“Café de la flor, café sin control”, describió la fiscal Valeria Piazza Iglesias al acusar al coordinador de la Dirección de Habilitaciones municipal, Pablo Akerman, que siendo inspector controló las instalaciones del bar donde seis meses después se electrocutó un músico, en 2015. En el proceso se juzga el incumplimiento y falsedades del acusado. Los testimonios giraron en torno al estado del tablero eléctrico luego del suceso, pero la defensa aseguró que seis meses antes su cliente no clausuró el lugar porque “no había motivo”. Dijo que Akerman es el último eslabón de una cadena de responsabilidades, que el disyuntor funcionaba cuando él hizo la inspección y que el Café de la Flor que controló su cliente, no estaba en las mismas condiciones que cuando murió el músico. Fiscalía pidió 3 años de prisión condicional y 10 de inhabilitación para cargos públicos. El abogado Héctor Superti reclamó la absolución.
El que empezó ayer, presidido por el juez Juan Andrés Donnola, es el primero de dos juicios en los que se dividió la causa por la muerte del bajista de Raras Bestias, Adrián Rodríguez, arriba del escenario del Café de la Flor. El año que viene se juzgará, por homicidio culposo, el accionar del entonces dueño del local, Ariel Scharf, y de un electricista, acusado de desconectar el disyuntor.
Piazza dijo al inicio de su alegato que “el 1 de abril, Akerman (a quien la Municipalidad ascendió a coordinador en 2016) recibió orden de Luciano Marelli para ir a verificar si subsistían las condiciones de habilitación del local de Mendoza al 800. Allí fue recibido por José Pablo Busso, el anterior dueño. El estado deplorable y paupérrimo del lugar será demostrado en el juicio. En ese contexto hizo la inspección. Allí, constató solo 4 irregularidades de la gran cantidad de violaciones a las normas de higiene y seguridad que había. Habló de buenas condiciones para el desarrollo de la actividad. Dijo que había llaves termomagnéticas, hizo afirmaciones parcialmente falsas e incumplió con sus deberes. Las condiciones hacían pasible de una clausura preventiva que debió haber ordenado”. Y agregó: “Tenía que volver para ver si se cumplimentó con subsanar las 4 irregularidades; pero el 8 de abril elevó un informe a Marelli diciendo que se había constituido y que esas irregularidades ya habían sido arregladas. Es falso. No solo no se constituyó sino que tampoco se arreglaron las irregularidades”.
La fiscal indicó que el anterior dueño del local e integrantes del grupo Jumping Frijoles -que actuaba una vez por semana- “probarán las irregularidades que subsistieron por lo menos durante todo 2015. La defensa dirá que confundimos, que se hicieron varias inspecciones, pero fueron diurnas”, adelantó.
El abogado y exministro de Justicia, Superti, dijo que el acusado “era el último eslabón en la cadena de responsabilidad. Acá está sentado Akerman, no el Estado”, remarcó. “Esta causa no tuvo nada que ver con la muerte del músico. El fue –a la inspección- el 1 y 8 de abril, y el accidente ocurrió el 12 de octubre. Se unieron hechos que no tienen nada que ver. Se quiere teñir de sangre un hecho administrativo”, lanzó. Al mismo tiempo, dijo que la investigación “no fue objetiva ni integral”. “Akerman no habilitó ningún local ni levantó actas el 1 y 8 de abril. Siguió el protocolo de inspección. Debe ir y hacer lo que le dicen. Es absurdo decir que en una inspección se tenga que controlar la habilitación. Esto dura entre 30 y 45 minutos. Se hace de día, sin instrumentos, solo en lo visual. Se controla el detector de metales, la higiene y seguridad, la salida de emergencia, nunca se habla de la instalación eléctrica, solo de qué se compone y donde está. Y se probó el funcionamiento del disyuntor. Ese día no había ningún motivo para clausurar”, aseguró. Y dijo que en los meses siguientes “pasaron muchas cosas y el Café de la Flor que vio Akerman no era el mismo en el que murió el músico. Pasaron 30 fines de semana y se cambian cosas”.
Testimonios. La oficial que tomó fotos tras el hecho dijo que el estado del lugar era “deplorable”. Y agregó: “Daba miedo realizar la pericia arriba del escenario porque las luces seguían como en corto. Tenía que ir mirando donde pisaba porque temía por mi vida”, aseguró. Habló de “muchas zapatillas enchufadas, cables que cruzaban todo el salón para llegar al escenario, una zapatilla colgando de una ventana, que se suponía que le daba corriente a todas las que estaban por todo el escenario. Todo era muy precario. Había muchas pinturas, solventes y todo inflamable. Era como una bomba de tiempo”, describió.
En tanto, dos peritos ingenieros que concurrieron un mes después del hecho, aseguraron que el tablero no estaba en condiciones de funcionar, ya que lo encontraron “asentado sobre madera y sin contratapa”. “Era un riesgo para la vida de las personas”, dijeron. Preguntados por la fiscal, ambos indicaron que las condiciones apuntaban a una suspensión preventiva. Sin embargo, ninguno pudo dar cuenta del tiempo que llevaba instalado el tablero.
La defensa se quejó porque se analizaron cuestiones del día del hecho, cuando a su cliente se lo acusa de un hecho de abril; por lo que fue preguntando a cada testigo si sabían en qué condiciones estaba el lugar seis meses antes.
