El jueves pasado la Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a dos proyectos que buscan gravar al agro y a las entidades financieras para financiar el transporte público, de modo de compensar la quita de subsidios a nivel nacional, ratificada con la aprobación del presupuesto 2019.
Son los senadores peronistas los que se oponen a poner en marcha este tributo, como garantes de que las multinacionales agroexportadoras se adueñen de todo en Santa Fe.
Las cerealeras no quieren pagar más ingresos brutos para subsidiar el transporte y el peronismo lo avala en el Senado. Se niegan a destinar una migaja de sus ganancias, mientras facturan millones.
La Bolsa de Comercio proyectó la cosecha 2018/2019 en un valor bruto de producción equivalente a 25.500 millones de dólares, y un ingreso de exportaciones de 26.400 millones. Hoy son los que amenazan con despedir empleados si se les toca tan sólo un 1% de sus ganancias para que el transporte de esos mismos trabajadores no aumente de manera incontrolable como ha sucedido hasta ahora.
Somos los estudiantes y trabajadores que estamos afrontando un boleto impagable de casi 19 pesos, y la intendenta anunció que podría subir a 30 pesos. Los trabajadores deben hacer malabares para llegar a fin de mes mientras otros facturan millones y se niegan a aportar. Por eso desde el Frente de Izquierda hemos planteado siempre que el transporte es un derecho y debe estatizarse bajo el control de sus trabajadores y usuarios.
Llamamos a movilizar y rechazar el chantaje de estos pulpos que ya devalúan nuestros sueldos con cada corrida especulativa del dólar y que despiden trabajadores, como en Cargil. Los sindicatos de conjunto, empezando por el MSR y el MOS, tienen que llamar a movilizar.
* Frente de la Izquierda y los Trabajadores
