A tono con la criminalización de la protesta social que promueve el gobierno nacional, la Justicia Federal de Córdoba imputó por el delito de usurpación a 29 personas –estudiantes en su mayoría– que durante casi un mes tomaron el Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, en reclamo de más fondos para la educación pública. En el año del centenario de la Reforma, la decisión fue repudiada docentes de la UNC. “La protesta es un derecho consolidado en la Argentina. No es un crimen. La autonomía universitaria ofrece un marco adecuado para tramitar –sin violencia– las demandas de los claustros”, señala la declaración firmada por numerosos profesores.
La protesta se desarrolló del 29 de agosto al 28 de setiembre, en el marco de reclamos universitarios en todo el país. La fiscal federal Graciela Filoñuk imputó a 28 estudiantes y a una docente por el delito de usurpación que, según el Código Penal, establece penas que van de tres meses a tres años de prisión. Los acusados fueron citados a indagatoria la semana que viene.
“No podemos tomar edificios ni impedir que funcione la universidad”, apoyó el decano de Ciencias Agropecuarias, Marcelo Conrero, con un discurso pro disciplina. “La toma de edificios tendría que ser expulsión directa”, siguió.
En rechazo a la avanzada judicial se pronunciaron más de 40 docentes. “La imputación penal a estudiantes que ejercen el derecho a la protesta política pone en riesgo la libertad de expresión y la salud del debate público argentino. El efecto se sentirá dentro y fuera de las aulas”, señala el texto (http://protestanoesdelito.blogspot.com), que concluye: “El derecho penal no es la herramienta para encauzar el diálogo. Llamamos a la comunidad universitaria y al pueblo de Córdoba y del país a manifestar su solidaridad con el estudiantado bajo imputación. Convocamos también a expresar un firme rechazo al intento de encuadrar la protesta como un delito.”
