Reforma del Impuesto a los Bienes Personales
Van por la clase media

En el último tramo del tercer gobierno neoliberal, Macri va también por la clase media. Con la economía en caída libre al compás de la recesión y una recaudación ineludiblemente a la baja (en el acumulado del año el crecimiento de los recursos tributarios se ubicó 9 puntos por debajo de la inflación), el Presidente está raspando la olla. Apremiado por el compromiso de cumplir con el “déficit cero” que le exige el FMI, busca recursos extra que le permitan pagar los casi 600.000 millones de pesos de intereses de la deuda que su gobierno tomó para financiar la fuga de divisas de los ricos y las empresas multinacionales.

En ese contexto, el gobierno hizo aprobar en el Congreso, un proyecto que modifica la ley del Impuesto a los Bienes Personales, que ya habían modificado durante 2016, en el marco de la ley de blanqueo que enmascararon con la fachada de la “reparación histórica”, cuando plancharon la alícuota llevándola al actual 0,25 por ciento. Por esa reforma, la recaudación por Bienes Personales, el impuesto que debe gravar a los que tienen los mayores patrimonios y mayor capacidad contributiva, cayó desde el 0,34 por ciento del PIB en 2015, hasta el 0,11 por ciento en 2018.

Actualmente, el Estado recauda unos 13.000 millones de pesos por ese impuesto que, gravando a la clase media que haya podido acumular desde 2.000.000 de pesos (50.000 dólares, o sea, algo así como el 50 por ciento del valor de un departamento modesto en Capital Federal), quieren elevar hasta 29.000 millones de pesos en 2019 (0,14 por ciento del PIB).

Pero esta segunda reforma sobre Bienes Personales esconde un verdadero escándalo: exime del pago de este impuesto a los más ricos propietarios de inmuebles rurales. En el caso de la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo con los datos del último Censo Agropecuario, a un precio promedio de 6000 dólares la hectárea, la recaudación de Bienes Personales sobre propietarios rurales debería aportarle al Estado 44.000 millones de pesos. A nivel nacional, el Estado perderá de recaudar 97.000 millones de pesos. En otras palabras, el gobierno neoliberal está subsidiando a los más ricos propietarios de tierras, generando una multimillonaria –y regresiva– transferencia de ingresos.

O sea: Macri subsidia a los ricos con perdones impositivos mientras, en contra de toda lógica tributaria y de los más mínimos criterios de justicia y equidad, grava a la clase media que ya soporta los tarifazos, la inflación y la pulverización de sus salarios e ingresos. Casualmente (?), la familia Blanco Villegas, familia materna del presidente, es propietaria de 25.000 hectáreas en Tandil. Con esta reforma, el presidente Macri, le está perdonando a su familia los 38 millones de pesos que debería tributar.

Hay más: de acuerdo a los datos oficiales reflejados por el Indec en la Posición de Inversión Internacional, hay un registro de 254.000 millones de dólares de patrimonios de argentinos ricos en el exterior. Tampoco ellos pagan Bienes Personales, con un –efectivamente– Estado “bobo” que mira para el costado, mientras persigue a pequeños monotributistas. Los dueños de esta riqueza offshore deberían aportarle al Estado otros 33.000 millones de pesos.

Macri salió a raspar la olla, sí. Pero la olla de la clase media, la misma que vienen vaciando hace tres años. La olla llena de los más ricos sigue intocable. Es difícil encontrar una paradoja más obscena: hace pocos días el Presidente declaró que tenía “limitaciones presupuestarias” para pagarles a los jubilados un bono de 14.000 pesos que les permitiría recuperar lo que perdieron durante 2018 tras el cambio de fórmula para la actualización de los haberes.

Si el gobierno de Cambiemos no hubiera avanzado en las reformas de 2016 y la que se acaba de aprobar, cobrándoles a los dueños de la tierra y de riqueza offshore, podría recaudar 322.000 millones pesos, 309.000 millones más que lo que recauda actualmente o 293.000 millones más que lo que espera recaudar en 2019 con las nuevas alícuotas. Esa recaudación extra permitiría pagar un bono de 14.000 pesos a todos los beneficiarios de la seguridad social y aún sobrarían cerca de 80.000 millones de pesos para llevar adelante otras políticas públicas necesarias. 

La conclusión es obvia: las limitaciones de Macri no son presupuestarias, son políticas. Porque la tributaria es apenas una nota más en el concierto de una política económica que tiene las prioridades completamente trastocadas y que, definitivamente, tiene que cambiar.

* Economista. Diputada nacional por Unidad Ciudadana.

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