El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime aceptó firmar un acuerdo en el que se reconoce culpable de enriquecimiento ilícito, peculado y defraudación, a cambio de una pena de 4 años y de restituir al Estado los bienes que le fueron embargados –desde inmuebles hasta un barco–, más el pago de una multa cercana a los 13 millones de pesos, que asciende a 40 millones si se añade lo que les corresponde a todos sus testaferros. Además será inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Este esquema fue pactado con la fiscal Gabriela Baigún para concretar lo que se conoce como “juicio abreviado”, que saltea la instancia del juicio oral para darle una resolución rápida al asunto y permitir el recupero de bienes y dinero. Se firmaría la semana próxima y deberá aprobarlo el Tribunal Oral Federal 6 (TOF 6), algo que todo indica que ocurrirá.

La figura de enriquecimiento ilícito prevé entre sus consecuencias multas que pueden abarcar desde el 50 al 100 por ciento del aumento patrimonial no justificado. Por eso Baigún intentó avanzar en esa dirección. El convenio logrado incluye cuatro causas en trámite: la central es la del enriquecimiento (que abarca su período como secretario de Transporte, de 2003 a 2009); en otra se lo acusa de “peculado” por haber usado en forma particular un auto Passat (dominio FOX 299) que le dio la empresa Iecsa, cuando estaba en manos del Grupo Macri, que en realidad estaba destinado a las inspecciones de una licitación pública de esa compañía con la Secretaría de Transporte; otro expediente que comprende el mismo delito es por haber recibido y utilizado a título personal un auto Honda Civic (dominio EHD 765) que le entregó Claudio Uberti, el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales, y que debía ser destinado al control de la obra pública de un tramo de la Ruta 9; la cuarta causa es por administración fraudulenta en una licitación en beneficio del ferrocarril Belgrano Cargas.

Baigún tuvo varios encuentros con Jaime y, en el último, hicieron un acuerdo verbal acerca de los términos. Lo que tenía trabado el trámite era que uno de sus testaferros y ex mano derecha, Manuel Vázquez, recién ayer aceptó el juicio abreviado, que incluye el pago –en su caso– de una multa de 8.100.557 pesos y el decomiso de bienes de valor, además de una pena de tres años. También se hará cargo de la multa de su hijo Julián, otro de los imputados, por 5.327.682 pesos. Vázquez hoy cumple prisión domiciliaria por otra causa cuyo juicio está cerca de comenzar, donde se juzga la compra de trenes chatarra a España y Portugal, y también tiene a Jaime como acusado. Para que se concrete lo acordado con la fiscal, los implicados deberán entregar una constancia del Banco Nación que dé cuenta del depósito de la multa, que es dinero no declarado que devolverán con este mecanismo que hasta ahora no ha sido aplicado con frecuencia en tribunales. A Jaime le toca una multa de 12.705.830 pesos, pero admitió hacerse cargo de las que les corresponden a su esposa, sus hijas y a las hijas de ellas.  

En la propuesta y los cálculos trabajó la División de Recupero de Activos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de Carmen Chena. El decomiso de bienes se aplicará sobre todo lo que fue embargado y se hará efectivo con la sentencia firme. Las multas y decomisos, por lo general en esta instancia de juicio, no se apelan. De todos modos, al tratarse aquí de un acuerdo con la fiscalía se supone que no será cuestionado. 

Por lo pronto, los bienes que fueron de Jaime y que quedarán en manos del Estado son: tres inmuebles en Córdoba (valuados en 440 mil pesos, 335.620 pesos y 341.990 pesos) y el 50 por ciento de otro (120 mil pesos); una propiedad en Río Gallegos (70 mil pesos); otro departamento en la Ciudad de Buenos Aires (valuado en 450 mil dólares); un yate (un millón de dólares); un auto Honda dominio HVG 770 (244 mil pesos). También hay dinero en efectivo que fue decomisado en el domicilio de Avenida Libertador 654: 50 mil pesos, 45.329 dólares, 300 reales y 10.200 euros. El avión que fue denunciado también en el expediente de enriquecimiento nunca pudo ser embargado, pero se contabiliza el cien por ciento de su valor como parte de la multa.

Jaime fue detenido en abril de 2016 en el contexto de la causa por la compra con sobreprecios de los trenes chatarra, pero fue sumando expedientes, entre ellos la condena por la tragedia de Once, que finalmente fue establecida en ocho años de cárcel. El acuerdo impulsado por la fiscal Baigún por el enriquecimiento y causas agregadas tiene apenas un antecedente, y no de la misma magnitud, que fue el juicio abreviado que se hizo en la causa IBM-Banco Nación para que no prescribiera. Las multas y decomisos a Jaime y su entorno, con una pena que en su caso es de cumplimiento efectivo, si tal como todo indica termina en un acuerdo firmado y homologado por el TOF 6, no tiene precedentes.