Es realmente imposible para un varón comprender lo que una mujer siente, vive y sufre en una violación. Si no se puede, entonces, hay que ser solidario, y si de ese ataque se produce un embarazo, jamás deberíamos oponernos a que esa mujer ejerza su derecho a recurrir a un aborto. La legislación actual lo permite, pero en Tucumán lo quieren prohibir. ¿Cómo se puede comprender que los legisladores tucumanos se atrevan a proponer un proyecto de ley de esa magnitud? ¿Desde qué lugar se puede obligar a las mujeres violadas, con toda la inimaginable violencia que esa sola palabra significa e implica, a continuar con un embarazo? ¿Cómo puede ser tan binario ese varón que asumió una banca para pretender desde ese lugar de representación convertir al Estado en propietario de los cuerpos de las mujeres? ¿Cuán subsumida y cooptada por el patriarcado están las legisladoras que respaldan ese proyecto con el que pretenden legitimar al macho patriarcal?
El daño que produce el patriarcado es inconmensurable y en Tucumán no sólo se está expresando de la forma más brutal y descarnada sino que además abre la puerta al peor infierno cuando se pretende condenar a las mujeres víctimas de una violación. A ese cuadro hay que sumarle la ignorancia y una especulación política en descomposición que se envalentona después de haber impedido que se sancione la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso Nacional, sin siquiera un solo argumento que explique cómo evitar las muertes de mujeres por abortos clandestinos. Aportan lo suyo el silencio de la iglesia y del gobierno tucumano e incluso el de los medios de comunicación más importantes de la provincia ante este proyecto de ley que aporta al proceso de destrucción del tejido social que vive el país.
Seguramente existen una multiplicidad de factores que deben explicar lo que sucede en la cabeza de esos legisladores y de los ciudadanos que los respaldan, pero lo cierto es que con la llegada de Cambiemos al gobierno, se permitieron y avalaron posiciones desaprensivas con respeto a las problemáticas sociales y con los que menos tienen, hecho que se suma al negacionismo y la banalización de los crímenes de lesa humanidad. Un nuevo status quo permitió que las posturas más antidemocráticas que estaban agazapadas en algún subsuelo de la sociedad encontraran el escenario perfecto para salir a la superficie.
La tentación por generalizar es fuerte, pero sería un grave y terrible error ya que en esa provincia no todos son iguales. Existe una importante resistencia de mujeres que defienden sus derechos a voz en cuello y lo hacen a diario. Por ejemplo, la “Negra” María Coronel, que todos los días mantiene viva la memoria y el reclamo de justicia con las actividades que realiza, junto a un grupo de valerosas mujeres, en el que fue el primer centro clandestino tucumano y que se conoce como la Escuelita de Famaillá. Una valentía que heredó, si se quiere, de sus padres desaparecidos, pero también de mujeres que estuvieron antes, como Laura Figueroa, la abogada que llevó adelante la mayoría de las denuncias por delitos de lesa humanidad, o la siempre recordada Marina de Curia que, con su cuerpo esmirriado, no dudaba en salir a la calle a pedir por su hija Gloria y por otras hijas, como también hacían Adelaida “Pirucha” Campopiano y Graciela Jeger. Todas mujeres, todas tucumanas que están o que dejaron sus huellas en esto de luchar por una sociedad que respete y defienda el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas y cuerpos. Un ideal que parece no existir en la configuración ética de estos legisladores deshumanizados.
