Como era de prever, empezó con una serie de pedidos de nulidad el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez, sus hijos y una serie de financistas, contadores, abogados y el arrepentido Leonardo Fariña. Uno de los planteos centrales de las defensas es que en el juicio se habla permanentemente de asociación ilícita y se indica que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la jefa de esa organización. Sin embargo, el juez que instruyó el expediente dice que CFK no tiene vínculo con el dinero de Lázaro Báez, pero la Cámara Federal insiste en involucrar a la ex mandataria. La cuestión no está resuelta, por lo que –según las defensas– no tiene sentido arrancar con el juicio. Otro planteo es que el Poder Ejecutivo está representado por tres querellas distintas –la AFIP, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera–, lo que es visto por las defensas como un abuso. También hubo recusación contra el juez suplente y un planteo de nulidad porque hay 200 testigos que todavía no fueron rechazados ni aceptados por los jueces.

La primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal número 4 –los jueces María Gabriela López Iñiguez, Néstor Costabel y Adriana Pallioti– arrancó con la lectura de las acusaciones que figuran en la elevación a juicio formulada por Casanello. También se procedió a leer las acusaciones del fiscal Abel Colombo y las tres querellas del Poder Ejecutivo. 

En la primera fila estuvo Lázaro Báez, a quien se vio en buen estado y sereno, pese a que lleva dos años y medio de detención, después de aquella grotesca maniobra en la que se lo acusó de no tener plan de vuelo cuando su aeronave se dirigía a Buenos Aires para prestar declaración indagatoria. La Casa Rosada no perdió la oportunidad de ponerle chaleco y casco para luego pasearlo virtualmente por la ciudad de Buenos Aires, desde El Palomar hasta una comisaría en plaza Italia y luego a una unidad de la Federal en la General Paz. A su lado se sentó ayer su principal defensor, Víctor Hortel. Durante los dos años y medio, el Gobierno y los grandes medios anunciaron su “arrepentimiento” decenas de veces; hubo una gravísima maniobra de la ex SIDE que intentó infiltrar su defensa, pero lo cierto es que el constructor nunca se desdijo y terminó designando un defensor de absoluta confianza. 

El tribunal contestará la semana que viene a los planteos de frenar el juicio: 

  • Buena parte de las defensas sostienen que no se puede juzgar a alguien porque supuestamente lavó dinero de un delito anterior –en este caso la obra vial de Santa Cruz–, cuando no tiene ni siquiera una condena en ese supuesto delito previo. Es más, el juicio por la obra pública se hará recién en 2019. El fiscal afirma que sí se puede hacer el juicio porque alcanzan los elementos que hay en el expediente de la obra pública.
  • Hay defensores que sostienen que no existe delito penal alguno, sino únicamente una evasión impositiva, producto de haber sacado dinero al exterior cuando no se podía. Ayer se planteó que debe agregarse al juicio la causa por los Panama Papers que, según ellos, está en sintonía con el debate iniciado en la víspera porque una de las acusaciones contra Báez es que armó sociedades en Panamá y sacó dinero hacia Suiza. Se recordará que en los Panama Papers figura buena parte de la familia presidencial. 
  • Varios abogados reclamaron la unificación de las querellas, donde intervienen tres organismos del Gobierno, la AFIP, la OA y la UIF. Los defensores consideran que son tres vertientes que tienen unidad política, trabajan para la Casa Rosada y que es un exceso que las tres actúen en el mismo juicio. Será difícil que el tribunal acepte esta objeción. 
  • Buena parte de las defensas también argumentan que el juicio no puede seguir sin que se defina la situación de CFK. Es que las querellas de la Casa Rosada indican que ella fue la jefa de una supuesta asociación ilícita y por lo tanto los abogados afirman que semejante ingrediente no puede estar ausente en el juicio. Es más, los abogados dicen que, mientras se avanza en el proceso, Casanello sigue juntando prueba, algo que consideran irregular. Báez ha dicho que lo acusan a él para ir contra Cristina por lo que toda la causa es política. 
  • El defensor oficial Eduardo Chittaro alegó que el juicio no puede seguir porque el tribunal no resolvió sobre unos 200 testigos. No los aceptó ni los rechazó, argumentando que “estarán sujetos a las resultas del debate”. El letrado consideró que eso es arbitrario e ilegal.
  • La defensa de Báez también pidió la interrupción del juicio porque el cuarto magistrado, el suplente, Rodrigo Giménez Uriburu, es juez titular en otra causa conexa, de manera que podría tener opinión formada.

La próxima audiencia del juicio será el miércoles que viene y se supone que los jueces responderán  las objeciones. El tribunal tiene cierto apuro porque Báez, por ejemplo, está preso hace dos años y medio y debería recuperar la libertad casi en forma automática dentro de seis meses, de acuerdo con la extensión máxima de una prisión preventiva prevista en los pactos internacionales. Todo indica que los magistrados seguirán adelante, sea como sea.