En Bariloche, la impunidad policial llega a tal punto que el jefe de la policía de la Regional III de Río Negro –que tiene jurisdicción en la ciudad del lago–, Gustavo Paillalef, fue ordenado por un juez para que se “abstenga de seguir, perseguir y detener” a los testigos del juicio contra cinco exfuncionarios de la plana mayor de Seguridad de Río Negro, y tres policías. Los cinco jefes están acusados por las muertes de Sergio Cárdenas y Nicolás Carrasco, y los tres policías por haber disparado a Cárdenas, durante la represión policial del 17 de junio de 2010.

La orden judicial surgió por un habeas corpus preventivo pedido por la abogada querellante Marina Schifrin, luego de que un policía que actuaba como custodia ni siguió, ni persiguió, ni detuvo, sino que molió a palos a uno de los testigos en las propias narices del Poder Judicial, a la salida del tribunal donde había sido citado para testimoniar.

Además del jefe Paillalef, también hubo orden de trabajar a favor y no en contra de la ley al jefe de la unidad penal 3 de Bariloche, Pablo Jofré, para que se “abstenga de agravar las condiciones de detención” del cuarto de los testigos, quien se encuentra detenido en el penal.

El juicio se lleva ante el Tribunal conformado por Marcelo Barrutia en la presidencia, y Juan Lagomarsino y Emilio Riat como vocales. Son dos causas. El ex secretario de Seguridad provincial, Víctor Cufré; Jorge Vilanova, exjefe policial de Río Negro; Argentino Hermosa, exjefe de la Regional 3ª; Fidel Veroiza Delmiró, segundo jefe, y Jorge Carrizo, jefe de la comisaría 28; acusados de homicidio culposo en ambos casos. Y los policías Víctor Pil, Marcos Epuñan y Víctor Sobarzo, por homicidio culposo agravado, lesiones culposas graves y leves, y homicidio en agresión calificado por uso de arma, en el caso de Cárdenas. La acusación está llevada adelante por el fiscal de juicio Martín Lozada, y por la abogada querellante Marina Schifrin. El juicio es inédito en relación a quienes están en el banquillo.

Como administradores del miedo (son convocados para proteger de él y, de paso, lo fomentan para ser convocados) el lobby de los uniformados tiene su propio canal de expresión, según la usanza: apriete directo sobre los testigos en contra de sus colegas mancillados. 

Cuatro de los testigos del juicio presentados por la querella están amedrentados por ese lobby. Razón tienen: no solamente fueron amenazados en repetidas ocasiones. Uno de ellos directamente fue golpeado en las costillas y amenazado de muerte por un policía que cumplía las funciones de custodia nada menos que en la puerta del Tribunal y cuando el testigo se retiraba. El propio presidente del Tribunal, Marcelo Barrutia, aconsejó a la abogada que presentara el habeas corpus preventivo. Schifrin así lo hizo y el juez Ricardo Calcagno admitió la acción de habeas corpus y realizó´una observación que en cualquier estado de derecho provocaría un escándalo de disculpas públicas y renuncias, que no ocurrieron: sostuvo que la admisión del habeas “está determinada por la lesión, por la gravedad de la misma, su carácter ostensible, la ilegalidad notoria y por la insuficiencia de los remedios ordinarios (léase la policía) para proteger rápida y eficazmente el derecho agraviado”.

En definitiva, la orden del juez a ambos jefes fue que se dediquen (ellos y se entiende, sus subordinados) a la tarea para la que se supone que fueron designados, es decir, no golpear testigos sino protegerlos.