Las ausencias en la foto “institucional” del almuerzo en la Casa Rosada al que estaban invitados los jueces y la jueza de la Corte Suprema a compartir la mesa con Mauricio Macri y parte de su equipo, hablan tanto como las presencias. La tensión interna que atraviesa al alto tribunal quedó reflejada en esa escena, de la que formaron parte el titular supremo, Carlos Rosenkrantz y su vice, Elena Highton de Nolasco, pero a la que el resto del tribunal no quiso sumarse. Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda se negaron a concurrir a la reunión por considerarla inapropiada y a contramano de las reglas que impiden a los supremos juntarse con una sola de las partes de un expediente. Y, como es evidente,  el Estado lo es en muchos. Uno de esos de casos, de hecho, estuvo en el centro de la discusión de la reunión plenaria de la Corte que precedió al banquete. El mismo trío que pegó el faltazo planteó que el fallo sobre jubilaciones –donde se debate el índice para calcular haberes– debe salir sí o sí antes de fin de año, mientras Rosenkrantz intentaba desalentarlos con referencias a las consecuencias económicas para el Gobierno. También ese grupo anunció que está decidido a firmar un nuevo fallo que dé marcha atrás con el que intentó beneficiar a represores con el 2x1. Buscó, por ahora sin éxito, hacer pública la agenda de próximas sentencias. Pero hubo una decisión que no pasará inadvertida: devolverle  a La Pampa millones de la coparticipación.  

Mientras Rosenkrantz y Highton se preparaban para el almuerzo, el mensaje en contrario que intentaba imponer el trío que no los acompañó era: “Lo que importa son los fallos, no la política”. El Centro de Información Judicial (CIJ) informaría más tarde, con la foto de rigor en la Casa Rosada, que se trató “almuerzo institucional” donde “conversaron sobre el estado de situación del Poder Judicial”. El Ministerio de Justicia también dijo que fue “encuentro de carácter institucional” que es parte del “diálogo habitual entre los distintos poderes del Estado”. Según el ministro Germán Garavano en la mesa se habló “de la situación del país”, de “la ley de presupuesto” y de los “esfuerzos” “del gobierno y las provincias”. Agregó que la invitación tenía relación con la asunción de  “nuevas autoridades” de la Corte, algo que –en verdad– respondió a un golpe al mandato del Lorenzetti, alentado desde el oficialismo.  

Como informó PáginaI12, la convocatoria inicial estuvo dirigida a la Corte en pleno. No hay antecedentes de una cumbre similar que los más memoriosos en tribunales recuerden en las últimas dos décadas. En gobiernos anteriores quizá hubiera generado un escándalo. Además, la acordada 7 de 2004 prevé que si una de las partes pide reunirse con jueces del alto tribunal, la contraparte debe estar presente.  Pero había un detalle de la propuesta de almuerzo que causó gran irritación, en todos menos la “pareja oficialista”, como llaman ahora a Rosenkrantz y Highton: junto con Macri, Garavano y el jefe de Gabinete Marcos Peña, estarían dos grandes operadores judiciales: Fabián “Pepín” Rodríguez Simón,  miembro del Parlasur y arquitecto de estrategias judiciales del Presidente, y su amigo José Torello, jefe de asesores. Al final, comieron en un despacho cercano al comedor presidencial. Hubiera sido un tanto obscena su presencia. 

Cuando lo encararon los periodistas, Garavano argumentó que con Lorenzetti  “se mantenía una relación en términos muy similares”. También dijo no tener “conocimiento de que haya fallos trascedentes”  que deba emitir la Corte, algo imposible porque hay asuntos que inundan la agenda mediática. Uno de ellos, que además genera intranquilidad en la Rosada, y que había sido tema en el último almuerzo de Macri con Lorenzetti, es el que pone en discusión el índice para el reajuste de las jubilaciones. Como reveló este diario, el expediente elegido por los supremos es el impulsado por Lucio Orlando Blanco. La Corte supo avalar  el ISBIC (Indice de Salario Básico de la Industria de la Construcción) pero la Anses quiere aplicar el RIPTE (Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales) aún a quienes no hayan aceptado la reparación histórica, lo que implica haberes un 30 por ciento inferiores, o más. Lorenzetti, Maqueda y Rosatti empujan la firma de una sentencia que resultaría favorable a los jubilados. En el acuerdo de ayer, relataron allegados a la Corte, Rosenkrantz se mostró reacio a avanzar por el impacto económico que tendría. En la Corte hay 7000 causas y en todas las instancias 150.000. Sus colegas le retrucaron con análisis que demuestran que la devaluación aliviana los costos. Con tres votos, ya pueden sacar un fallo. Anuncian que lo intentarán en las próximas semanas, aunque Rosenkrantz  maneje la agenda.

Es más, el trío desafió a Rosenkrantz a hacer una agenda pública de las próximas sentencias. No parece que le agrade, por ahora, la idea. Le reclaman –en particular Rosatti– que se dicte un nuevo fallo que deje claro, a contramano de la sentencia del año pasado a favor del represor Luis Muiña, que el beneficio del 2x1 no es aplicable a delitos de lesa humanidad. Así lo estableció una ley posterior al fallo supremo que generó una reacción social sin precedentes. Rosenkrantz dijo ayer que quería cambiar de expediente para pronunciarse, en lugar del que venían estudiando. Prometió firmarlo en el último acuerdo del año. Sus pares no le creen. “Ese día se va a enfermar, como ya hizo Highton con este mismo tema”, acotan.

Hubo una decisión que firmó al Corte ayer, que operó como un aviso al gobierno de Macri de que un sector supremo pretende autonomía: ordenó devolver millones de coparticipación a La Pampa por descuentos mal hechos desde 1991.