“Ahora mi padre puede descansar en paz”, es lo primero que dijo Audolio Chocobar, hijo de Javier Chocobar, luego de escuchar la sentencia condenatoria de los tres responsables de la muerte del líder de la comunidad Los Chuschagasta, de San Miguel de Tucumán, el 12 de octubre de 2009. Aunque sus abogados habían pedido la condena de prisión perpetua, la comunidad se manifestó conforme con la pena de 22 años contra el terrateniente Darío Luis Amín, autor material del homicidio, más los 18 y 10 años que recibieron los ex policías Luis Humberto Gómez y José Valdivieso como partícipes del crimen. “Las condenas nos dejan más tranquilos en nuestro territorio, porque si ellos seguían en libertad, sabíamos que podían volver a hostigarnos”. De esa forma, Audolio recordó que Amín, luego del episodio en el que murió baleado Javier Chocobar,        volvió a ingresar al territorio donde está asentada la comunidad, en la cantera de Laja, en Trancas, en el norte de la provincia. 

En un mensaje ante los miembros de la comunidad, Audolio Chocobar insistió en que “con estos asesinos sueltos, sabíamos que podían volver a atacarnos, porque durante todos estos años, desde la muerte de mi padre, siguieron las provocaciones, las amenazas e incluso hicieron un asado a cincuenta metros de donde lo habían asesinado”. En diálogo con PáginaI12, un contacto que se mantuvo en forma permanente durante los 58 días que duró el juicio, Nancy Chocobar, sobrina de Javier, puntualizó que siguieron el debate “con dolor, muy movilizados, porque estuvimos reviviendo todo lo que ocurrió” ese 12 de octubre de 2009 cuando Amín y los dos policías ingresaron armados al territorio donde la comunidad vive desde siempre. 

“Lo que pensamos es que con la sentencia se cerró una etapa y que con el fallo empieza a concretarse un poco de reparación histórica, territorial, identitaria y humana para todos nosotros”, dijo Nancy Chocobar. Agregó que el hecho de que “el usurpador Amín y sus dos sicarios vayan a la cárcel es un reconocimiento al derecho que tenemos a vivir en paz, en nuestro territorio”. Ese derecho había sido usurpado por Amín y los dos policías, quienes habían sido integrantes del Comando Atila, un grupo terrorista de extrema derecha, cuyo jefe fue el fallecido comisario Mario “Malevo” Ferreyra, quien en su momento fue condendo por homicidios reiterados. 

Durante el ataque a balazos en el que murió Javier Chocobar, resultaron heridos de gravedad Emilio y Andrés Mamaní, integrantes de la comunidad. Emilio pudo prestar declaración testimonial en el juicio, mientras que Andrés fue excusado de hacerlo, en razón de las secuelas físicas y psicológicas que todavía padece por la gravedad de las heridas que recibió durante la agresión. Emilio Mamaní dijo estar “muy emocionado” por la sentencia condenatoria, a nueve años de los hechos. “Lo que queremos ahora es seguir adelante, vivir en paz, como lo hemos hecho siempre”. Todos los consultados por este diario coincidieron en señalar que están conformes con las penas aplicadas, aunque sus abogados, Carlos Garmendia, Julia Albarracín, Pablo Gargiulo y Belén Leguizamón, habían solicitado la pena de prisión perpetua para los tres imputados, por entender que habían actuado de manera premeditada al concurrir al territorio de la comunidad llevando consigo armas de grueso calibre. 

Delfin Cata, otro de los integrantes de la comunidad que estuvo presente cuando ocurrió el asesinato de Javier chocobar, consideró que “la condena fue justa y llegó porque hubo muchas pruebas”, a la vez que se manifestó en desacuerdo con el pedido de la fiscal Marta Gerez de Rivadeneira, quien desechó el cargo de “premeditación” planteado por la querella, motivo por el cual había pedido 18 años para Amín y 10 para los policías. Finalmente, el tribunal integrado por Wendy Kassar, Emilio Páez de la Torre y Carlos Romagnoli, aplicó una pena intermedia, pero superior a lo planteado por la titular del ministerio público. 

En el fallo también se hizo lugar, en forma parcial, al pedido de reparación por el daño moral contra Antonia Hortensia Mamaní, la viuda de Javier Chocobar, quien recibirá la suma de 735.000 pesos, mientras que Andrés Mamaní contará con 847.550 pesos que ayudarán a procurar su recuperación de los daños sufridos, y Emilio Mamaní tendrá a su disposición la suma de 509.160 pesos. En todos los casos, cuando lo cobren, recibirán la actualización correspondiente fijada por el Banco Nación, que correrá a partir del día de la sentencia. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el miércoles 7 de noviembre. 

Nancy Chocobar recordó que durante “los nueve años que pasaron desde el asesinato de mi tío Javier, la comunidad vivió con miedo, recibiendo el mensaje de que el que asesina a su familiar, su tío, su papá, puede seguir viniendo al territorio, se puede parar frente a tu casa, entrar con impunidad o hacer un asado custodiado por un grupo de hombres de la  Gendarmería a metros de donde mataron a mi tío Javier, como escuchamos contar a un testigo” del juicio. Por esa razón, en la comunidad “hay chicos que crecieron con miedo”, agregó Ismael Chocobar. 

Esa situación de dolor, de temor, se hizo presente en algunos tramos del juicio oral, cuando los testigos de la comunidad tuvieron que declarar ante los jueces. “Hay que tomar en cuenta que hablamos dos lenguajes diferentes. Uno, el del Poder Judicial, occidentalizado, y el nuestro, que no es el mismo”, subrayó la sobrina de Chocobar. Por esa razón, fue para ellos dificultoso “ponernos de acuerdo, dado que tratamos de entender que el que nos está tomando la declaración es diferente a nosotros, cuando también sabemos que el poder estatal es muy fuerte, o hasta violento, como ocurre con algunas intervenciones de la defensa hacia los comuneros”. A pesar de todo, pudieron exponer sus razones y el juicio terminó con una condena que algunos medios de prensa de Tucumán consideraron “ejemplar” y hasta en cierto modo sorprendente, porque los jueces aplicaron penas superiores a las solicitadas por la Fiscalía, al que no es habitual en la provincia.