Desde Santa Fe.
Oro policía y otro camión. El fiscal federal Walter Rodríguez pidió la indagatoria de un agente de la Policía de la provincia, Adrián Celer, a quien imputó por los presuntos delitos de “confabulación agravada” y “encubrimiento agravado” en una causa por narcotráfico que investiga sus contactos con operadores del negocio en Paraguay. “La pata local de una banda narco paraguaya”, sintetizó el colega Héctor Martín Galiano en el sitio digital “Zona Crítica” y en el programa de TV “Rueda de prensa”. Uno de los focos de la investigación es un camión con patente paraguaya “NAH 518” que transportaba sustancias ilegales con supuesto destino a Santa Fe, pero al que Celer “alertó sobre la existencia de una orden federal” para interceptarlo, por lo que sus conductores pudieron cambiarle la chapa y traspasar la carga a otro vehículo. El hecho ocurrió el 16 de octubre de 2017, según los cruces telefónicos a los que accedió el fiscal.
Un mes y días después, el 6 de noviembre de 2017, Celer fue detenido. Cayó junto a otros tres policías en una vivienda del barrio Barranquitas, en la zona oeste, a la que habían copado a las dos y media de la madrugada con uniformes y capuchas para exigirle al dueño de casa “la entrega de dinero, drogas y armas”. Lo sorprendió una patrulla del Comando Radioeléctrico que advirtió que el procedimiento era ilegal, así que está preso desde entonces.
Su nombre ya fue mencionado en 2014, cuando el ex diputado peronista Héctor Acuña expresó sus dudas sobre la “verdadera historia” del hallazgo de un camión en Arroyo Leyes con 1.662 kilos de marihuana a bordo: el cargamento más grande en la historia narco santafesina. El 16 de noviembre de 2014, en una entrevista con el colega José Maggi en Rosario/12, Acuña le planteó varios interrogantes al entonces ministro de Seguridad Raúl Lamberto, pero que hoy -a cuatro años de los hechos- una de esas preguntas tiene otra resonancia. “Queremos saber” si en el caso de Arroyo Leyes “tuvo participación el policía Adrián Celer, conocido como Piqui, a quien lo habrían visto en la zona en una camioneta”, denunció el ex legislador. El juicio por el transporte de los 1.662 kilos de marihuana terminó el 22 de junio de 2017 con doce condenas: a los diez policías y a otros dos imputados que estaban en el banquillo (con penas de doce, siete, seis y dos años de prisión). Y una certeza: “una cantidad indeterminada de estupefaciente” fue “descargado y trasladado” a otros vehículos, dice el fallo del Tribunal Oral de Santa Fe.
Las pruebas que ponderó el fiscal Rodríguez para solicitar la indagatoria de Celer es una batería de cruces telefónicos entre octubre y noviembre de 2017. Uno de los interlocutores del policía es “un argentino que estaría radicado en Paraguay”, quien le informó los “lugares de Santa Fe y zonas aledañas donde se almacenarían estupefacientes” y los nombres de “personas involucradas en dicha actividad ilícita”, dice la acusación.
El fiscal cree que Celer accedió a “información privilegiada” por el rol que ocupa su informante en “una estructura criminal de alcance transnacional”, pero que la habría utilizado para su “provecho personal y no a los fines de prevenir o sancionar el delito”.
Uno de esos informes es del 16 de octubre de 2017, cuando “Celer alertó a su interlocutor sobre la existencia de una ‘orden federal’ para interceptar un camión de patente paraguaya ‘NAH 518’ y registrar su cointainer”. Según el diálogo, el supuesto destino del vehículo era Santa Fe, “coincide con el que habría de transportar la mercadería ilegal a esta zona”, dice el fiscal. "Pero a raíz de la advertencia” de Celer, el operador del cargamento tomó sus precauciones para “salvaguardar” el flete, le modificó la patente al camión y traspasó “los objetos a otros vehículos”.
El juez federal Nº 2 Francisco Miño delegó la investigación en el fiscal Rodríguez, quien además de pedir la indagatoria de Celer ya dispuso trece diligencias. Una de ellas es ante el propio Miño, a quien solicitó el envío de la causa que investiga a los ex jefes de la Unidad Regional I de Policía, Sergio Vergara y Sergio Fernández, cuando apareció el camión de Arroyo Leyes, en 2014. Vergara y Fernández están imputados por supuesto “abuso de autoridad” y “violación de deberes de funcionario público”, pero el juicio correccional oral y público ante el juez Miño y el fiscal Nº 1 Jorge Onel aún no tiene fecha.
