Al cumplirse un mes de la peor masacre en comisarías, el incendio de la 3ª Transradio, los familiares de las víctimas organizaron una marcha, con el multitudinario apoyo de la Red Nacional de Familiares contra la Tortura y otras Violencias Estatales y la Comisión Provincial por la Memoria. Alacabeza, con la bandera de arrastre, Justicia por la Masacre de Esteban Echeverría, Norita Cortiñas, madre de la Plaza y siempre presente.

Los rostros endurecidos por el reclamo, alrededor de las 18, comenzó la marcha en la Plaza Mitre, frente a la intendencia de Monte Grande, de donde dependen las comisarías de Esteban Echeverría, incluida la incendiada.

Desde allí, marcharon ocho cuadras hasta el Espacio para la memoria, en el boulevar Buenos Aires y Salta.

Allí se desarrolló el acto de reclamo de justicia. Las marchas, los encuentros, irán constituyendo a los familiares como tales, en ese lugar doloroso que les toca vivir y poder constituirse en demandantes.

El incendio de la 3ª de Esteban Echeverría ocurrió el 15 de noviembre, en una de las celdas que estaban clausuradas por la justicia. Pese a la clausura, la comisaría alojaba 27 presos, 12 en la celda incendiada, 10 en la contigua, 4 en buzones de aislamiento y uno en la cocina.

El incendio se desató después de que los policías cortaran la luz de la celda y los presos comenzaran a pelear entre ellos. La lógica indica que, en un espacio de 12 metros cuadrados, para 12 personas, reducido por tres colchones en los que se turnaban para dormir y el resto se quedaba parado, las posibilidades de permanecer reflexivo al cortar la luz deben ser exiguas y hasta sobrehumanas.

Jeremías Rodríguez, Elías Soto, Walter Barrios, Carlos Ariel Corvera, Jorge Ramírez, Miguel Agel Sánchez, Juan Carlos Fernández, Juan Lavarda, Eduardo Ocampo y Fernando Arguello, murieron, cuatro de ellos de inmediato y el resto con el pasar de los días.

“No nos vamos a quedar con la versión policial. Nuestros hijos no merecían morir así”, sostienen los familiares, indignados y con la rabia en la piel.

La única respuesta del gobierno fue publicada en el Boletín Oficial el 13 de diciembre: la resolución 939-MJGP-18, del ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, que contrata a la fundación de Ravi Shankar para la meditación como forma de superar contingencias. El nombre de la fundación es paradójico: El Arte de Vivir.