La diputada provincial Claudia Giaccone mantuvo una reunión con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, Rafael Gutiérrez donde conversaron sobre diversos temas que preocupan a los santafesinos. “Cuando uno camina la provincia recibe la alarma de los vecinos de nuestra provincia sobre los hechos cotidianos de inseguridad. Por supuesto que los temas económicos como tarifas, inflación, deterioro de la calidad de vida son también motivo de preocupación, pero la falta de seguridad significa además temer por la propia vida”, dijo la legisladora. “Esta situación alcanza ya a las comunidades pequeñas, no solo a las grandes ciudades, por eso consideramos de interés tener este momento de intercambio con el Presidente de la Corte Suprema”, agregó.

La oportunidad permitió además que la diputada Giaccone expusiera los aspectos que incluye su Proyecto de Ley para que se cree la Agencia Fiscal Especializada en Delitos Informáticos (AFEDI), la cual dependería del Fiscal General de la Provincia, y tendría asiento en las ciudades de Santa Fe y Rosario. El mismo será tratado en la Cámara de Diputados de Santa Fe en pocos días más.

“La masificación del uso de la informática, producto de la nueva era tecnológica, ha traído aparejada también la comisión de numerosos delitos efectuados a través de esos medios. Es por ello que, a los fines de atacar y combatir el cibercrimen, es menester contar con las herramientas adecuadas”, expresó la diputada.

“Por ello proponemos que la AFEDI abarque todas las aristas del delito informático. Creemos que la presente, se constituirá en una herramienta valiosa y efectiva para la prevención y combate de esta problemática”, concluyó Giaccone.

En paralelo Rosario/12 publicó este domingo que el gobernador Miguel Lifschitz le pidió a Maximiliano Pullaro que reimpulse en el ministerio de Seguridad el área de investigaciones patrimoniales, con el afán de mejorar la persecución fiscal al lavado de activos y de dinero en el orden provincial. Por eso el nuevo director de esa oficina, Ramón Soques, despliega por estos días una agenda de reuniones con colegios profesionales y Corte Suprema, y apura convenios con distintas áreas del Estado para agilizar el acceso a información sensible. “Vemos que en ciertas causas penales sobre organizaciones criminales hay abogados, escribanos y contadores que se repiten”, advirtió en diálogo con este diario.