Proyecto de ley de regulación del mercado de alquileres
Una demanda de inquilinos
La propuesta es la extensión del contrato de alquiler hasta los tres años en lugar de los dos años vigentes y la actualización del precio en función de una fórmula compuesta por el IPC-Indec y el coeficiente de variación salarial.
El presidente Mauricio Macri presentando el proyecto de ley de alquileres.El presidente Mauricio Macri presentando el proyecto de ley de alquileres.El presidente Mauricio Macri presentando el proyecto de ley de alquileres.El presidente Mauricio Macri presentando el proyecto de ley de alquileres.El presidente Mauricio Macri presentando el proyecto de ley de alquileres.
El presidente Mauricio Macri presentando el proyecto de ley de alquileres. 
Imagen: NA

El Gobierno presentó un proyecto de ley de regulación del mercado alquileres que contempla, entre sus puntos salientes, la extensión del contrato de alquiler hasta los tres años en lugar de los dos años actuales y la actualización del precio en función de una fórmula compuesta por el índice de precios del Indec y el coeficiente de variación salarial. Hay obligación de registrar el contrato ante la AFIP, se establece que se requerirá un mes de depósito cuya devolución debe estar actualizada por inflación y se facilita el acceso a garantías. Desde la entidad Inquilinos Agrupados esperan que “el tratamiento sea rápido y que cuente con el apoyo de todos los bloques, para poder llegar a fin de año con un proyecto aprobado por unanimidad por ambas cámaras”. Se calcula que en la actualidad hay unos siete millones de inquilinos en todo el país. 

Más allá del creciente grado de organización de las entidades de inquilinos, la regulación del mercado de alquileres aparece en un momento de crisis económica y fuerte incertidumbre a corto plazo. La última vez que se introdujeron regulaciones sobre los alquileres fue en el contexto de hiperinflación durante el Gobierno de Raúl Alfonsín a fines de los `80.

El Gobierno anunció ayer que el proyecto enviado al Congreso define una duración mínima de tres años en el contrato del alquiler, lo cual implica la reducción de costos de renovación para el inquilino. El precio del alquiler se actualizaría de forma semestral bajo un índice de promedio entre inflación (IPC) y salario (CVS). El contrato de alquiler deberá ser registrado de forma obligatoria ante la AFIP, lo cual tiene el objetivo de blanquear el mercado de alquileres. Se establece también que el inquilino debe abonar un mes de depósito para los tres años de contrato y ese monto se devolverá actualizado por inflación durante el último mes del alquiler.

El proyecto también define que las expensas extraordinarias y los impuestos que gravan la propiedad estén a cargo del propietario y que la negociación de la renovación se realice con 60 días de anticipación al término del contrato. Además, se establece como posibilidad de garantía real el aval bancario, seguros de caución, garantía personal con certificado de ingresos o garantía de fianza. Se espera que los bancos aprovechen el negocio de emisión de seguros de caución. 

“Por un lado, el Gobierno busca intervenir la rentabilidad del mercado inmobiliario a través de la lay de alquileres. Por el otro, entrega un gran negocio a las constructoras a través de las exenciones impositivas (ver nota aparte)”, analizó Gervasio Muñoz, presidente de la entidad Inquilinos Agrupados.

La mayor regulación pública en el mercado de alquileres es una demanda que aumentó de volumen en los últimos años en línea con el persistente deterioro de las condiciones de acceso a la vivienda y el fuerte encarecimiento del mercado del suelo en las grandes ciudades. Desde la entidad Habitar Argentina analizan que “el mercado inmobiliario urbano reproduce continuamente expectativas de renta especulativa y de esta manera eleva sistemática y artificialmente los precios del suelo y promueve un continuo proceso de segregación. En este contexto, se incrementan las tomas de tierra, la precariedad y la desigualdad. Frente a esta situación, las políticas tendientes a alcanzar un hábitat digno para todos los sectores deben ser parte indisoluble de un modelo de desarrollo justo”.

Según esa caracterización, la problemática habitacional requiere medidas múltiples, desde políticas territoriales, regulación del suelo y regularización de la tierra rural y urbana, entre otras, hasta la regulación del mercado de alquileres. “Este anuncio recupera parte de las demandas históricas de organizaciones sociales que insistimos en la necesidad urgente de implementar políticas públicas para un funcionamiento más inclusivo y justo del mercado de alquileres a nivel nacional. Es necesario que al proyecto anunciado se incorporen medidas para garantizar el acceso a la vivienda a grupos vulnerados –entre ellos, mujeres víctimas de violencia de género–, para garantizar la implementación del alquiler social, para regular un modelo de contrato de alquiler justo. Además es necesario sumar una política de incorporación de inmuebles ociosos a la oferta de alquiler, entre otros”, señaló ayer el CELS en un comunicado.

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