que se interesen en invertir.
  • Dar prioridad a los negocios vinculados a las grandes fuentes clásicas de divisas de Argentina: la exitosa actividad primaria del campo y la minería.
  • Disciplinar a la fuerza de trabajo.
  • Poner en caja a la dirigencia sindical y al activismo militante.
  • Establecer un orden no tolerante con las protestas y cortes de calles, y dispuesto a reprimir.
  • Dinamitar la integración latinoamericana, que “nos acercaba a Venezuela, a Cuba y a los gobiernos de izquierda”.
  • “Reinsertarnos en el mundo” alineándonos con los poderes reales y dejando de lado los antiimperialismos y los independentismos, “que nos aislan”.
  • Terminar con las fantasías colectivas igualitarias para reforzar un orden social que respete jerarquías y méritos.

Creo que el último punto nos lleva a algo que está en el núcleo del rechazo a la ex presidenta y a su fuerza política, y en las esperanzas puestas en el empresario presidente de que proteja un orden “donde cada uno ocupe el lugar que le corresponde”: cada vez que un referente de Cambiemos se aparta por un momento del discurso coucheado, se filtra un fragmento de la verdad del programa implícito, del modelo jerárquico de sociedad que comparte con su núcleo duro. Así, Javier González Fraga dijo en mayo de 2016: “Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio... Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.

Y, si podemos atribuir a la mirada de González Fraga una fuerte marca  de la clase alta, hay que decir que el titular de UCR, un partido ligado históricamente a la clase media, convalida la mirada clasista en boca del titular del partido:

En 2010, Ernesto Sanz opinaba que la asignación universal por hijo “se está yendo por la canaleta de la droga y el juego”. Y agregaba que los planes de cooperativas activos en los movimientos sociales para lo único que sirven es “para generar esos ejércitos que bloquean la Capital”.

Y María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia con mayor número de pobres, interpelaba en junio de este año a su auditorio del Rotary Club:  “¿Es de equidad que durante años hayamos poblado la Provincia de Buenos Aires de universidades públicas cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad?”.

Se trata, claro, de una certeza, un modelo de sociedad desigual indiferente a los datos de la realidad: Porque, claramente, hubo un aumento en la cantidad de  personas de bajos ingresos que viven en el Conurbano y asisten a universidades nacionales. La Provincia de Buenos Aires tiene 22 universidades nacionales públicas. De ese total, diez fueron creadas en los últimos 15 años, todas durante las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernandez de Kirchner . Del total de 22 universidades, 14 están ubicadas en el conurbano bonaerense.

El informe http://observatorio.unipe. edu.ar/wp-content/uploads/2016/08/Dossier-del-Observatorio-Educativo-de-UNIPE-Universidad.pdf de la Universidad Pedagógica Nacional (UNIPE), en base a datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, sostiene que en 2015 había 315 mil personas que residían en el Gran Buenos Aires que asistían a universidades públicas, la mayoría a establecimientos ubicados en el conurbano.

De esas 315 mil personas, casi el 12% pertenecían al sector de menores ingresos, es decir, al 20% más pobre de la población del conurbano.

Es obvio que quien nace en un hogar pobre encuentra muchas más dificultades para acceder a los estudios superiores. Pero también está demostrado que cuando desde el Estado se implementan políticas activas, esas personas pueden torcer su destino.

Es decir, que un  gobierno tiene la opción de convalidar su creencia de que no es para los pobres ir a la universidad, y procurar desactivar ese esfuerzo del Estado, como lo hacen Macri y Vidal, o cuestionar el orden desigual creando universidades que faciliten el acceso de aquellos jóvenes de menores recursos.

El sociólogo Francois Dubet lo plantea así: “Los pobres, se dice, roban a la seguridad social, los desocupados ‘abusan´ de sus derechos, y los barrios populares se han convertido en zonas de no derecho. Muchos consideran que es hora de dejar de lado la corrección política que nos impide llamar a las cosas por su nombre: los ‘árabes’, los ‘negros’, la ‘gentuza’, las ‘putas’, los ‘maricones’, los ‘coimeros’”. Su libro se titula “¿Por qué preferimos la desigualdad?, aunque digamos lo contrario”.

La idea de que el “populismo se robó todo” acompañada de la indulgencia hacia la corrupción del macrismo es una muestra de que el voto del 35% no es de naturaleza ética, aunque se disfrace de tal, sino que se está rechazando 12 años de políticas igualitarias. Y, por lo visto, ese sentimiento puede ser visceral y a prueba de daños.

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